Las cinco asociaciones de jueces y fiscales –todas menos las progresistas– que han convocado la concentración de este sábado ante el Tribunal Supremo y huelga los tres primeros días de julio, en protesta por las reformas del Gobierno que afectan al acceso a ambas carreras, mantienen que los paros constituyen «una medida legítima, proporcionada y responsable en defensa de los principios fundamentales del Estado de Derecho, de la independencia judicial y de nuestras condiciones profesionales».
Así reaccionan tras conocer que este jueves el Pleno del Consejo General del Poder Judicial hacía oídos sordos a los paros y avisaba de que no es competente para fijar los servicios mínimos, argumentando el derecho a la huelga de este colectivo carece de base normativa.
El órgano de gobierno de los jueces, que descarta además imponer sanciones disciplinarias a quienes participen en la protesta, respondía de este modo a un requerimiento realizado desde el Ministerio de Justicia, que exigía un posicionamiento de cara a poder restar a los huelguistas la parte correspondiente de la nómina por ausencia injustificada a sus puestos de trabajo.
La Asociación Profesional de la Magistratura, Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales mantienen, sin embargo, que el derecho de huelga es un derecho fundamental que se ejerce de manera individual y no cabe interpretación restrictiva. «La ausencia de normativa específica de desarrollo no supone su exclusión», aducen en un comunicado remitido este viernes.
Además, frente a quienes sostienen que esta huelga carece de efectos económicos, las asociaciones recuerdan que «el ejercicio de este derecho conlleva una pérdida retributiva proporcional», es decir, asumen que Justicia detraerá parte de su salario. Por otra parte, el Comité de Huelga ha establecido los servicios mínimos, tal y como establece la ley cuando el empleador (en este caso el Consejo del Poder Judicial y a Fiscalía General del Estado) no los fija. Estos servicios respetan los criterios que ayer, pese a rechazar fijarlos, fueron definidos por el propio Consejo.
Motivos de la protesta
Las asociaciones convocantes señalan que reformas anunciadas minarán la independencia judicial y, con ello, el Estado de Derecho. Entre sus principales críticas están el «riesgo de selección ideológica de los futuros jueces y fiscales» y que se «va a rebajar la excelencia de conocimientos en el acceso a las carreras judicial y fiscal, eliminando contenido esencial para la formación e introduciendo pruebas más subjetivas y susceptibles de filtración». Discrepan también de los planes del Ejecutivo para regularizar a los jueces sustitutos y ampliar el número de los juristas que acceden por el denominado cuarto turno.
Jueces y fiscales mantienen las protestas / EP
Pese a las protestas de jueces y fiscales, el Gobierno asegura que seguirá adelante con la tramitación parlamentaria de las reformas del acceso a las carreras judicial y fiscal y de la propia Fiscalía. El ministro señaló que «hay una mayoría parlamentaria a favor de modernizar la Justicia» y ha confiado en que «mañana será un consenso» porque «la ley amplía y fortalece la carrera judicial y fiscal y garantiza la independencia del Poder Judicial». Con todo, expuso su «máximo respeto a la huelga convocada, por discutibles que sean los motivos».
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