La imagen ya forma parte de la hemeroteca de la corrupción de nuestro país. Poco después del mediodía de este viernes, 20 de junio de 2025, varios agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entraban en la sede del PSOE para seguir rastreando indicios de delitos económicos relacionados con el caso Cerdán.
Técnicamente, no se trataba de un registro, sino de un requerimiento por parte del juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente para clonar el correo electrónico del exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán.
La Guardia Civil también accedió este viernes al Ministerio de Fomento, la sede de ADIF y la Dirección General de Carreteras.
Pero la imagen es más potente que el lenguaje jurídico. En las fotografías, almacenadas ya en el archivo histórico de la corrupción patria, se ve a tres de estos agentes, cargados con mochilas y maletines, junto a las siglas del PSOE.
La escena retrotrae, inevitablemente, a 1992, la última vez que las autoridades irrumpieron en la sede de Ferraz para obtener información relevante contra la corrupción.
Ocurrió el 18 de noviembre de aquel año, cuando una comisión judicial accedió al cuartel general de los socialistas, a instancias del juez del Supremo Marino Barbero, para incautarse de documentos relativos a la contabilidad del partido.
Los agentes estuvieron en Ferraz cerca de siete horas, según las crónicas de la época, en una operación enmarcada dentro del caso Filesa.
El secretario de organización socialista del momento, Txiki Benegas, y el responsable de finanzas del partido, Francisco Fernández Marugán, mostraron su «disconformidad» con las actuaciones y accedieron a colaborar sólo a regañadientes.
El juez Marino Barbero, en una imagen de archivo.
Pero su escaso entusiasmo con la decisión del juez Barbero no fue nada comparado con el alud de presiones que recibió por parte de dirigentes socialistas.
La crítica más desmedida fue la del histórico líder extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que lo llegó a comparar con ETA «por querer participar en la vida política sin pasar por las urnas».
El magistrado ya había procesado a 39 personas y en 1995 pidió el suplicatorio del exvicepresidente y aún entonces todopoderoso Alfonso Guerra, por su supuesta implicación en el caso Filesa.
Fue entonces cuando arreciaron los ataques por parte del poder político, por lo que Barbero pidió amparo al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que se lo denegó.
Dolido y desamparado, el juez decidió retirarse de la magistratura en ese mismo momento, antes incluso de que hubiera una sentencia.
La victoria moral le llegó dos años más tarde, en 1997, cuando un tribunal condenó a ocho personas -entre ellas, tres cargos socialistas- y acreditó que el PSOE se había estado financiando de forma ilegal.
La instrucción del juez Barbero sirvió para demostrar la existencia de una serie de contratos públicos inflados por los que miembros del Partido Socialista recibían comisiones.
Ahora la situación es diferente, ni esa financiación ilegal está acreditada ni la clonación del correo electrónico de Santos Cerdán alcanza por el momento la magnitud de la instrucción del caso Filesa.
Si bien, se trata de uno de los momentos más impactantes para la opinión pública desde que estalló el escándalo por el informe de la UCO que vincula a Cerdán en una red de mordidas.
Los casos del PP
Aunque la sede del PSOE no es la única que ha recibido la visita de agentes en busca de información comprometedora. El 19 de diciembre de 2013 varios efectivos de la Policía Nacional entraron en las oficinas del PP para buscar información sobre la trama Gürtel.
En esa ocasión, fue el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz quien ordenó ese registro, orientado a buscar documentos sobre las obras de reforma de la propia sede del partido entre 2005 y 2011, con la intención de averiguar si se pagaron con dinero negro.
Varios agentes de la Policía Nacional, en un registro a la sede del PP el 13 de diciembre de 2013.
Más tarde, el Supremo confirmó que esos trabajos se pagaron con cantidades procedentes de una caja B del Partido Popular.
La Gürtel fue la tumba del PP, pero durante el mandato de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno, los populares también tuvieron que hacer frente a otras tramas, como la Operación Púnica.
Otro caso por el que la UCO entró en el edificio de la calle Génova en febrero de 2016, siguiendo las instrucciones del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, para hallar indicios de corrupción en la facción madrileña del partido.
Aquella fecha los agentes registraron la sede del PP y el despacho del constructor Javier López Madrid, directivo de la constructora OHL.
Cerca de medio centenar de personas, entre políticos -la mayoría del PP-, funcionarios y empresarios, fueron detenidos hace más de una década, aunque el proceso judicial continúa abierto.
