Primero fue el Archivo General de Navarra, luego el ecoducto de Etxarri, después las curvas de Leitza y, finalmente, los túneles de Belate. A lo largo de una década, todas las obras públicas con nombre de novela negra han pasado por las manos de un mismo funcionario: Jesús Polo Soriano, ingeniero de carrera, jubilado por derecho y activo por decreto.
Polo es uno de esos perfiles que sólo se explican en Navarra. Un septuagenario indultado por el BOE que, según la ley foral, debería estar en su casa viendo reposiciones de El hombre y la Tierra, pero que siguió firmando adjudicaciones, sorteando leyes y dejando a su paso informes demoledores. En una administración gobernada por jóvenes promesas socialistas, Polo era la excepción canosa que nadie se atrevía a tocar.
Para entender el caso hay que rebobinar hasta 2014. Polo regresó a la Administración tras años fuera, se jubiló y volvió. Desde entonces ha sido jefe de Seguridad en la Construcción del Gobierno navarro, director del Servicio de Nuevas Infraestructuras y presidente de las mesas de contratación que más dinero han movido en la historia de la comunidad. Nada mal para un funcionario que, según la ley, debería haberse despedido con tarta y reloj de oro al cumplir los 70.
Pero la suya no ha sido una jubilación corriente. Polo no se fue: lo retuvieron. Como si fuera el Messi del asfalto, alguien en la Administración decidió que prescindir de él era un lujo que Navarra no podía permitirse. Y cuando la ley dijo basta, la política respondió: «No pasa nada, se cambia».
El truco fue burdo, pero eficaz. Y reincidente. Hasta en tres ocasiones, el Gobierno de María Chivite modificó la legislación a medida de forma que Jesús Polo Soriano pudiera seguir en activo más allá de los 70. La última vez fue en 2023, camuflada en la Ley de Medidas Fiscales:
«De manera excepcional, se autoriza la permanencia en el servicio activo por encima de los 70 años […] por necesidades del servicio, falta de profesionales, complejidad técnica de los proyectos u obras de ejecución inmediata […] razones en todo caso debidamente justificadas», dice la disposición final tercera de dicha norma.
Eso fue en la Ley de Medidas Fiscales, pero las veces anteriores la jugada se incluyó en dos Presupuestos generales de Navarra, firmados en 2021 y 2022. La letra pequeña de aquellas leyes la firmaba Elma Saiz, entonces consejera de Hacienda, hoy ministra de Seguridad Social. Y sí, no es broma: la responsable de gestionar las pensiones se encargó de que un funcionario no se jubilara.
La justificación oficial cita «falta de profesionales» y «complejidad técnica», como si Polo fuera el último ingeniero vivo en Navarra o el único que supiera cómo se licita una carretera. La realidad, sin embargo, se desmorona a poco que uno lea los informes internos.
Según la Intervención Delegada, los proyectos dirigidos por Jesús Polo y su superior, Pedro A. López Vera, adolecían de «carencias repetidas», «errores previos a la licitación» y fallos sistemáticos que se traducían en sobrecostes y retrasos.
Tomemos como ejemplo el ecoducto de Etxarri Aranatz, una especie de paso de fauna al que sólo le faltaban los semáforos para jabalíes. El proyecto, según la Intervención, arrastraba errores de bulto desde el principio. Lo mismo ocurrió con la carretera Leitza-Goizueta, otro monumento al ya se arreglará. En ambos casos, los técnicos pidieron más supervisión previa y menos chapuza posterior con un párrafo idéntico:
«Dado que estas carencias se vienen manifestando en varias de las obras licitadas últimamente por el Servicio de Nuevas Infraestructuras, esta Intervención Delegada insta a la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras [diriga por Polo] a que establezca los mecanismos necesarios para que los proyectos sean debidamente supervisados previamente a la licitación de las obras correspondientes con el fin de evitar modificaciones no deseadas en fase de ejecución de las obras».
O, traducido al cristiano: «Como lleváis tiempo cometiendo los mismos fallos en varias obras, os pedimos que reviséis bien los proyectos antes de sacarlos a concurso, que al final siempre acabamos corrigiendo las cosas a mitad de obra y gastándonos el dinero en tonterías evitables».
Y luego está el túnel de Belate.
Aquí la historia se retuerce aún más. Polo no sólo presidió la mesa de contratación que adjudicó la obra, sino que lo hizo en virtud de la disposición legal diseñada ad hoc para que pudiera seguir en el cargo. A esa adjudicación se refirió como «preocupante» la directora de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción, Edurne Eginoa, en una entrevista en Diario de Navarra el año pasado.
Preguntada por la que todavía es la obra pública más costosa de la última década en Navarra, Eginoa dejó caer que, bueno, quizá hubiera algún conflicto de intereses. No lo dijo con todas las letras, pero el subtexto era más claro que un acta de replanteo.
Porque sí, también hubo actas. La del Archivo General de Navarra —la primera gran obra en esta saga, en 2017— ya avisaba de problemas al inicio. La constructora, la UTE Acciona-Servinabar que ahora sale en los papeles de la UCO, pidió ampliar plazos y suspender trabajos.
El Gobierno de Uxue Barkos se negó. Pero bastó un cambio de legislatura para que todo se reconsiderara. Con Chivite en el poder el recurso del constructor fue estimado, se concedió una prórroga y se sumaron 467.921,91 euros al presupuesto. Un bonito gesto hacia una empresa que, casualmente, también tenía obra en Belate.
A esas alturas, Polo ya era un veterano indiscutible del barro administrativo. Lo nombraron director de Nuevas Infraestructuras en noviembre de 2019, justo después del cambio de criterio en la obra del Archivo. Con López Vera en Obras Públicas y él en Infraestructuras, formaban una pareja de técnicos de libre designación que acumulaba competencias y críticas. Pero ahí seguían.
El misterio de su longevidad administrativa sólo lo resuelve una mezcla de pragmatismo político, falta de control y ese tipo de inercias que convierten a ciertos funcionarios en tótems inamovibles. ¿Quién se atreve a relevar al ingeniero que lo sabe todo? ¿Quién quiere asumir la responsabilidad de los proyectos a medias? Más fácil es maquillar las leyes, añadir una disposición y dejarlo estar. Así lo prueban las decenas de obras que ha presentado a lo largo de los años.
Todo indica que Polo ya ha dejado el cargo, tras agotar en 2024 su tercera prórroga excepcional. Esta vez sin disposiciones camufladas, sin nuevas justificaciones «de suma trascendencia para el desarrollo territorial» y, sobre todo, sin ruido. Se fue como había trabajado: sin dar explicaciones, sin rueda de prensa y sin nadie que pregunte en voz alta por qué un funcionario superó tres veces su edad de jubilación legal para seguir firmando proyectos cuestionados por los órganos de control.
Que sepamos, no era un corrupto. Sólo un ingeniero que no supo irse a tiempo y una Administración que, por comodidad o por cálculo, prefirió retenerlo. Una historia que no necesita adornos para ser inquietante: basta con mirar las curvas de Leitza, los túneles de Belate o cualquier otro lugar donde una obra pública se alargó, se encareció y acabó en los papeles de la Guardia Civil. Allí, en el trazado irregular de las decisiones técnicas convertidas en doctrina política, sigue apareciendo su nombre.
