El pasado 8 de abril el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla, que investiga la causa abierta por los contratos de emergencia del SAS, solicitó a instancias de la Fiscalía Anticorrupción que la Junta de Andalucía aportase toda la documentación relativa al acuerdo del Consejo de Gobierno del 6 de octubre de 2020 por el que se decidió sustituir la fiscalización previa por el control financiero permanente (una modalidad más flexible) en distintas áreas de gestión de la Junta de Andalucía, entre ellas el Servicio Andaluz de Salud.
Tres semanas después de ese escrito y tras analizar la documentación remitida, el Ministerio Fiscal ha dado un paso más. En una providencia remitida al Juzgado de fecha 30 de mayo de 2025 advierte que ni en el borrador previo ni en la memoria de la Intervención General sobre este cambio del modelo de fiscalización remitida al Juzgado se detecta referencia alguna al Servicio Andaluz de Salud. Es decir, se analizan distintos gastos, órganos y servicios que van a pasar al sistema de control financiero permanente pero no el SAS.
Según la documentación analizada por la Fiscalía, el cambio en el sistema de fiscalización del Servicio Andaluz de Salud sí aparece después, en la comisión general de viceconsejeros del 6 de octubre previa al Consejo de Gobierno. Ahí ya se incluye que el cambio del sistema de fiscalización afecte a «los gastos correspondientes a expedientes de contratación tramitados por el procedimiento de emergencia del Servicio Andaluz de Salud».
Por este motivo, el Juzgado, a instancias de este escrito de la Fiscalía, ha emitido una nueva providencia, con fecha 9 de junio, en la que solicita a la Junta de Andalucía, a través de su gabinete jurídico, que aclare esta circunstancia e «identifique en qué oficio fue ya adjuntada la documentación relativa al cambio operado en el Anexo I del acuerdo del Consejo de Gobierno de seis de octubre de 2020 relativo a los gastos correspondientes a expedientes de contratación tramitados por el procedimiento de emergencia del Servicio Andaluz de Salud y en particular remitan de no haberlo efectuado en oficios anteriores los informes a que fue sometida dicha variación, incluido, en su caso el de la Intervención General de la Junta de Andalucía».
En resumen, la Fiscalía pide al Juzgado y éste a los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía que aclaren en qué informes previos se basó el Consejo de Gobierno para decidir incluir en el nuevo sistema de fiscalización los contratos de emergencia del SAS porque no figuran de momento en la documentación obrante en la causa.
Ya el pasado 21 de mayo, el Juzgado solicitó a la Junta de Andalucía la remisión de una batería de documentos e informes en relación con la investigación de los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud tras la pandemia que habían sido solicitados por la Fiscalía y por la acusación particular que ejerce el PSOE. Entre ellos, todos los correos electrónicos y documentación que justificara determinadas adjudicaciones a empresas, justificación del uso de fondos europeos y expedientes concretos como la rehabilitación del antiguo hospital militar de Sevilla, uno de los proyectos estrella en Andalucía de la Junta tras la pandemia.
Personación de Podemos
Junto a esto en su providencia el Juzgado responde a la petición de Podemos Andalucía de personarse en la causa abierta en el Juzgado a instancias de la denuncia formulada por el PSOE, tal y como los socialistas han hecho en Cádiz en la denuncia formulada por esta formación en este caso contra los expedientes fraccionados del SAS.
El juzgado señala a Podemos Andalucía que debe personarse como querellante y por tanto incorporar la fianza correspondiente para poder entrar a formar parte de la causa y acceder a toda la documentación.
