El Gobierno de Reino Unido ha anunciado que, por primera vez, las fuerzas policiales estarán obligadas a recopilar datos sobre la etnia y nacionalidad de los sospechosos en todos los casos de abuso y explotación sexual infantil.
La medida se produce tras las contundentes conclusiones de la revisión independiente liderada por la baronesa Louise Casey, que identificó una «sobrerrepresentación» de hombres de origen asiático, particularmente de ascendencia pakistaní, entre los sospechosos en varias regiones del país.
El informe de Casey, basado en datos de áreas como Greater Manchester, West Yorkshire y South Yorkshire, ha subrayado las persistentes carencias en la recogida de datos a nivel nacional, como cuenta The Guardian.
Además, denunció que algunos organismos públicos optaron deliberadamente por no tener en cuenta la etnia de los delincuentes por miedo a ser acusados de racismo, lo que contribuyó a décadas de negligencia institucional.
“La ceguera, la ignorancia, los prejuicios, la actitud defensiva e incluso las buenas intenciones mal orientadas han jugado su papel en este fracaso colectivo”, afirmó la revisión.
La ministra del Interior, Yvette Cooper, presentó las medidas en el Parlamento británico, ofreciendo una disculpa incondicional a las víctimas en nombre de los sucesivos gobiernos.
“Estos hallazgos son profundamente perturbadores, pero lo más inquietante es que muchos no son nuevos. Hemos perdido más de una década y eso debe terminar ahora”, declaró.
Según Cooper, ignorar el problema solo ha permitido que las acciones criminales de una minoría sean utilizadas para estigmatizar a comunidades enteras.
“La gran mayoría de las personas de origen británico, asiático y pakistaní están horrorizadas por estos crímenes y apoyan que los responsables sean perseguidos con todo el peso de la ley”, añadió.
El Gobierno laborista, que ha aceptado las 12 recomendaciones de la revisión, se ha comprometido también a crear una comisión nacional de investigación con poderes estatutarios para revisar casos históricos de abuso en grupo.
Esta comisión, de carácter temporal, supervisará y coordinará investigaciones locales que hasta ahora se habían visto frenadas por la resistencia de algunas agencias locales.
El National Crime Agency (NCA), máximo organismo de investigación criminal en el país, liderará este esfuerzo nacional para reabrir casos previamente cerrados o insuficientemente investigados.
Hasta la fecha, más de 800 casos han sido identificados para su revisión formal, cifra que se espera supere el millar en las próximas semanas.
Entre las reformas legislativas adicionales figura la exclusión automática del sistema de asilo para cualquier persona condenada por delitos sexuales, después de que se detectaran casos de sospechosos que habían solicitado refugio en el país.
Asimismo, la legislación se endurecerá para que los hombres adultos que mantengan relaciones sexuales con menores de entre 13 y 15 años sean acusados con los cargos más graves de violación.
Cooper criticó abiertamente a las instituciones que durante décadas “miraron hacia otro lado” mientras menores de tan solo 10 años eran drogados, intoxicados con alcohol y brutalmente violados por redes de depredadores.
“Estos viles perpetradores, acostumbrados a que las autoridades no intervinieran, no deben tener ningún lugar donde esconderse”, afirmó.
El Ministerio del Interior también impulsará nuevas investigaciones sobre los factores culturales y sociales que alimentan la explotación sexual de menores, la misoginia y la violencia contra mujeres y niñas, con el objetivo de comprender y prevenir estos delitos en el futuro.
Este giro político llega tras meses de creciente presión pública y mediática sobre el Gobierno de Keir Starmer, que finalmente ha cedido a las demandas de las víctimas, organizaciones civiles y partidos de la oposición para abordar las fallas sistémicas en la protección de la infancia frente a las redes de abuso sexual.
