El lobo ibérico no alcanza aún el umbral que garantice su conservación a largo plazo. Así lo sostiene el último censo elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), publicado este viernes, que estima en 333 las manadas presentes en España, con una población total de entre 1.600 y 1.700 ejemplares. Aunque supone un aumento del 12% respecto al anterior censo de 2014, los datos están aún lejos del objetivo de 500 manadas que los expertos consideran necesario para asegurar su viabilidad genética futura.
Este diagnóstico implica que la especie se mantiene en un estado de conservación «desfavorable», lo que, según la legislación española, obliga a mantener medidas de protección estrictas. En consecuencia, la caza deberá ser quirúrgica y solo cuando esté justificado, pese a la reciente rebaja de protección aprobada por el Parlamento Europeo.
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha subrayado que el Gobierno defiende «la conservación del lobo» y que está comprometido con «una nueva existencia sostenible» entre la especie y el medio rural. “Desgraciadamente estamos todavía lejos del objetivo de 500 manadas”, ha advertido.
Aagesen ha defendido el papel «fundamental» del lobo como regulador natural de los ecosistemas: controla las poblaciones de ungulados, previene enfermedades y ayuda a mantener el equilibrio ecológico. Su desaparición, ha asegurado, tendría «consecuencias en cascada sobre la biodiversidad».
Enfado de las autonomías
Sin embargo, la publicación del informe ha desatado una fuerte reacción en varias comunidades autónomas, especialmente en aquellas que albergan las principales poblaciones de lobo. Gobiernos como los de Galicia, Cantabria, Castilla y León, Aragón y Asturias han acusado al Miteco de «deslealtad institucional» por presentar un informe que consideran sesgado y por excluir del orden del día del último encuentro sectorial el debate sobre esta cuestión.
Trece comunidades han forzado una nueva reunión para el 11 de julio, tras denunciar retrasos en la entrega de documentación clave. La Xunta de Galicia ha lamentado que el Ministerio intentara abordar el asunto en la última reunión escudándose en «cuestiones jurídicas», tras haber anunciado que no se trataría.
Las organizaciones ecologistas han valorado el censo como una prueba de que la recuperación del lobo aún está en marcha y es frágil. La Coordinadora Ecologista de Asturias ha insistido en que el crecimiento de las manadas es «moderado» y no permite hablar de una situación estable. “Sigue siendo una especie amenazada que requiere protección”, han reiterado. WWF ha llamado a seguir protegiendo a este carnívoro y a encontrar fórmulas para asegurar la coexistencia con la ganadería extensiva.
Fuentes consultadas por El Periódico de Catalunya consideran que el ministerio deberá aclarar ahora que se ha rebajado la protección del lobo qué tipo de «gestión» pueden hacer las comunidades en las que hay poblaciones importantes, puesto que son estas administraciones las que remiten información al Gobierno para elaborar los informes sobre el estado de conservación de la especie.
