El Partido Popular aprobará en su congreso de julio que el fiscal general cese en su cargo si es procesado y que el Tribunal Constitucional «deje de ser un tribunal de casación», como ocurre ahora, según fuentes de la dirección del PP.
Así lo refleja la ponencia política, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.
El documento, que servirá de guía ideológica para la formación en los próximos años, insiste en que «una Justicia independiente es la primera garantía de que se cumplirá el mandato constitucional de separación de poderes y de igualdad de todos los españoles ante la ley«.
El texto ha bebido del Plan de Calidad Institucional, un trabajo con 60 medidas firmado por Alberto Núñez Feijóo el 23 de enero de 2023, en Cádiz.
«La independencia de la Justicia es intocable y no puede estar sometida ni a los vaivenes políticos ni a las presiones de ningún Gobierno», proclama el documento, que se debatirá en el congreso.
La ponencia promete también «modificar las leyes que el procesamiento del fiscal general del Estado conlleve su cese inmediato y automático«.
Feijóo, presidente del PP que renovará el cargo en el cónclave, ha situado la defensa de la independencia judicial y fiscal como eje central de su proyecto político.
De hecho, en una entrevista con este periódico, el pasado 31 de diciembre, se comprometió a «derogar» toda la legislación del Gobierno de Pedro Sánchez que, a su juicio, ha permitido «colonizar las instituciones» y las empresas públicas, «y otras que ha promulgado o pretende hacerlo para controlar el Poder Judicial».
Feijóo aseguró que, si llega al Gobierno tras las próximas elecciones, cumplirá este objetivo «en los seis primeros meses» de su mandato.
Congreso clave
El congreso nacional del PP, que se celebrará en Madrid del 4 al 6 de julio, será el primero con ponencias desde 2017. Feijóo está empeñado en «abordar todos los debates» y, en el caso del Estado de derecho, a «revertir todas las leyes sanchistas que lo están atacando».
Este congreso supone una oportunidad —y para muchos, una «necesidad»— para actualizar el ideario del partido y marcar una hoja de ruta clara de cara a las próximas elecciones generales, autonómicas y municipales.
El texto de la ponencia subraya que «la Justicia la imparten los jueces, con total independencia, con acreditada profesionalidad y con sometimiento al imperio de la ley«. El documento es claro: la Justicia no puede ser objeto de injerencias políticas ni de presiones externas, y debe preservarse como pilar fundamental del Estado de derecho.
La ponencia política recoge la especial preocupación del PP por la «politización del Tribunal Constitucional». El texto insiste en que la reforma judicial debe ser «participada, abierta y rigurosa», y respetar los principios constitucionales.
«Modificaremos las leyes para garantizar que el Tribunal Constitucional no vuelva a actuar como tribunal de casación del Tribunal Supremo», afirma el texto. El partido quiere que el TC «deje de ser un tribunal de casación» y que su función se limite a garantizar la constitucionalidad de las leyes, «sin entrar a revisar sentencias del Tribunal Supremo».
¿Reformar la Constitución?
El asunto no puede estar más de actualidad para el PP, que acusa al PSOE de estar «degradando la democracia», como proclamó Feijóo en la concentración del domingo 8 de junio, en la Plaza de España.
Además de denunciar los «innumerables casos de corrupción y de cloacas» del PSOE, el PP quiere hacerle llegar a sus simpatizantes que tiene un proyecto estructurado. Éste pasa, de momento, por «una férrea oposición», por ejemplo, rechazan la reforma del Estatuto Fiscal impulsada por el ministro Félix Bolaños.
Según fuentes de la dirección popular, el Gobierno «no ataca el principal problema» detectado por los informes de la UE sobre el Estado de derecho en España o los del Consejo de Europa.
«La clave está en quién nombra al fiscal», que sigue siendo el Gobierno en la ley Bolaños. Con esa reforma, aseguran, el partido en el poder tendría aún más incentivo para designar un fiscal de su influencia política, «porque permanecerá durante un tiempo en el cargo, sin poder ser removido» incluso si la oposición gana las siguientes elecciones.
«La lucha contra la corrupción», insisten estas fuentes, «exige que se cambie el método de nombramiento del fiscal general por uno que exija mayorías cualificadas en las Cortes, por ejemplo». El problema es que ese punto exige una reforma agravada de la Constitución.
En los últimos días, el PP ha intensificado su presión para exigir el cese del actual fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras su procesamiento por el Tribunal Supremo por un presunto delito de revelación de secretos.
«Por la puerta de atrás»
El PP también critica el actual proyecto de Ley de Reforma y Modernización de la Justicia, impulsada también por Bolaños. La considera «un atentado contra la independencia de la Justicia».
La norma pretende abrir, según el PP, una «puerta de atrás» en la carrera judicial, sin oposición ni concurso, «para colar jueces de su cuerda«. De hecho, el proyecto ha sido objeto de protestas masivas por parte de las asociaciones judiciales, que la semana pasada convocaron un paro simbólico de 10 minutos reivindicando su retirada.
La ponencia política ha sido elaborada por un equipo liderado por Alma Ezcurra, eurodiputada y exdiputada en la Asamblea de Madrid, muy cercana a Isabel Díaz Ayuso. Junto a ella, Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía; Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León; y Natalia Chueca, alcaldesa de Zaragoza.
Fuentes de la dirección del PP han confirmado a EL ESPAÑOL que fue Ezcurra quien redactó el borrador original. Ezcurra, coordinadora de la Fundación Reformismo21, la fábrica de ideas del PP desde que la Faes de José María Aznar se desligó orgánicamente del partido, recibió el encargo de elaborar un texto ideológico «para la convención política», para mantener el secreto del congreso.
El contexto del congreso está marcado por la necesidad de «revertir la degeneración sanchista«, según el propio Feijóo, para poner al partido en modo electoral inmediato.
Hasta ahora, el único enfrentamiento interno que ha salido a la luz es el relativo al sistema de elección de líderes. La ponencia de estatutos propone primarias a compromisarios, mientras que Ayuso defiende más «democracia directa» entre los militantes.
