El alcalde de Daya Vieja, José Vicente Fernández (Compromís), comunicó en el último pleno ordinario un nuevo procedimiento judicial abierto por un promotor inmobiliario contra el Ayuntamiento y que reclama cinco millones de euros de indemnización.
Se trata de una reclamación muy relevante que si se confirma en los juzgados puede poner en dificultades al municipio más pequeño en población de toda la comarca: apenas 700 vecinos, el 60 % de ellos de origen extranjero, un presupuesto anual que no llega al medio millón que aunque ha logrado rebajar mucho su deuda todavía mantiene adeuda 1.900.000 euros.
El requerimiento lo hace la empresa Cinor Gestión, empresa con la que el consistorio dayavejense se comprometió en 2007 mediante convenio a un desarrollo urbanístico «futurible basado en expectativas de crecimiento que obvió los informes desfavorables de la Confederación Hidrográfica del Segura y la Conselleria de Ordenación del Territorio».
Procedimiento judicial
Se trata del tercer procedimiento judicial al cual se enfrenta el consistorio sobre el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) desde que Compromís está al frente de la Alcaldía. Dos sentencias que ya han condenado al ayuntamiento a pagar más de medio millón de euros por la «nefasta gestión de los anteriores gobiernos del Partido Popular».
Fernández lamentó Daya Vieja enfrente de nuevo a una indemnización millonaria por lucro cesante, fruto de la mala gestión urbanística del PP, que comprometió en 2007 a la localidad con un convenio de desarrollo urbanístico «impracticable».
“No podía salir bien porque las administraciones superiores no emitieron ningún informe favorable, al contrario, todos fueron desfavorables tanto el de la Conselleria de Ordenación del Territorio como el de la CHS, porque no se dispone de los recursos naturales suficientes, el agua, para el desarrollo urbanístico que mis antecesores plantearon”, explicó el alcalde.
José Vicente Ferrándiz, alcalde de Daya Vieja / Tony Sevilla
Desde 2007
Como detalló el primer edil, “este convenio entre la empresa y el Consistorio para el desarrollo urbanístico de una parcela y de su uso, ha ido sufriendo adendas durante más de una década para ratificar el convenio de 2007 y aceptar contraprestaciones por una expectativa de futuro que no podría materializarse. La última, a escasos días de perder el PP las elecciones en mayo de 2019, cuando ratificaron que en caso de no desarrollarse el PGOU que se proyectaba, que se sabía que no se podía desarrollar, se revalida la cláusula del convenio para que, en ese caso, comprometer al Consistorio a comprar la finca por 5 millones de euros», pese a que el terreno está valorado por el catastro en 1,5 millones”.
Reducción de deuda
El alcalde ha recordado que en 2019, cuando empezó su primer mandato, la deuda del Ayuntamiento de Daya Vieja era de 4 millones de euros. «Tras una gestión responsable en los últimos años -según el alcalde-, ha sido posible rebajar la deuda a 1,9 millones de euros, que es como quedará en este ejercicio».
Por lo que ha lamentado profundamente este nuevo varapalo que, «de contar con una sentencia condenatoria, hipotecaría a la localidad otras tantas décadas más, por una gestión del PP que supone una lesión grave al interés público y que, por el contrario, es un acuerdo brillante para el interés de la mercantil privada».
Rafael Vives, exalcalde del PP de Daya Vieja, en una imagen de archivo / INFORMACIÓN
Aunque el primer edil no lo cita cuando hace referencia a la gestión popular se refiere a la llevada a cabo por Rafael Vives, que fue alcalde del municipio entre 2003 y 2019.
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