Pedro Sánchez ha trasladado en privado a los socios de investidura la intención de continuar adelante con la legislatura, pero con el matiz de que dicha decisión dependía también de su voluntad. Podemos, cuyos cuatro votos son imprescindibles para la gobernabilidad, ni siquiera accedió a reunirse con el presidente del Gobierno en la ronda de contactos que convocó en La Moncloa con los responsables de los grupos que lo sostienen. Toda una declaración de intenciones que remató la líder del partido, Ione Belarra, al asegurar que la legislatura “está muerta” y que el “camino” tomado ahora por su formación pasa por “construir la alternativa a este Gobierno”. Los negociadores del Gobierno rebajan esta amenaza y piden mirar las votaciones, “los hechos”, para trasmitir que mantienen su apoyo, pero Podemos está actuando ya paralizando iniciativas cruciales para el Ejecutivo como la ley de movilidad sostenible o la propuesta para la regularización de migrantes.
El Gobierno tuvo que desconvocar a última hora la comisión de Transportes prevista para este jueves donde se iba a aprobar el dictamen de la ley de movilidad sostenible. Lo hizo, según fuentes del departamento que dirige Óscar López, tras retirarle Podemos sus apoyos. La norma es crucial para el ministerio de Transportes y los morados han alejado así su aprobación, dejándola en vía muerta.
En el Ejecutivo minimizaban este golpe de Podemos para remarcar que era una sola ley, en comparación con las que votaron junto a la mayoría de investidura en el pleno. Esto es, la ley para prohibir las asociaciones franquistas y el rechazo a la enmienda a la totalidad de Vox de la ley de Seguridad Social en relación a las mutualidades. Por ello, subrayan que lo importante es lo que voten y no lo que digan en público. Sin embargo, también se han bloqueado otras negociaciones que estaban en marcha con los morados tras el escándalo por el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) que ha situado al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en el centro de la presunta trama de corrupción junto al exministro de Fomento, José Luis Ábalos, y su asesor Koldo García.
Las conversaciones para sacar adelante antes del verano la propuesta del Gobierno para la regularización de migrantes están rotas. “Está todo bloqueado”, trasladan fuentes conocedoras de las negociaciones. Para el Ejecutivo se ha convertido en trascendental impulsar la iniciativa para la regularización de migrantes, varada desde hace un año en el Congreso, para parchear la ley extranjería y evitar que miles de personas puedan caer en la irregularidad. Por ello, fue Moncloa quien tomó las riendas, con varios ministros involucrándose en las negociaciones para buscar un rápido desbloqueo.
La intención del Gobierno para corregir estos fallos pasaba por propiciar antes de verano una regularización de migrantes que alcanzaría hasta casi medio millón de migrantes llegados a España antes del 31 de diciembre del 2024. Tanto los requisitos para la regularización (la ausencia de antecedentes penales por parte del migrante, la demostración de que reside en España desde antes del pasado 31 de diciembre y la certificación de la situación de vulnerabilidad) como el procedimiento en sí mismo quedarían regulados en un real decreto que deberá aprobarse en un plazo de seis meses desde que el Congreso dé el visto bueno a la iniciativa legislativa, algo que se esperaba entre junio y julio. El informe de la UCO lo ha cambiado todo, al menos de momento.
Entre algunos de los socios del bloque de investidura se impone la interpretación de que Podemos ha optado por emprender una estrategia electoralista centrada en su competición con Sumar por la hegemonía del espacio a la izquierda del PSOE. Unas posiciones por las que estaría elevando el tono y aprovechando la situación de debilidad del espacio de Yolanda Díaz en las encuestas y que podría acrecentarse por cogobernar con el PSOE con medio de los escándalos por corrupción en filas.
Guiño con el freno al gasto militar
Frente a las dudas de los socios, más allá de Podemos, Sánchez ha lanzado un mensaje de determinación. De su voluntad de seguir adelante y de dar un giro a la agenda social del Gobierno, como le reclaman, con su carta al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, trasladándole su oposición a la subida del gasto militar hasta el 5% del PIB en la cumbre de La Haya de la próxima semana. Lo hace justificando su rechazo, entre otras razones operativas y de esfuerzo previo, para sostener el Estado de bienestar. Una línea roja que también habían trasladado sus socios, especialmente Podemos.
«Ese nivel de gasto sería incompatible con nuestro Estado del Bienestar y con nuestra visión del mundo», arremete Sánchez en la carta. «Las intenciones son poderosas, pero rara vez prevalecen sobre la realidad empírica. Y la realidad empírica es que, para España, como para otros países de la OTAN, alcanzar un gasto del 5% será imposible salvo que se acepte aumentar los impuestos a la clase media, recortar servicios públicos y prestaciones sociales a los ciudadanos y reducir nuestro compromiso con la transición ecológica y la cooperación internacional para el desarrollo», contrapone.
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