Después de que el que fuera número 3 del PSOE Santos Cerdán haya declarado ante el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente -que ordenó su ingreso en prisión por su posición «preeminente» en la presunta trama de cobro de comisiones ilegales a cambio de adjudicación de obra pública-, y mientras la Guardia Civil analiza la numerosa documentación incautada en los registros para los respectivos informes patrimoniales, las pesquisas del caso Koldo se centran en cinco presuntos responsables de lo que el propio juez denomina «empresas indiciariamente corruptoras». Todos ellos declaran en el alto tribunal los próximos días 4 y 7.
Se trata de los administradores de Servinabar (Joseba Antxon Alonso), Levantina Ingeniería y Construcción (José Ruz), Obras Públicas y Regadíos (los hermanos Daniel y Antonio, ‘Toño’, Fernández Menéndez) y del directivo de Acciona Construcción en La Rioja y Navarra hasta 2021 (Fernando Merino). Los contratos bajo sospecha se refieren a proyectos obtenidos por estas firmas en Andalucía, Asturias, Catalunya, Galicia, La Rioja, Murcia y Teruel.
Según señaló el propio Puente en el auto en el que el pasado lunes justificó el ingreso en prisión sin fianza de Cerdán, su investigación busca desvelar «en toda su dimensión» las responsabilidades penales no solo de los tres investigados «inicialmente corrompidos» (Santos Cerdán, el exministro José Luis Ábalos y el que fuera su asesor Koldo García), sino también las que implican a las empresas que habrían pagado las comisiones.
Las grabaciones conservadas por Koldo y descubiertas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en su vivienda de Alicante revelan la cercanía que llegaron a tener con el asesor ministerial y los manejos para la obtención de ventajas en la adjudicación de contratos desde casi el inicio de la llegada del exasesor al Ministerio de Transportes. Un ejemplo destacado por los investigadores es la plena disposición mostrada por el constructor Ruz ante cualquier necesidad que le trasladase el ‘hombre para todo’ del entonces ministro ya en junio de 2019: «Pues entonces a muerte. En lo que te pueda ayudar considérame a tu lao [sic]».
Conversación entre el asesor del exministro Ábalos, Koldo García, y el constructor José Ruz / EP
En busca del dinero
El juez Puente busca identificar «el importe global de las cantidades indebidamente satisfechas» por la trama a este grupo de empresarios «corruptores». De ahí que investiguen en las 19 cuentas con las que se les ha relacionado, abiertas en doce entidades, cuya sede central está en el extranjero.
Anticorrupción considera acreditado en sus informes que «Koldo habría intercedido por José Ruz ante Isabel Pardo de Vera (expresidenta de Adif), Javier Herrero (ex director general de Carreteras) y también ante el propio Ábalos». Entre las obras sospechosas vinculadas con su constructora cita la duplicación de la Nacional IV entre Dos Hermanas y Los Palacios, además de la estación del AVE en Elche, trabajos de emergencia en Asturias, conservación de carreteras en Teruel y la Autovía A-12 Camino de Santiago.
En el informe de la Guardia Civil entregado a principios de junio al juez como evidencias figuran conversaciones como la recogida entre Koldo y Ruz que apunta cómo el empresario acudía al asesor ministerial para tramitar quejas y reclamaciones. Así Ruz le comenta a Koldo que había «que organizar la comida con la de Adif«, cuyo nombre aporta el entonces asesor. «Para llevarle, para poder llevarle, para poder llevarle la hojita, la hojita. La semana que viene te traigo la hojita con la reclamación, esa que me dijiste que no se había tratado», se puede oír decir al constructor en una de las conversaciones intervenidas.
Ruz también habría utilizado «líneas telefónicas ‘seguras’ para comunicarse con Koldo, refiriéndose a ellas como ‘café’ o ‘cafetera’ cuando consideraban oportuno utilizar este medio», que podrían haber sido facilitadas por el comandante también implicado Rubén Villalba.
Empresarios clave
Pero de todos los empresarios imputados en el procedimiento por el juez Leopoldo Puente la clave puede estar en los citados el lunes, Alonso y Merino, porque es con ellos con los que se supone que empezó a actuar la presunta trama. Sobre el primero, los informespolicialess señalan que constituyó con Koldo la cooperativa Noran Coop en junio de 2015, “el mismo mes que se firmó la encomienda para la tramitación administrativa de las concesiones de explotación minera, y menos de tres meses antes de la constitución de Servinabar y el inicio de colaboración de esta con Acciona”.
En las notas que Koldo García apuntaba como “temas” en su teléfono aparecen varias referidas a Merino y a obras concretas: “Panadero” y la reforma del pabellón Navarra Arena. Sobre estas reformas Cerdán preguntó directamente por whatsapp a Koldo García, al interesarse por las que correspondían a “Gui”, porque “Guipuchi” es uno de los alias con el que también identifican a Alonso.
Ante el juez el ex secretario de Organización del PSOE afirmó que ambos se enmarcaban en la iniciativa privada y que su partido estaba en la oposición entonces en Navarra. Añadió que si se interesó por obras en concreto, como la del puente de Sevilla, era por proximidad con citas electorales. En uno de los “temas” de su teléfono es donde García se lamenta de que le vean como el que “da miedo” y bajo la anotación “Temas con Antxon” se pregunta: “Si consigo obras, cuánto se me paga por conseguir y cómo se me paga”.
En el registro a la sede de Servinabar, los agentes encontraron un contrato firmado entre ambos por el que Cerdán asumía el 45% de las acciones de la entidad. Según el ex número tres del PSOE, ese documento nunca se elevó a escritura pública, por lo que no tiene validez, pero el juez cree que el hecho de que se guardara durante tantos años ya es síntoma de lo contrario.
En sus resoluciones el magistrado destaca el “carácter periódico” con la que parece que Servinabar hacía una transferencia por 4.500 euros, “en concepto de donación a la fundación Fiadelso, vinculada a la familia de Ábalos». Ello se desprende de la captura de pantalla que Koldo reenvió «a Tatiana Ábalos, disculpándose por la tardanza y alegando que este retraso no se volvería a repetir”, señalan los agentes. Esta transferencia y el mensaje de “el apartamento lo coge Servinabar”, en el que se incluía un “ya te contaré”, lleva a los investigadores a declarar la “capacidad decisoria” que tenía Cerdán sobre la entidad. Ante el magistrado, el exsocialista aseguraba que lo pagaron entre los dos.
Los hermanos Fernández
La investigación también se dirige contra Daniel Fernández en su condición de administrador mancomunado de la entidad mercantil Obras Públicas y Regadíos (OPR) y su hermano ‘Toño’, que fue asesor en la Delegación del Gobierno de Andalucía y que figura como apoderado de la firma.
Se les relaciona con tres expedientes de obra sospechosos: La adaptación de la calzada de la Autovía A-63 en el tramo Salas-La Espina (Asturias) en la carretera N-322 de Córdoba a Valencia (tramo: Úbeda-TorreperogiI) y el tratamiento de puentes y túneles en el tramo Monforte-Lugo adjudicado por Adif en Galicia. También se investiga si la exmujer de Koldo, Patricia Uriz, obtuvo un puesto en Anfersa, vinculada a la mercantil de los Fernández, y cobró sin realizar prestación laboral alguna.
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