El Partido Popular ha llevado hasta la sesión de control al Gobierno de este miércoles la denuncia que EL ESPAÑOL ha interpuesto contra el Gobierno de Pedro Sánchez ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU por retirar publicidad institucional como castigo por «su línea editorial».
Ha sido el diputado Jaime de los Santos González, en su turno de pregunta, el que ha trasladado esta cuestión a un pleno bronco en el que no ha estado presente Sánchez, de viaje en La Haya para participar en la cumbre de la OTAN.
De los Santos, durante su pregunta parlamentaria a la ministra portavoz Pilar Alegría, ha afirmado que el Gobierno «no ha conseguido asfixiar a los medios de comunicación por más que lo haya intentado» tras la falta de transparencia en la gestión de la publicidad institucional que ha denunciado EL ESPAÑOL, que considera que se ha repartido de manera arbitraria y siguiendo criterios ideológicos.
«Se han reído de ellos y han tratado de asfixiarlos económicamente», ha criticado el diputado popular, que desde su escaño no ha dudado en llevar hasta la Cámara Baja la denuncia que este medio ha interpuesto contra el Gobierno por retirarle la publicidad institucional
«EL ESPAÑOL ha denunciado al Gobierno ante la ONU por sus técnicas mafiosas», ha dicho.
También ha dicho que a otros medios, como El Confidencial, «le han quitado toda la publicidad institucional» y que, incluso, el Gobierno ha presionado a empresas privadas «para que hicieran lo mismo».
De los Santos considera que esta discriminación está dirigida contra medios «que ponen negro sobre blanco» y publican informaciones que demuestran que este Gobierno «es una mafia dirigida por Sánchez que no hace otra cosa más que mentir».
La denuncia de EL ESPAÑOL
La empresa editora de EL ESPAÑOL ha denunciado al Gobierno ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU por vulnerar el derecho a la información de sus lectores y los de otros medios críticos, mediante el reparto arbitrario y discriminatorio de la publicidad institucional.
Según el informe alternativo presentado por la firma International Human Rights Legal (IHR Legal), nuestro periódico está siendo “castigado” por el Gobierno con una drástica disminución de la inversión publicitaria.
De hecho, EL ESPAÑOL, siendo el diario más leído en España, tuvo una reducción de 64,7% en sus ingresos por publicidad institucional en el 2024.
Esta disminución se ha producido tras la publicación en EL ESPAÑOL de denuncias y revelaciones sobre los casos de corrupción que afectan al jefe del Gobierno, sus familiares y sus más estrechos colaboradores.
Según el informe de IHR Legal este “castigo”, aplicado también a otros medios críticos, se está produciendo bajo la aparente cobertura del Plan de Acción para la Democracia, impulsado por Sánchez en 2024.
Ese Plan fue el fruto de sus cinco días de reflexión tras la imputación de su esposa Begoña Gómez en un presunto caso de tráfico de influencias. Tras esa reflexión, el presidente dijo que este plan se dirigía a combatir a los «pseudomedios» que forman parte de «una máquina de fango» dirigida a deshumanizarlo con bulos y desinformación.
Este informe de IHR Legal denuncia la falta de transparencia en la gestión de la publicidad institucional, “pese a la existencia de disposiciones legales que ordenan su publicación y acceso público”.
En concreto sostiene que el Gobierno “no ha divulgado de forma clara, completa y actualizada la información relativa a la adjudicación de publicidad institucional, omitiendo además dar respuesta a solicitudes formales de información presentadas por medios de comunicación y actores interesados”.
Esta situación resulta particularmente grave dado el incremento histórico del gasto en publicidad institucional y las denuncias sobre su uso discriminatorio para beneficiar a medios afines al Ejecutivo y marginar a aquellos críticos de su gestión.
Anteriormente, el reparto de publicidad institucional se basaba en criterios técnicos, como el público objetivo y el ranking de audiencia de GfK DAM, medidor oficial de audiencias en España.
Particularmente desde 2024, diferentes medios como El Confidencial, The Objective, Dircomfidencial y EL ESPAÑOL han denunciado que se han utilizado otros criterios, como la tasa de rebote o el tráfico directo a las páginas de inicio de los periódicos.
Según el informe IHR Legal, esto “podría estar dirigido a perjudicar a los medios de comunicación críticos al Gobierno y favorecer a los afines”, que es lo que EL ESPAÑOL ha denunciando ante la ONU.
