La Administración autonómica -el Gobierno de Canarias, sus consejerías y todo su entramado de entidades dependientes o adscritas- tiene margen de sobra para endeudarse, es decir, para recurrir a los mercados y pedir dinero con el que costear, por ejemplo, la promoción de viviendas. No obstante, las reglas fiscales suponen un corsé que restringe la capacidad de las comunidades a la hora de financiarse. Y el problema es que este corsé, esta limitación, lo sufren por igual las autonomías que tienen su deuda bajo control, como las Islas, y aquellas que están hiperendeudadas, como Cataluña o la Comunidad Valenciana. De ello se lamentó ayer, durante una comisión parlamentaria, el consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno canario, Pablo Rodríguez, que ha de observar cómo Visocan -empresa pública que tiene la misión de promover inmuebles de protección oficial- tiene músculo de sobra para ir a los mercados, obtener financiación y sacar así adelante un mayor número de viviendas y, sin embargo, se ve impedida para ello por las reglas fiscales. Un problema que se agrava cuando es precisamente la falta de pisos y casas uno de los principales problemas -si no el principal- que sufren los canarios.
Rodríguez recordó en el Parlamento autonómico que Visocan cuenta con un patrimonio de «cientos de millones de euros», tal como informó Europa Press, un patrimonio que respalda a la entidad pública, o más bien la respaldaría, en caso de acudir a los mercados. Es una garantía de su solvencia. Pero ocurre, como también recordó el consejero, que la empresa dependiente de la Administración autonómica, por más que sea solvente, no puede endeudarse, esto es, no puede pedir fondos prestados para promover todas las viviendas que tiene capacidad de promover. No en vano, Visocan y el resto de entes adscritos a la Administración regional están tan subordinados a las reglas fiscales como la Administración misma. Todos los departamentos, entidades y empresas públicas ven restringido su margen para endeudarse, que es a lo que Rodríguez se refirió ayer durante la comisión cuando apuntó que los presupuestos de Visocan están a su vez subsumidos en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma -los presupuestos «consolidados»-, de modo que lo que rige para aquella rige para cada una de sus partes.
En busca de una fórmula
Lo anterior explica por qué el consejero avanzó que en su departamento se están devanando los sesos para buscar una fórmula que permita ‘esquivar’ las reglas fiscales, para que, en definitiva, Visocan pueda endeudarse y promover tantas viviendas como sea posible.
Sin ir más lejos, Rodríguez expuso que el mismo Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha mostrado interés en Visocan, básicamente porque la empresa pública da plenas «garantías de cobro», que es de lo que se trata cuando se busca financiación externa. «El problema es que computa en el endeudamiento conjunto de la Comunidad Autónoma, y eso es una limitación para poder hacer promociones», insistió Rodríguez. Y ello -cabe recalcar- aun cuando Canarias es una de las tres únicas regiones de régimen común, junto con Asturias y Madrid, que cumple el objetivo de tener una deuda inferior a la cuantía equivalente al 13% de su Producto Interior Bruto (PIB). El débito de las Islas equivale al 11% de su PIB; el de Cataluña, por ejemplo, roza el 30%.
Apuntes: Radiografía de la deuda isleña
- La deuda de Canarias equivale al 11% de su PIB, según los últimos datos del Banco de España. Junto con Asturias -que se mueve justo alrededor del 13%- y Madrid -12,6%- es una de las tres únicas autonomías de régimen común -todas menos Navarra y País Vasco- que cumple el objetivo de mantener el débito por debajo de la cuantía equivalente al 13% de su PIB.
- Sin embargo, las reglas fiscales penalizan a Canarias a la hora de recurrir a los mercados en igual medida que a Cataluña o a Valencia, con deudas mastodónticas que equivalen al 30 y el 40% de sus respectivos PIB.
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