Carmen Gómez, exteniente alcalde y exconcejal de Aseo Urbano de Torrevieja, declaró este miércoles en el juicio en la que está acusada de prevaricación, que le explicó a un ejecutivo de Acciona, al que no pudo identificar por su nombre ante el tribunal de la Audiencia Provincial, que el plan de choque de limpieza de julio y agosto de 2019 que encargó a dedo a esta empresa (valorado en un presupuesto en 256.000 euros) debía ser gratis. Su argumento fue que otros servicios similares realizados por la misma mercantil con anterioridad, habían sido facturados en el ámbito del servicio ordinario y no deberían costarle nada a los vecinos de Torrevieja, especialmente si la prestación trataba de resolver un problema de limpieza en las urbanizaciones en plena temporada alta.
Estas declaraciones de Gómez contradicen la versión de todos los testigos llamados a declarar en el juicio que se ha celebrado en la sección XI de la Audiencia Provincial con sede en Elche, entre ellos técnicos municipales y ejecutivos de Acciona. También difiere de lo que figura en la causa y del anuncio público del plan de choque en el que la propia concejala admitía el importe mensual de la prestación y que no tenía contrato.
Pena
La Fiscalía pide una pena de 12 años de inhabilitación para cargo público por un delito de prevaricación a la exregidora, petición en la que se ratificó este miércoles en sus conclusiones finales. , y en las que señaló que el juicio oral, las declaraciones y las pruebas documentales en la fase instrucción, prueban ese delito porque la exconcejal «ordenó» el servicio sin pedir informes, sin contar con consignación presupuestaria, ni informe jurídico favorable y finalmente sin contrato, y pese a una advertencia primero verbal, y luego por escrito, del técnico supervisor del servicio de recogida basura de que debería poner en marcha un concurso público.
Un testigo propuesto por la defensa que ahora es Técnico de Administración General y en 2019 ejercía de funcionario auxiliar temporal en el área de Alcaldía señaló que firmó el recibí del informe de este técnico y lo derivó a la secretaria del alcalde. La acusada asegura que nunca lo recibió.
«Radiar» el supuesto delito
Además, el Ministerio Público pidió el visionado de más de casi un cuarto de hora de rueda de prensa de Eduardo Dolón, al que Gómez eximió de cualquier responsabilidad de la «idea» del plan de choque en fase de instrucción, anunció junto a la inculpada esa iniciativa y en la que el Ministerio Fiscal señaló que, a su juicio, «se radiaron» las supuestas irregularidades que se estaban cometiendo para llevar a cabo el plan de choque, cuando Gómez y el alcalde Dolón citaron el importe de la prestación y que se iba a hacer sin contrato.
Quien fuera durante seis años concejala de Aseo Urbano, Contratación, Personal y Parques y Jardines en el equipo de gobierno del Partido Popular liderado por el actual alcalde aseguró que nadie de Acciona llegó a reclamar el pago de los 256.000 euros en los que se estimó el precio del servicio (IVA incluido).
Reclamar
Sin embargo, en la vista oral de este miércoles, en la que el juicio tras tres sesiones quedó visto para sentencia , un exresponsable de la contrata y otros dos ejecutivos actuales de la multinacional señalaron que el objetivo de cualquier empresa es reclamar por los servicios prestados y no cobrados y que en este caso así se hizo en varias ocasiones sin recibir respuesta.
Uno de ellos señaló que se abordará en la liquidación del anterior contrato que se prolongó entre 2004 y 2016 y que tres años después de adjudicarse el nuevo servicio, también a Acciona, y tras un primer intento en 2018, no se ha llevado a cabo por la empresa y el Ayuntamiento.
El Fiscal Anticorrupción apuntó a que Gómez «reculó» y no tramitó el abono que le reclamaba la empresa multinacional tras comenzar la oposición del PSOE y Los Verdes en aquel momento a preguntar por este plan de choque sin contrato.
Prioridad
La defensa de la concejala señaló que la prioridad del plan de choque era la limpieza de la ciudad en un momento en el que las deficiencias de recogida y limpieza eran muy evidentes, en el verano de 2019, y asimiló la iniciativa, totalmente extraordinaria y que vino de la mano del cumplimiento de una promesa electoral, según reiteró por su parte la Fiscalía, a un servicio esencial como el aseo urbano y la recogida diaria basura.
El letrado defensor José Pedro González igualó la irregularidad del plan de choque, de carácter administrativo exclusivamente a otras muchas situaciones similares vividas en la prestación del servicio entre 2016 y 2022. Y recordó que, al contrario que de lo que ha hecho en otras muchas ocasiones en los últimos 20 años, Acciona, que volvió a adjudicarse la contrata por 400 millones de euros y 15 años en 2022, tampoco ha reclamado el importe del plan de choque por la vía contencioso-administrativa.
Sobre todo insistió en sus conclusiones en igualar el encargo a dedo del contrato del plan de choque con el resto de irregularidades en la prestación de recogida de basuras y limpieza viaria, que consideró de índole administrativa, por un periodo en el que el Ayuntamiento, hasta que resolvió la adjudicación del nuevo contrato de basuras, desembolsó hasta 100 millones de euros y con continuos informes de reparo. También bajo mandato del alcalde de izquierdas José Manuel Dolón.
Para sostener esta afirmación se hizo eco de un decreto de archivo de la Fiscalía Anticorrupción de un procedimiento en el que se investigó ese periodo por la Fiscalía. Señaló que para que haya prevaricación debe haber una actitud manifiesta y descarada de actuar en contra de la legislación y no es el caso.
El letrado evitó en sus conclusiones analizar la rueda de prensa y las propias declaraciones de este mismo jueves de su defendida sobre el supuesto encuentro con un ejecutivo de Acciona en el que se trató que no reclamaran el importe.
Como argumento fundamental en su defensa el letrado mostró el antes y después tras la limpieza de muchas zonas de Torrevieja
¿Dónde está la factura?
La Fiscalía señaló que Acciona realizó un presupuesto e incluso presentó una factura proforma de la prestación, según figura en la documentación que el Ayuntamiento tuvo que aportar a la denunciante, la exconcejala socialista Fanny Serrano. Sin embargo, cuando la Fiscalía solicitó la misma documentación al Ayuntamiento el presupuesto estaba la factura desapareció.
Anticorrupción pedirá la apertura de diligencias para que se investigue la filtración de un decreto de archivo reservado de la Fiscalía
El Ministerio Público anunció en la exposición de sus conclusiones que va a instar a la dirección de la Fiscalía a abrir diligencias para averiguar cómo el decreto de archivo de las irregularidades en la contrata de la recogida de basuras investigadas por Anticorrupción para el periodo comprendido entre 2016 y 2022 ha llegado a manos de la defensa letrada de una acusada en una causa de corrupción.
El fiscal advirtió que el tribunal no debería tener en cuenta este decreto de archivo, no solo por cómo ha accedido la defensa a su contenido, sino porque en ningún caso aborda el caso de prevaricación que se ha estado enjuiciando en las últimas semanas.
En ese decreto de archivo basó José Pedro González buena parte de sus conclusiones finales para igualar la irregularidad del plan de choque al resto de las vinculadas con el servicio de basuras y sostener que no hay delito. El uso de este decreto por parte de la defensa y su insistencia en los argumentos del propio fiscal para exculpar a Gómez provocaron un desencuentro entre letrado y fiscal del que el abogado tuvo que pedir disculpas, tras mediar el tribunal formado por tres magistradas.
Gómez se extendió en su turno de última palabra para reiterar su inocencia y cuestionar las declaraciones de varios testigos. Además de citar una frase del informe del propio fiscal Anticorrupción en la que se archivaba una causa relacionada con la investigación de la contrata de las basuras para reclamar su absolución.
La exconcejala, obligada a dimitir tras confirmarse la apertura de dos juicios contra ella por su gestión en el Ayuntamiento, ya fue juzgada hace un mes por otro tribunal en la Audiencia Provincial por un caso de supuesta prevaricación en la que se pide una pena de 11 años de inhabilitación para ejercer cargo público por el encargo de suministros y obras por valor de más de cien mil euros sin contrato para un taller de empleo en el parque de La Siesta.
La defensa de Gómez precisa que la Fiscalía nunca afirmó que el plan de choque se pagara con actulizaciones de precios a Acciona
El letrado de la defensa de la exconcejala Carmen Gómez señaló a INFORMACIÓN que la afirmación atribuida en este medio en la primera sesión del juicio a la Fiscalía Anticorrupción de que el tribunal había aceptado nueva documentación en la que se indicaba que el plan de choque se pagó de alguna forma con la aprobación de la actualización de precios a Acciona con carácter retroactivo con la llegada a la alcaldía de Eduardo Dolón es incorrecta y nunca se produjo realmente en esa vista, ni se sugirió por parte de la Fiscalía.
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