Booking ha eliminado un total de 4.093 anuncios de alojamientos turísticos en España, la mayoría parte de ellos ubicados en las Islas Canarias, tras un requerimiento emitido por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.
En un comunicado, el Ministerio de Pablo Bustinduy informa de que ha enviado un primer requerimiento a Booking para informar a la multinacional que había detectado publicidad que incumplía la ley en su plataforma referente a este tipo de viviendas.
«Con esta acción, Consumo ha dado un paso más en su lucha contra la publicidad ilegal de pisos turísticos», señala Bustinduy, quien ha remarcado que esta lucha es decisiva para “poner coto a la proliferación indiscriminada de este tipo de alojamientos”.
A juicio de Bustinduy, esta supone una de las causas que hay tras las dificultades en el acceso a la vivienda que sufren miles de personas actualmente en España, especialmente en las zonas que reciben una mayor afluencia de turistas como es el caso de las Islas Canarias.
Además de en el archipiélago, Booking también ha eliminado anuncios que se localizaban en Asturias, Cantabria, Castilla y León, Navarra, La Rioja y Castilla-La Mancha.
Esta acción llega una semana después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid respaldara por segunda vez la orden que el Ministerio de Consumo impuso a la multinacional Airbnb para que retirara más de 65.000 anuncios ilegales.
Para Consumo, tanto los anuncios ilegales eliminados por Booking, como los denunciados a Airbnb, cometen una de tres posibles infracciones.
La primera es que los anuncios no incluyen el número de licencia o registro, algo obligatorio en varias normativas autonómicas, lo que supone la infracción más común en la publicidad que ha sido analizada.
En segundo lugar, los anuncios no indican la naturaleza jurídica de los arrendadores, de forma que se desconoce si los arrendadores son profesionales o particulares. Para el Ministerio se trata de «una cuestión que resulta fundamental para saber si quien contrata está protegido como consumidor o no».
Y, en tercer lugar, los anuncios incorporan números de licencia que no corresponden a los expedidos por las autoridades, práctica que «puede inducir a error o a engaño» a los consumidores.
