Criba masiva de pisos turísticos ilegales en Booking. La plataforma de reservas ha eliminado más de 4.000 anuncios de viviendas turísticas ilegales en España, según ha informado el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. De esa cifra, la mayoría se localizan en Canarias, una de las zonas más tensionadas por el auge del alquiler vacacional.
Esta actuación se enmarca dentro de una ofensiva institucional por parte del Gobierno central para frenar la proliferación de alojamientos que no cumplen con la legislación vigente, y que, según denuncia el ministro Pablo Bustinduy, “agravan las dificultades de acceso a la vivienda”, especialmente en lugares con alta presión turística como el Archipiélago.
La decisión de Booking responde al primer requerimiento formal enviado por Consumo, tras la detección de “publicidad ilícita” en la plataforma. La empresa ha retirado un total de 4.093 anuncios, distribuidos entre Canarias, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Navarra, La Rioja y Castilla-La Mancha.
Aunque no se han ofrecido cifras exactas por comunidad autónoma, fuentes del Ministerio indican que el grueso de las irregularidades se concentraba en las Islas Canarias, un territorio donde el impacto del turismo sobre el mercado inmobiliario ha generado creciente malestar social.
El Ministerio ha valorado la cooperación de la empresa tecnológica, al cumplir con la solicitud y comenzar a revisar su inventario de anuncios. No obstante, este movimiento es solo el inicio: se trata del primero de tres requerimientos que Consumo ha emitido a la plataforma.
¿Qué tipo de infracciones cometen estos anuncios?
Los alojamientos turísticos eliminados no cumplían con diversas exigencias legales recogidas en las normativas autonómicas. Según el Ministerio, las infracciones detectadas se agrupan en tres grandes categorías:
- Falta del número de licencia turística: Muchos anuncios no incluían el código obligatorio que acredita que el alojamiento está registrado oficialmente.
- Desconocimiento de la naturaleza del arrendador: En varios casos no se especificaba si el arrendador era un particular o una empresa, algo clave para saber si el huésped tiene derechos como consumidor.
- Licencias falsas o inexactas: Algunos anuncios incluían números de licencia falsificados o no reconocidos por las autoridades, lo que podría inducir a error o engaño.
- Estas prácticas, además de vulnerar las normativas de transparencia, ponen en riesgo los derechos de los consumidores que reservan confiando en la veracidad de los datos publicados.
El precedente: Airbnb y sus 5.800 anuncios retirados
Esta actuación contra Booking se produce una semana después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) respaldara la retirada de 5.800 anuncios ilegales en Airbnb. La sentencia desestimó un recurso presentado por la plataforma y avaló la legalidad de la intervención del Ministerio.
Airbnb ha respondido defendiendo que se trata de una resolución preliminar que no entra en el fondo del caso, y ha criticado que las medidas impulsadas por Consumo vayan “en contra de la normativa española aplicable”.
La plataforma asegura que cumple con la legislación vigente, pero las autoridades insisten en que la mayoría de anuncios no regulados vulneran derechos básicos y contribuyen al aumento de precios y a la turistificación de barrios y municipios enteros.
