El Tribunal Supremo ha confirmado la sanción de 1.000 euros por una falta disciplinaria grave impuesta por la Fiscalía General del Estado por desobediencia a la fiscal anticorrupción Carmen García Cerdá, que investigó el caso Montoro sobre presunto tráfico de influencias y trasiego de información confidencial de la Agencia Tributaria, según la sentencia a la que ha tenido acceso El Periódico de Catalunya. La Sala Contencioso-Administrativo ha desestimado el recurso presentado por la fiscal contra esta decisión.
Los magistrados del alto tribunal confirman que la fiscal desoyó a sus jefes que le ordenaron no seguir investigando los correos electrónicos con los que se encontró el juez de Tarragona Rubén Rus al investigar a Equipo Económicos, el bufete fundado por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro y del que dice haberse desvinculado al poco tiempo. Una de las diligencias que pretendía solicitar la fiscal Carmen García, y que fue desestimada por sus superiores, era el vaciado de un correo vinculado al que fuera miembro del Ejecutivo de José Maria Aznar y Mariano Rajoy y en el que utilizaba su segundo apellido: Romero.
La sentencia, tras recordar la dependencia jerárquica por la que se rige la fiscalía, subraya que el vaciado de la cuenta de correo del exministro fue denegado «por tres veces» por el teniente fiscal anticorrupción y antes por el fiscal jefe Alejandro Luzón, debatiendo su procedencia también en la junta de fiscales de este, celebrada en septiembre de 2023, votando la mayoría de sus miembros en contra. Según Carmen García, sin embargo, lo realmente desautorizado solo fue ampliar la investigación a un segundo grupo de delitos y que se hiciera en pieza separada.
La llamada al inspector
El Supremo precisa que, a pesar de ello, la fiscal llamó el 25 de octubre de ese año a un inspector de los Mossos para que fueran ellos quienes solicitaran al juez de Tarragona el vaciado de la cuenta de correo corporativo del exministro. Para el alto tribunal, de ello «se infiere sin dificultad» que Carmen García «quiso eludir la negativa» del visado de esa diligencia por parte de sus superiores. A su entender, lo «relevante» para confirmar la sanción es que existía una negativa para practicar esta prueba por parte de sus «superiores jerárquicos» y que, a pesar de ello, intentara que la policía catalana la pidiera al juez de Tarragona que instruye la causa.
El tribunal destaca en su resolución que en el caso de fiscal sancionada, aparte de su antigüedad en la carrera, está destinada en la Fiscalía Anticorrupción desde 2013, por «lo que conoce sobradamente su funcionamiento», y conocía que desde enero de 2022 la necesidad de que sus superiores visaran sus escritos dirigidos al proceso judicial. Y añade que también sabía «el visado negativo» para que se practicara el vaciado de la cuenta del exministro.
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