Ana Rosa Quintana ha sacado la artillería pesada después de que Santos Cerdán ingresara en prisión el pasado lunes. El Programa de Ana Rosa emitía unas imágenes en las que se veía a la esposa del exnúmero 3 del PSOE muy afectada tras la decisión del juez Leopoldo Puente, pero la presentadora, lejos de mostrar empatía, cargaba duramente. Las redes sociales condenaban la actitud de la presentadora y, además, han abierto algunos de los cajones más oscuros de su marido, Juan Muñoz Támara. En concreto, los usuarios han recuperado el denominado caso Marchelo, un caso de corrupción urbanística por el que el marido de Quintana terminó siendo condenado a prisión.
La instrucción del caso Marchelo arrancó en el año 2007, sin embargo, el proceso judicial fue dilatándose a lo largo de las décadas. Tanto es así que las primeras condenas han llegado 20 años después, concretamente, a finales de mayo de 2025 .La sentencia de la Sección Primera de la Audiencia de Granada, que firman los magistrados Jesús Flores Domínguez, Maravillas Barrales León y Jesús Lucena González, señalan antes de abordar los delitos cometidos que «el presente procedimiento fue iniciado el 23 de mayo de 2006, sufriendo un retraso extraordinario en su tramitación, con una duración de 18 años y 11 meses hasta la fecha de este escrito. No solo la duración del procedimiento judicial es extraordinaria e injustificada sino que además, el procedimiento ha sufrido numerosas y extensas paralizaciones«.
El conocido como caso Marchelo es una macrocausa de corrupción urbanística que salpica a la actual dirección del PP de Granada, pero también a empresarios como Juan Muñoz Támara, el marido de Ana Rosa Quintana. La Fiscalía los acusó de enriquecerse con operaciones inmobiliarias en el municipio granadino de Alhendín a principios de los años 2000.
Pese a que el Ministerio Fiscal solicitaba desde hace años elevadas penas de prisión para la mayoría de los 15 acusados, finalmente, un acuerdo de conformidad dejaba en dos años de prisión la condena del exconcejal de Urbanismo por el PP Manuel Fernández y en un año la de cinco empresarios, entre los que se encuentra el marido de Quintana.
Muñoz Támara era consejero delegado del Parque Empresarial de Alhendín y Fiscalía le acusó de fraude en la contratación, prevaricación, cohecho y malversación de caudales públicos por ser uno de los promotores y por firmar con el alcalde Guerrero la cesión del suelo a un precio inferior de mercado. Esta operación presuntamente fraudulenta también salpicó a su padre -suegro de Ana Rosa- Fernando Muñoz- que fue también imputado por cohecho, fraude en la contratación y prevaricación urbanística.
Finalmente, el marido de la comunicadora es condenado por «delitos de cohecho en concurso medial con delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa y prevaricación urbanística». Su nombre aparece en el auto entre los hechos que se consideran «expresamente probados»: «Como medio para garantizar que las sucesivas actuaciones municipales necesarias para la ejecución del proyecto del Polígono industrial se completaran con éxito, aun cuando supusiera su aprobación la vulneración de la normativa aplicable y quebranto para el interés municipal Manuel Fernández solicitó a Manuel M., Fernando M.N. y Rafael A.P., el reconocimiento de una participación societaria en ‘Parque empresarial Alhendín SL’, solicitud que fue conocida Juan Muñoz y aceptada por todos los acusados«.
Otra causa que Ana Rosa olvida: su marido fue condenado por su implicación en el caso Villarejo
Juan Muñoz y su hermano estuvieron imputados en la pieza ‘Pintor’ de la macrocausa ‘Tándem’. La causa los investigó por obtener información sensible con la que poder chantajear a un antiguo socio, Mateo Martín Navarro (alias Pintor), y el abogado de este, el exjuez Francisco Javier Urquía, para que asumiera el pago de la deuda tributaria de su empresa en común.
En el año 2022, el marido de la presentadora declaraba ante la Audiencia Nacional que tanto él como su hermano contrataron los servicios del comisario José Manuel Villarejo para obtener información patrimonial y «de todo tipo» sobre su socio Mateo Martín Navarro y el abogado de este, el exjuez Francisco Javier Urquía.
Con este encargo, los hermanos Muñoz Támara pretendían obtener información con la que chantajear a Mateo Martín para que cambiara su postura sobre su supuesta insolvencia ante la deuda que Hacienda reclamaba a la empresa que los tres mantenían en común. Juan y Fernando sospechaban que los movimientos de su exsocio se debían a las indicaciones o recomendaciones de su abogado, Javier Urquía, por lo que también solicitaron informaciones relacionadas con el letrado.
Finalmente, el marido de Quintana llegó a un pacto con la Fiscalía por lo que su petición de condena terminó viéndose reducida de once años a tres meses de prisión, además de una «multa de tres meses con una cuota diaria de 100 euros» por un delito de descubrimiento y revelación de secretos.
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