El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, instructor del procedimiento que se sigue contra el exministro y diputado José Luis Ábalos, ha autorizado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a acudir a la sede del PSOE en la calle Ferraz, de Madrid, para clonar el correo electrónico de Santos Cerdán, secretario de Organización del partido hasta el pasado jueves.
En una resolución conocida hoy, el instructor requiere al PSOE para que facilite a los agentes de la UCO la entrada en su sede para proceder al acceso y grabado de los contenidos de la cuenta de correo electrónico corporativa de la que Cerdán disponía en el partido.
También deberá facilitarse por el PSOE a la UCO el clonado de cualquier otra cuenta corporativa de correo empleada exclusivamente por Santos Cerdán.
Puente, sin embargo, ha denegado la petición de las acusaciones populares, unificadas en el PP, de acordar la entrada y registro en el PSOE y el domicilio de Cerdán.
Se trata de una diligencia que, «limitativa de derechos, no se considera útil en este momento», explica el instructor.
A su juicio, el riesgo de destrucción de pruebas «no se conjuraría de acordarse ahora la diligencia interesada, resultando para el investigado en extremo previsible, en particular cuando, como la propia acusación popular sugiere, ha tenido aquél, ya varios días atrás, conocimiento previo y cumplido de la existencia de la investigación».
La extensa resolución del instructor es su respuesta al informe de la UCO del pasado 5 de junio, en el que se pusieron de manifiesto graves indicios contra el exsecretario de Organización del PSOE, se incrementaron los que ya pesaban sobre Ábalos y su asistente, Koldo García, y se apuntó a la presunta responsabilidad penal de varios empresarios.
Otra imagen de los agentes de la UCO en Ferraz.
Efe
Las cuentas de Cerdán
Tal como pidió la UCO, el juez autoriza a los agentes a investigar cuentas y productos bancarios en los que Cerdán figure como titular, autorizado o representante, con exclusión de las vinculadas al PSOE y a la Fundación Pablo Iglesias, así como bienes inmuebles o vehículos.
También se va a requerir la información tributaria del investigado para conocer su situación financiera y la evolución de la misma.
La investigación de cuentas bancarias se extiende a cuentas y productos bancarios de cinco empresarios, que además son citados como investigados, y de sus empresas. El número de cuentas bancarias que se van a investigar son cerca de 500.
El instructor también requiere al ministro de Transportes, Óscar Puente, para que facilite a los agentes de la UCO el acceso y clonado de los contenidos de la cuenta de correo electrónico corporativa de uso personal exclusivo del exministro Ábalos.
El magistrado señala que, conforme al informe de la UCO de 5 de junio, dicho correo habría sido facilitado por éste a Koldo García para que dirigiera a dicha dirección telemática ciertas comunicaciones relevantes.
La resolución recoge una batería de diligencias a raíz del informe de 5 junio y una vez que Santos Cerdán renunció al acta de diputado y, por tanto, a su aforamiento.
En primer lugar, indica que su declaración ya no será voluntaria, sino que será “preceptiva y en calidad de investigado (…), teniendo lugar tras la misma, comparecencia al efecto de ponderar la adopción de medidas cautelares de naturaleza personal respecto a él”.
Puente pospone la fecha de la declaración, tal como había solicitado la defensa, y la vuelve a señalar el 30 de junio para que su nuevo abogado tenga tiempo para desarrollar su defensa eficazmente.
El juez explica que la competencia del Tribunal Supremo para investigar estos hechos se sustenta en el aforamiento de Ábalos como diputado, que extiende su jurisdicción a todas las personas a las que se les imputaran hechos inescindiblemente vinculados a los atribuidos al exministro.
Considera que éste es el caso de Santos Cerdán quien, conforme resulta de los «consistentes indicios» recogidos en el informe de la UCO, “pudiera haber participado, actuando de consuno con el aforado, en la percepción de premios económicos a cambio de concesiones irregulares de obras públicas, al punto que pudiera ser éste, don Santos Cerdán quien se encargara de distribuir entre los diferentes partícipes las cantidades recaudadas”.
Cinco empresarios investigados
El instructor ha citado entre el 4 y el 7 de julio, en la condición de investigados, a cinco empresarios a los que la UCO apuntaba en su informe: Antonio y Daniel Fernández Menéndez, Fernando Agustín Merino Vera, José Ruz Martínez y Joseba Antxon Alonso Egurrola.
Son quienes “en su condición, al menos, de administradores de hecho de determinadas entidades mercantiles, habrían podido intervenir en la indebida adjudicación en favor de éstas de concretas obras públicas a cambio de precio”.
Añade el juez que “tratándose de personas que, siempre en los términos indiciarios que corresponden a la fase procesal en la que nos encontramos, pudieran haber participado en la realización de pagos que, en parte, habría podido recibir la persona aforada en esta causa especial, la conducta de aquellos aparecería también indisociablemente unida a la de éste, debiendo quedar incorporados, en la referida condición de investigados, a la presente causa especial”.
Respecto a ellos, el juez también accede a la petición de la UCO de requerir la información bancaria con relación a las cuentas o productos que aparezcan a nombre de cualquiera de los mencionados investigados o al de las empresas Acciona Construcciones, LIC, OPR y Servinabar 2000, en cuyo beneficio podrían haber actuado, así como a nombre de Fiadelso, fundación estrechamente vinculada a la persona del aforado en esta causa.
Antxón Alonso es el administrador de Servinabar 2000, la empresa navarra que, en unión con Acciona, logró la adjudicación de contratos públicos que están bajo sospecha.
Merino, por su parte, fue empleado de Acciona. En los dispositivos intervenidos a Koldo García se han hallado mensajes suyos relacionados con las adjudicaciones que se investigan.
Indicios contra Pardo de Vera y Herrero
El instructor señala que el informe policial identifica también las obras que, durante el periodo en el que Ábalos fue ministro de Transportes, pudieron haber sido adjudicadas irregularmente.
Con el fin de profundizar en el modo en que se produjeron dichas adjudicaciones, Puente acuerda requerir a Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) y a la Dirección General de Carreteras para que le remita, en un plazo máximo de quince días, los expedientes de adjudicación de las obras bajo sospecha.
En concreto, solicita toda la documentación relativa a la licitación de cinco obras a ADIF (San Feliú de Llobregat, El Mayor, Murcia, Monforte y Asturias) y de seis a la Dirección General de Carreteras (Logroño, Sevilla, Asturias, Úbeda, Teruel, Camino de Santiago).
El magistrado explica que del informe de la UCO de 5 de junio resultan “indicios consistentes” respecto a que la entonces presidenta de ADIF Isabel Pardo de Vera y el exdirector general de Carreteras Javier Herrero “hubieran podido prestar, en el marco de las indebidas adjudicaciones”, asistencia a Ábalos, a través de Koldo, “para que las adjudicaciones proyectadas por ellos pudieran llegar a buen término”.
Ambos habrían «facilitado de manera inmediata la información conveniente que obraba en los diferentes expedientes, o la salida a licitación de otros, siguiendo las directrices que el ministro, a través de su asesor, les impartía».
Sin embargo, considera que las conductas de Pardo de Vera y Herrero, por ser instrumentales o accesorias a la finalidad esencial perseguida indiciariamente por el aforado Ábalos, no deben investigarse en el Supremo.
Por ello, acuerda deducir testimonio del informe de la UCO de 5 de junio al Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional para que resuelva, si lo considera justificado, investigar los hechos incluidos en el citado informe relativos a ambos.
