El PP quiere blindar la competencia estatal sobre los habilitados nacionales. Considera que estos funcionarios son «esenciales» para garantizar «la legalidad y la transparencia» en los ayuntamientos de toda España.
La iniciativa llega en un momento de máxima presión para el Ejecutivo. Pedro Sánchez y su entorno están cercados por una oleada de casos de corrupción.
En este contexto, Junts ha exigido al PSOE la consumación del traspaso de los habilitados nacionales, dentro de las condiciones impuestas para mantener su apoyo parlamentario.
Ahora, el partido de Carles Puigdemont reclama «garantías» para asegurar la «viabilidad de la legislatura».
Los populares denuncian que el Gobierno está dispuesto a entregar el Estado «a trocitos» a los independentistas a cambio de permanecer en la Moncloa.
Alicia García, portavoz popular en el Senado, alerta de que esta cesión supone «un grave riesgo para la imparcialidad y la independencia de los interventores».
Recuerda García que el Tribunal Constitucional ya sentenció en 1983 que la selección de estos funcionarios es «competencia exclusiva del Estado».
Garantía del orden jurídico
Los habilitados nacionales —secretarios, interventores y tesoreros— son funcionarios de Administración local, pero su habilitación la da el Estado.
Tienen funciones reservadas de fe pública, asesoramiento legal, control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria. También se encargan de la contabilidad, la tesorería y la recaudación en las entidades locales de todo el país.
Su unidad garantiza la observancia del ordenamiento jurídico en todo el territorio nacional. El sistema estatal asegura, argumenta el PP, una «mayor imparcialidad» porque aleja la selección de estos funcionarios de los poderes autonómicos y municipales a los que deben controlar.
«Así se evita cualquier influencia indebida» en el proceso de selección, como ya ocurrió en los últimos años de José Luis Rodríguez Zapatero en 2007. «Cientos de ayuntamientos se quedaron sin funcionarios, y la administración local estaba bloqueada», tras el traspaso de los habilitados nacionales decidido por aquel Ejecutivo socialista y rectificada por el del popular Mariano Rajoy en 2013.
El PP subraya que la descentralización y fragmentación de este cuerpo funcionarial «dificultaría la atracción de talento y la cobertura de vacantes», especialmente en los pequeños municipios. El partido recuerda que durante los años de aquel traspaso el resultado fue un fracaso porque «se deterioró el control económico y legal».
Protagonismo en 2017
El papel de los interventores fue clave durante el procés independentista de 2017. La labor de muchos de ellos impidió que decenas de ayuntamientos catalanes pusieran recursos públicos al servicio del referéndum ilegal.
Gracias a su actuación, se evitó el uso de instalaciones municipales y fondos locales para financiar la consulta promovida por Puigdemont y Oriol Junqueras. El PP insiste en que, sin ese control, se habría tenido «más facilidades para avanzar el golpe separatista».
Las principales asociaciones de habilitados nacionales —COSITAL, FEDECA y APSITAL— han mostrado, además, su rechazo a la transferencia. Consideran que supone «un retroceso» y «una amenaza para la eficacia y la transparencia de las administraciones locales». Critican que el Gobierno utilice a este colectivo como «moneda de cambio» en sus pactos políticos con el independentismo.
La proposición de ley registrada por el PP busca modificar la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local. El objetivo es blindar la competencia estatal sobre los habilitados nacionales y evitar cualquier cesión futura.
El texto defiende la unidad del cuerpo y reclama medidas para cubrir las vacantes existentes en la actualidad, especialmente en los municipios rurales. También pide «mejoras retributivas» para atraer y retener talento en los ayuntamientos pequeños.
El debate se celebrará en la Comisión de Entidades Locales del Senado. El PP cuenta con mayoría absoluta en la Cámara Alta, lo que garantiza la aprobación inicial de la iniciativa.
La portavoz García advierte que, si el Gobierno sigue adelante con el traspaso, el PP recurrirá la medida ante el Tribunal Constitucional. Y promete que, si Feijóo llega a la Moncloa, revertirá todas las cesiones a los separatistas.
El PP denuncia que Sánchez «está dispuesto a debilitar el Estado para mantenerse en el poder«. La formación popular sostiene que romper la unidad de este cuerpo de funcionarios perjudicará gravemente a los ciudadanos y a «la calidad democrática» del país.
