Los barrios de Palma iniciaron ayer un camino de protesta y reivindicación contra la próxima fiebre del ladrillo que aquejará a Palma en los próximos años animada por el decreto urbanístico que el Govern aprobará la próxima semana. La práctica totalidad de las asociaciones vecinales agrupadas en la Federació, una cincuentena, se citaron en la sede de la asociación de Son Rapinya para organizar un frente común y enviar un primer mensaje al Ayuntamiento: «No tocarán ni un palmo de tierra sin que los vecinos tengan la palabra».
La presidenta de la Federació d’Associacions de Veïns de Palma, Maribel Alcázar, planteó la problemática que se avecina con el incremento de un 45% de la edificabilidad en las reservas de suelo urbanizable de Palma y con la posibilidad de construir ya en rústico del municipio, en las llamadas áreas de transición. La sala, presidida por una enorme pancarta que rezaba ‘L’habitatge és un dret, no un negoci. Barris contra l’especulació’, se quedó pequeña para acoger a tantos representantes vecinales que se citaron para informarse, intercambiar ideas y plantear líneas de actuación.
Pancarta contra la especulación en la asamblea vecinal celebrada ayer. / Ana B. Muñoz
«Es inaceptable que la excusa para hacer eso es que hay una emergencia habitacional. Poner muchas viviendas en el mercado no baja los precios, como ya vimos en los primeros años de este siglo. Eso fracasó, entonces tenemos que preguntarnos: ¿Para quiénes van a hacer esas viviendas?», subrayó Alcázar.
Esta representante vecinal recordó que, entre urbanizables y construcción en rústico, la población de Palma puede incrementarse en algo más de cien mil personas. Y que con el nuevo decreto la tipología de vivienda protegida desaparecerá sustituida por vivienda de precio limitado, un 30% más cara. «Está claro que las nuevas viviendas no se harán para la población trabajadora residente. Ni siquiera para una clase media que no podrá acceder a pisos que en el mejor de los casos superará el medio millón de euros», manifestó Alcázar.
Del mismo modo, puso de manifiesto que más ladrillo se traducirá en menos equipamientos públicos y zonas verdes. «Si en el Plan General se establecían doce metros cuadrados por habitantes, ese espacio público se reducirá ahora hasta los cinco metros».
Los vecinos están preocupados por el posible surgimiento de «barrios dormitorio» y sin servicios públicos en una ciudad que ya está al límite. En este sentido, Alcázar puso de manifiesto que el decreto del Govern que dispara la edificabilidad en los urbanizables «no va acompañado de ninguna planificación en materia de servicios sanitarios, educativos, transporte público o centros para personas mayores».
En cuanto a la puerta abierta a la construcción en rústico, auguró la construcción de viviendas de lujo «que ofrecerán mejores vistas a sus futuros ocupantes».
Del mismo modo, la Federació d’Associacions de Veïnats está preocupado por la «cohesión» de los barrios y por el hecho de que «nuestros hijos tendrán que marcharse de la ciudad».
Vuelta a las asambleas de barrio
Ante este panorama, Alcázar planteó «acciones concretas» y la necesidad de que los barrios «definan un posicionamiento claro». En sentido, apeló a los presentes a «transmitir a los vecinos la información antes de que les caiga la propaganda oficial». En este sentido, propuso reactivas las asambleas de barrio.
«Da igual si van pocos vecinos, esto tenemos que debatirlo en la calle e ir todos de la mano. Porque si no debatimos nosotros, lo debatirán otros por nosotros. Debemos recuperar el contacto directo y el cara a cara, es imprescindible», destacó Alcázar. «Queremos una democracia real y no un simulacro, no vamos a legitimar decisiones que se tomen por nosotros», añadió.
El próximo lunes a las 12:00 horas hay convocada una protesta ante el Parlament, que en ese momento ultimará el decreto antes de aprobarlo definitivamente.
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