La mayoría progresista del Tribunal Constitucional se ha posicionado este miércoles a favor de declarar que la ley de amnistía es constitucional. El Pleno extraordinario ha dado por concluido el debate sobre todos los motivos presentados en el recurso del PP contra la norma, según han señalado a EL PERIÓDICO fuentes jurídicas. Se trata de la historia de una decisión anunciada, lo que no ha restado seriedad y formalidad al debate jurídico en el que participan diez de los magistrados del órgano, según las mismas fuentes.
El bloque progresista, que integran un total de seis magistrados, coincidió el lunes en rechazar la posibilidad de un planteamiento de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea –una postura que será reflejada en la sentencia– y este martes la misma posición mayoritaria coincidió en rechazar, en abstracto, que la Constitución española prohíba la amnistía, lo que despeja el camino al legislador.
Las fuentes consultadas señalan que a lo largo de estos días se ha ido introduciendo «numerosos cambios» en la argumentación de la ponencia realizada por la vicepresidenta Inmaculada Montalbán, si bien los añadidos no afectan al fondo. Además de la cuestión principal, los magistrados comenzaron ha abordar este miércoles otras cuestiones menores –se prevé estimar algunos motivos del recurso, de carácter no esencial– y lo previsto es que las diferentes argumentaciones queden refrendadas en una votación de seis a cuatro.
Debate terminado
El debate se organizó por bloques temáticos y ya ha concluido en su totalidad, por lo que la jornada de mañana se reserva a revisar los últimos cambios en el texto y la votación en torno a las 11.00 horas. Tras ello, se conocerá lo fundamental de la sentencia y previsiblemente los cuatro votos discrepantes de los magistrados conservadores, según revelan las fuentes consultadas por este periódico. Han participado diez de los doce magistrados que constituyen el Pleno del órgano, por lo que se han cumplido las previsiones y es que una mayoría progresista de seis frente a cuatro la que se impone a la ponencia, a la que se han introducido los cambios argumentativos.
La ponencia que ha sido refrendada rechaza que la norma que salió del parlamento sea arbitraria y considera razonable y coherente la explicación del legislador para decretar el perdón a los implicados en el procés independentista catalán, cuyo fin es paliar los efectos de dicho proceso y «conseguir una mayor paz ciudadana, mediante la reducción de las sanciones». Agrega, en todo caso, que se trata de una medida «extraordinaria» aplicable a circunstancias excepcionales como los «procesos de reconciliación nacional» o motivos humanitarios, y que no supone el olvido de los hechos, sino la extinción de sus consecuencias jurídicas.
No han han participado en el debate ni el magistrado Juan Carlos Campo, que se apartó voluntariamente de todos los asuntos relacionados con el perdón a los hechos relacionados con el 1-0 dada su condición de exministro de Justicia y tampoco el magistrado conservador José María Macías, al aceptarse la recusación presentada por la Fiscalía. Entiende el Ministerio Púbico que Macías está contaminado para fallar sobre la amnistía porque como vocal del anterior Consejo General del Poder Judicial informó sobre la ley en el marco del trámite parlamentario.
