Tras conocerse ayer que solo ocho centros nuevos (de nuevo, todos concertados) se han sumado al plan de segregación lingüística en su segundo año de aplicación, el sindicato STEI denuncia que este proyecto se ha convertido en una «vía de financiación encubierta» para los centros concertados. Que solo 19 centros concertados (los once del curso pasado y los ocho nuevos) hayan pedido participa en esta segunda fase del proyecto es para el sindicato «un fracaso estrepitoso» .
Desde el STEI se acusa al Govern del Partido Popular de ceder ante las exigencias de Vox y de favorecer a la enseñanza concertada a cambio de apoyo político, sacrificando la presencia del catalán en las aulas. El sindicato denuncia que las patronales de la enseñanza concertada «hayan entrado en el juego» del conseller Antoni Vera a cambio de más ayudas y mejor financiación, «sacrificando la presencia del catalán en el sistema educativo». Acusa a estos sectores de «ser cómplices» de un ataque sin precedentes contra la normalización lingüística y el cumplimiento de la normativa vigente. Critica además que, en un sistema educativo con carencias evidentes, la Conselleria haya destinado «de forma irresponsable» 21 millones de euros a «empresas que hacen negocio con la educación» bajo el paraguas de este plan piloto.
La fuerza sindical lamenta que, en un contexto de carencias estructurales del sistema educativo, se destinen 21 millones de euros públicos a centros privados que, denuncia, «ya incumplen en muchos casos el Decret de Mínims». En ese sentido, califican el plan como «un experimento sin consenso ni fundamento pedagógico, alejado del interés general y concebido como un mecanismo de beneficio para unos pocos».
En el lado contrario, el STEI ha agradecido públicamente la actitud de la escuela pública, que no ha secundado el plan ni en Primaria ni en Secundaria, actuando «como un muro de contención» frente a los intentos de fragmentar el sistema educativo y debilitar el catalán. También ha elogiado la firmeza de los equipos directivos, docentes y comunidades educativas, destacando su compromiso con la lengua y la cultura propias de las Islas.
Por último, el sindicato exige a la Conselleri que dé marcha atrás en una iniciativa que consideran una maniobra política y un retroceso pedagógico, alejada de los principios de equidad y cohesión social.
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