Todos los grupos políticos del Parlamento Europeo se reúnen este martes, en Estrasburgo, con una delegación de las cinco principales asociaciones judiciales y fiscales españolas. Todos menos S&D (la Alianza de socialistas y Demócratas), presidido por Iratxe García, líder de la delegación del PSOE en la Eurocámara.
Según ha podido confirmar este periódico, a cada líder de los grupos parlamentarios se le envió una carta para concertar una cita durante el pleno de este mes del Europarlamento, sólo una semana después de la huelga de tres días, convocada contra las reformas impulsadas por el ministro Félix Bolaños. La única misiva que ni siquiera ha recibido respuesta ha sido la remitida a los socialistas.
Según la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación de Fiscales (AF), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) y Foro Judicial Independiente (FJI), el plan Bolaños es «una amenaza para la independencia judicial» y la separación de poderes en España.
La visita coincide con la publicación esta misma tarde del Informe sobre el Estado de derecho de la Comisión Europea. Este documento, que analiza anualmente la situación de la Justicia, la lucha contra la corrupción y la libertad de prensa en los Estados miembros, ha supuesto en sus cuatro ediciones anteriores un suspenso para España.
Las principales críticas han sido siempre las mismas: el bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la falta de independencia de la Fiscalía General, la debilidad de las leyes anticorrupción y los ataques a los medios de comunicación por arte de responsables políticos, en especial, desde el Poder Ejecutivo.
Este periódico ha tratado de contactar con la Delegación del PSOE en la Eurocámara para conocer su versión, pero no ha obtenido respuesta.
Y la publicación del informe llega justo en la víspera de la comparecencia de Pedro Sánchez, este miércoles, en un pleno extraordinario en el Congreso, obligado por la oposición a dar explicaciones por la oleada de casos de corrupción que lo cercan. El detonante fue el informe de la UCO que acabó con Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, en prisión preventiva por los presuntos delitos de cohecho y organización criminal.
Cerdán encabezó, según los «indicios poderosos» señalados por el magistrado Leopoldo Puente, una trama desde 2014 que «amañaba» concursos y adjudicaciones de contratos para enriquecerse con comisiones ilegales. Y lo hizo, primero amparado en el Gobierno socialista de Navarra, y después en el de Sánchez a nivel nacional, con la colaboración de José Luis Ábalos, Koldo García y una red de altos cargos recomendados por él.
Además, Cerdán fue el negociador de los acuerdos con los grupos independentistas vascos y catalanes que le aseguraron la investidura Sánchez. Entre ellos, el de la Ley de Amnistía y, antes, los indultos, la eliminación del delito de sedición y la rebaja del de malversación en el Código Penal.
El debilitamiento de la lucha contra la corrupción en España es lo que se prevé, según fuentes europeas, que critique el Informe sobre el Estado de derecho, en su edición de 2025. Y todas esas conexiones de una trama presuntamente corrupta, desde lo más cercano al presidente del Gobierno, además de las leyes que según las asociaciones mayoritarias de jueces y fiscales «minan» la independencia judicial, añaden presión a Moncloa.
Otros suspensos
El eterno bloqueo del CGPJ fue una constante, durante años, en los suspensos de la Comisión a España. Finalmente, el órgano de gobierno de los jueces se renovó el año pasado, pero con la promesa de abordar, «inmediatamente», la reforma de su sistema de elección para cumplir «los estándares europeos». Nunca se ha hecho.
Otro de los grandes reproches de Bruselas es la «falta de independencia» de la Fiscalía General del Estado. En España, es el Gobierno el que nombra al fiscal general, que dirige la persecución del delito y la defensa de la legalidad.
Aunque no puede ser cesado a voluntad, cada Ejecutivo puede elegir a uno nuevo al inicio de su legislatura. La reforma Bolaños, actualmente en tramitación, pretende dar a los fiscales la instrucción de las causas penales, lo que las asociaciones judiciales consideran «una regresión», mientras las investigaciones puedan ser «dirigidas políticamente».
El caso del actual fiscal general, Álvaro García Ortiz, imputado por el Tribunal Supremo por revelación de secretos contra una rival política del presidente del Gobierno, Isabel Díaz Ayuso, es «paradigmático» de esto.
El tercer suspenso reiterado es por los «ataques a la libertad de prensa» desde los responsables políticos, esencialmente desde el Poder Ejecutivo. La Comisión Europea ha advertido en varias ocasiones sobre la presión y los intentos de control de la información por parte del Gobierno, lo que pone en riesgo el pluralismo y la libertad de prensa.
Y finalmente, la lucha contra la corrupción es el punto negro. El informe europeo denunciará la falta de recursos y de independencia del Tribunal de Cuentas y de las oficinas antifraude. También critica la rebaja de las penas por malversación en el Código Penal, que ha debilitado la persecución de los delitos de corrupción.
Reuniones
En este contexto, la negativa de los socialistas europeos a reunirse con los jueces y fiscales españoles cobra especial relevancia.
Iratxe García es una figura clave del PSOE en Bruselas. No sólo es española y miembro del partido, sino que fue designada jefa de la delegación socialista en 2014 por Pedro Sánchez, en detrimento de Elena Valenciano. Cuando Sánchez fue apartado de la secretaría general del PSOE en 2016, Valenciano recuperó el puesto… y García regresó al cargo en cuanto Sánchez recuperó a la dirección del partido.
La delegación judicial española ha enviado cartas a todos los presidentes de los grupos parlamentarios de la Eurocámara para solicitar reuniones bilaterales en Estrasburgo. Inicialmente, sólo respondieron afirmativamente Manfred Weber (PPE) y los copresidentes de ECR, Nicola Procaccini (Italia) y Patryk Jaki (Polonia).
Finalmente, este martes, todos los demás grupos han contactado con la delegación para concertar una cita, salvo los socialistas, que ni siquiera han contestado a la carta.
Además de los encuentros con los grupos parlamentarios, los representantes de las cinco asociaciones judiciales y fiscales tienen reuniones bilaterales con la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, con el presidente del Comité de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, el español Javier Zarzalejos, y con la vicepresidenta ejecutiva para la Seguridad Democrática de la Comisión Europea, la finlandesa Henna Virkkunen.
Bajo el mandato de esta última trabaja el comisario de Justicia, el irlandés Michael McGrath, firmante del Informe sobre el Estado de derecho.
