En la política migratoria de Donald Trump y en su prometida campaña de deportaciones masivas, el elemento disuasorio es fundamental. También, para los críticos, lo son la crueldad y el espectáculo innecesarios. Esos dos factores y otros muchos, incluyendo varios conflictivos, se dan la mano en ‘Alligator Alcatraz’ (‘Alcatraz Caimán’), el nombre con que autoridades republicanas han popularizado una controvertida instalación de detención de inmigrantes en los humedales y pantanos de la reserva nacional Big Cypress, en los Everglades de Florida, que el presidente Trump va a visitar este martes, en su primer día previsto de funcionamiento.
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, y la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmaban el lunes el viaje del republicano. Estará acompañado, entre otros, por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que pidió formar parte de la visita a un centro que es el mayor de su tipo y puede llegar a sumar 5.000 camas en estructuras temporales como tráilers y tiendas. Según datos obtenidos por CBS, ICE, la agencia policial de inmigración y aduanas, tiene a 59.000 personas actualmente bajo su custodia, 140% por encima de su capacidad.
Es la ubicación, aislado en medio de humedales y pantanos, con solo una carretera de acceso y salida, y la pista del aeropuerto, lo que hace peculiar el ‘Alcatraz Caimán’, que abre en julio, cuando la humedad y el calor se disparan en Florida.
Caimanes en un «terremo inclemente»
Es «terreno aislado rodeado de peligrosa fauna y terreno inclemente», subrayaba Leavitt, que se hacía eco de las palabras de DeSantis la semana pasada: «Claramente, desde la perspectiva de seguridad, si alguien escapa hay muchos caimanes con los vas a tener que lidiar. Nadie se va a ir a ningún sitio. Es tan seguro como puede ser», decía el gobernador, que consolida Florida como el estado que más coopera con Trump en su agenda migratoria. El antiguo rival en primarias del presidente fue también el primer gobernador que empezó a emplear a la policía estatal para aplicar leyes federales de inmigración.
Fue DeSantis quien la semana pasada usó los poderes de emergencia de los que se dotó en 2023 para responder a la llegada de inmigrantes bajo la presidencia de Joe Biden y expropió una propiedad del condado de Miami-Dade, que incluye el aeropuerto de entrenamiento y transición Dade-Collier donde abre el centro de detención .
En los años 60 en este enclave se pretendió hacer un gran aeropuerto regional, con seis pistas, que permitiría fomentar el turismo al parque nacional de los Everglades, gracias a su ubicación a 70 kilómetros de Miami y en mitad de las dos costas de Florida. Entonces los retos medioambientales contribuyeron a frenar el proyecto y el aeropuerto, que quedó con una sola pista, prácticamente ha estado en desuso.
Planes secretos
James Uthmeier, que fue jefe de gabinete de DeSantis y al que el gobernador elevó a fiscal general estatal, desarrolló un plan para reconvertir este enclave en el centro de detención, que en un primer momento estará vigilado por 100 agentes de la Guardia Nacional de Florida. Uthmeier mantuvo esos planes en secreto hasta que fue demasiado tarde para que la oposición pudiera hacer nada para frenarlo y la semana pasada empezaron a verse llegar camiones con materiales.
“El área presentaba una oportunidad eficiente y de bajo coste de construir instalaciones temporales de detención porque no necesitas invertir mucho en el perímetro”, había dicho Uthmeier, que este lunes en un podcast conservador insistía en las ideas. “Creemos en la ciénaga, somos criaturas de la ciénaga”, defendía. “El perímetro lo marca la madre naturaleza. Era fruta madura”. A Uthmeier en junio una jueza le había declarado en desacato por seguir implementando una ley que ella había bloqueado.
DeSantis ha empleado dinero de los contribuyentes así como 450 millones de dólares de fondos de FEMA, la agencia federal de gestión de emergencias. Biden también recurrió al programa de refugios y servicios de FEMA, pero en su caso empleó el dinero para pagar hoteles donde alojar a migrantes recién llegados ante la saturación de los servicios municipales.
Demandas y protestas
Dos grupos de protección medioambiental presentaron el viernes pasado demandas donde aseguraron que se altera y amenaza el delicado ecosistema de los Everglades. El sábado hubo protestas masivas no solo de ecologistas sino también de indígenas que aún viven en la región, activistas de derechos humanos y políticos demócratas.
Una de las críticas políticas es que el encierro de migrantes en este centro es «deliberadamente cruel». «Solo les importa la crueldad y el espectáculo», ha dicho el congresista demócrata Maxwell Frost.
La Unión Americana de Libertades Civiles, por su parte, ha declarado que «no es solo cruel y absurdo» sino una muestra más de que «el sistema de inmigración cada vez se usa más para castigar a la gente en lugar de para procesarlos». En declaraciones a la BBC, la organización ha recordado que incluso en centros de detención en áreas pobladas los centros de detención «tienen historias probadas de negligencia médica, negación de acceso a servicios legales y maltrato sistemático», problemas que pueden multriplicarse en una zona tan remota y extrema.
Talbert Cypress, presidente de la tribu MIccosukee, uno de los pueblos nativos originarios de la región, ha denunciado en un mensaje en redes sociales que se instalen «campos de concentración en terrenos indígenas» y ha sugerido que se ahorraría dinero de los contribuyentes en una localización «con más infraestructura y menos impacto medioambiental y cultural».
DeSantis ha declarado que ‘Alcatraz Caimán’ puede no ser la única instalación de este tipo y ha sugerido que puede replicarse la idea en Camp Blanding, unas antiguas instalaciones de entrenamiento del Ejército 500 kilómetros al norte.
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