Las obras del desdoblamiento del túnel de Belate es la mayor obra pública de ingeniería que se ha desarrollado en la última década en Navarra (76,09 millones de euros). La reforma se encuentra, sin embargo, bajo el foco de la sospecha después de que agentes de la UCO de la Guardia Civil sitúen a una de las empresas que conformaron la UTE adjudicataria, Servinabar, en el centro de la trama de Santos Cerdán, ya que este posee el 45% de las participaciones sociales.
La adjudicación, que «fue completamente legal y transparente», según la presidenta del Gobierno foral de Navarra, María Chivite, estuvo repleta de irregularridades a ojos de los propios miembros de la Mesa de Contratación, que lo denunciaron en su día, y de los grupos de la oposición.
Según un documento al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, el presidente de la Mesa que adjudicó la obra, J.P.S., ignoró la filtración dentro del propio área de Cohesión Territotrial de las «propuestas de criterios cualitativos» presentadas por las siete de las empresas o UTE licitadoras.
«Deber de preservar la confidencialidad»
Así lo dejó reflejado la Mesa de Contratación en un acta firmada en Pamplona a 31 de agosto de 2023 «a los efectos del posible incumplimiento del deber de preservar la confidencialidad y sigilo de las ofertas (artículo 54 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicas)».
Vista de la sede de Servinabar, en Pamplona, con la fotografía de Joseba Antxon Alonso, administrador de la empresa y socio de Santos Cerdán. / EL PERIÓDICO
El acta especifica que «toda la documentación aportada» por las empresas correspondiente a esta fase «(la contenida en el sobre Nº 2 ‘Propuesta criterios cualitativos’) ha permanecido durante varios días en una unidad de red (‘H’) a la que tiene acceso cualquier empleado público del Departamento de Cohesión Territorial».
Esta circunstancia, prosigue el documento, se habría comunicado al Secretario de la Mesa por una persona ajena a la Mesa de Contratación, «ignorando su Presidente, y responsable de la unidad gestora del contrato, el motivo por el que pudo producirse esa anomalía». El procedimiento de adjudicación siguió adelante, resultando adjudicataria finalmente en enero de 2024 la UTE conformada por Servinabar, Acciona y Excavaciones Fermín Osés.
Servinabar, cuyas oficinas registró la UCO hace tres semanas, es la empresa de Joseba Antxon Alonso, alias ‘Guipuchi’, constructor amigo de Cerdán y Koldo García que debe declarar como investigado el próximo lunes ante el Tribunal Supremo. En 2016 firmó un contrato privado con el ex secretario de Organización del PSOE, en la actualidad en prisión, para transferirle el 45% de las participaciones sociales de la empresa, que ha obtenido varios contratos del gobierno de Navarra en los últimos años.
Duro informe de la Cámara de Comptos
El informe fiscalizador presentado por la Cámara de Comptos -recogido en las Cuentas Generales de Navarra 2023 presentadas en noviembre de 2024- fue muy duro contra el procedimiento, ya que «se observaron aspectos significativos que impiden garantizar de forma suficiente el cumplimiento de los principios de transparencia e igualdad de trato».
María Chivite, presidenta del Gobierno foral de Navarra, dando explicaciones sobre la adjudicación del túnel de Belate. / EUROPA PRESS
De acuerdo al órgano fiscalizador, esto se debió principalmente «a la insuficiente concreción en los pliegos de los criterios de valoración sometidos a juicio de valor y al procedimiento seguido en la formulación de las valoraciones».
Tal y como aprecia la Cámara de Comptos, los criterios cualitativos de adjudicación deberían «haber sido más desarrollados y desagregados técnicamente, con el objeto de garantizar el principio de igualdad de trato y transparencia», dado que un insuficiente detalle de los mismos «puede perjudicar el derecho de los licitadores a disponer de la información necesaria para interpretarlos de la misma forma».
Otro de los aspectos donde el órgano pone el foco es en que cuatro miembros de la Mesa de Contratación remitieron sus puntuaciones al presidente, «y éste determinó la suya teniendo conocimiento de las asignadas por los demás», algo que a juicio de la Cámara de Comptos no debería haber sido así, ya que el procedimiento debería garantizar que los intervinientes «dispongan de la misma información que garantice la imparcialidad de las puntuaciones, y por lo tanto los principios de igualdad de trato y transparencia».
Por último, destaca que, como ocurre en otros contratos analizados, todas las ofertas económicas de los aspirantes establecen la «baja máxima establecida en los pliegos», lo que provoca que todos los licitadores tangan la máxima puntuación, lo que hace que la «valoración de la oferta económica sea irrelevante» en la adjudicación, siendo el criterio determinante «la valoración sometida a juicio de valor», es decir los criterios subjetivos.
