Las autoridades mexicanas han hallado 381 cuerpos acumulados en un crematorio privado de Ciudad Juárez, en el norte del país.
Los cadáveres no habían sido incinerados, y en su lugar fueron almacenados en distintas habitaciones del edificio “sin ningún tipo de orden”, según denunció este lunes la Fiscalía del estado de Chihuahua.
Algunos llevaban allí hasta dos años. En un caso que ha generado conmoción nacional, los cuerpos estaban simplemente “arrojados, unos sobre otros, de forma indiscriminada”, aseguró el portavoz de la fiscalía, Eloy García.
La escena fue descubierta gracias a una denuncia anónima, y supera ampliamente las cifras preliminares difundidas por medios locales, que hablaban de unas 60 víctimas.
Tras una revisión exhaustiva del inmueble, el conteo final asciende a 381 cadáveres, todos ellos embalsamados pero nunca cremados como estipula la normativa sanitaria, como cuenta The Guardian.
La investigación apunta a una “negligencia criminal” por parte de los propietarios del negocio, quienes, según la fiscalía, habrían aceptado más cuerpos de los que podían procesar, ignorando deliberadamente los límites operativos del crematorio.
Uno de los administradores del establecimiento ya se ha entregado a las autoridades, aunque aún no se ha aclarado si hay más implicados ni si los cuerpos corresponden a víctimas de violencia criminal, una posibilidad especialmente sensible en un país azotado por el crimen organizado.
De momento, los fiscales se centran en determinar la identidad de los cuerpos y en reconstruir el recorrido de los restos falsos que fueron entregados a las familias de los fallecidos.
En muchos casos, los familiares habrían recibido “otro tipo de material” en lugar de las cenizas reales, indicó García.
El hallazgo ha vuelto a poner sobre la mesa la profunda crisis del sistema forense mexicano, desbordado desde hace años por la violencia estructural y el colapso institucional.
La falta de personal, las restricciones presupuestarias y el exceso de trabajo han convertido a los servicios funerarios y forenses en una cadena frágil y propensa al abuso.
Ciudad Juárez, fronteriza con EEUU, es una de las zonas más golpeadas por la criminalidad y la impunidad.
Además de la saturación de los crematorios legales, en México proliferan los servicios funerarios irregulares que operan con licencias caducadas o sin supervisión estatal.
Según cifras de organizaciones civiles, cientos de cuerpos permanecen sin identificar en morgues colapsadas o fosas comunes, lo que ha generado una creciente demanda de alternativas privadas.
Esta presión, combinada con la falta de control gubernamental, crea un terreno fértil para escándalos como el descubierto en Ciudad Juárez.
La fiscalía no ha ofrecido detalles sobre las posibles sanciones a los responsables del crematorio ni sobre el estado legal de la empresa.
Sin embargo, García advirtió que “todos los crematorios del país conocen su capacidad diaria de procesamiento”, y que actuar al margen de esos límites constituye no solo una violación administrativa, sino una falta de respeto “profundamente inhumana” hacia los muertos y sus familias.
Mientras tanto, las autoridades trabajan en la identificación de los restos y en contactar a los familiares.
La dimensión del caso podría tardar meses en resolverse y amenaza con convertirse en uno de los mayores escándalos funerarios en la historia reciente del país.
El gobierno estatal ha prometido revisar de inmediato los permisos de operación de crematorios en Chihuahua y otras entidades federativas con el objetivo de prevenir hechos similares.
