El empeño de Pedro Sánchez por seguir adelante para agotar la legislatura, la composición del Parlamento y su fragmentación llevan a España a un callejón sin salida en el que las cuatro posibles soluciones constitucionales están cerradas.
Todas las puertas que prevé la Constitución para situaciones de emergencia política e institucional están bloqueadas. Avanza el incendio provocado por la trama corrupta que encabezan los dos últimos principales colaboradores del presidente del Gobierno y secretarios de organización del PSOE.
Por el momento, Sánchez sólo emite el mensaje de que está dispuesto a seguir hasta 2027, aunque cada vez hay más voces en el PSOE y el Gobierno que de forma abierta o reservada lo ven de todo punto imposible.
Creen que el presidente está sentado sobre el barril cargado de explosivos que supone esperar a ver si alguno de los imputados aporta más datos a la Justicia.
Fuentes del Gobierno ven probable que Sánchez tenga que comparecer en el Pleno del Congreso para dar explicaciones, forzado por el PP, pero también por sus socios parlamentarios que empiezan a admitir que “el apoyo al PSOE ya mancha”.
Podría ser que, incluso, anunciara este lunes su comparecencia en el Congreso para aliviar la presión contra él.
En esa comparecencia, el presidente podría anunciar medidas contra la corrupción como la agencia que propone Sumar o cambios en la ley de contratos, entre otras.
Esa es una vía de escape que ya usó Felipe González en su última legislatura, agobiado por la corrupción. También Mariano Rajoy cuando compareció en el Pleno del Congreso cuando la basura de Gürtel le tapaba. A los dos les sirvió para ganar tiempo, pero sólo para eso.
Hay otras opciones, pero políticas y no institucionales, como la convocatoria de un congreso extraordinario para reforzarse internamente en el PSOE. Esta posibilidad no afectaría al Gobierno.
Elecciones Generales
Sólo el presidente del Gobierno puede disolver las Cortes y convocar elecciones generales. En este caso, Sánchez se niega a hacer lo que le piden socialistas como Emiliano García Page, Susana Díaz o Felipe González, entre otros, y como empiezan a valorar otros dirigentes del PSOE, incluso entre sus fieles.
Tampoco sus socios de investidura quieren esta opción porque supondría abrir la puerta con toda probabilidad a un Gobierno de PP y quizás con Vox.
Junts necesita que antes se termine de aplicar la ley de amnistía y ERC poder el culminar proceso de negociación del llamado “concierto catalán”. Y Sumar se encuentra en una situación pésima, pendiente de reestructurarse, por lo que tampoco desea esas elecciones.
Sólo Podemos parece tener interés en poner fin abrupto a la legislatura.
Legalmente, si Sánchez decidiera convocar ahora elecciones, el plazo constitucional determinaría que se celebrarian en agosto, lo cual parece impensable, por lo que tendría que esperar para tomar esa decisión y que fueran en septiembre u octubre. Pero por el momento no parece dispuesto a hacerlo.
Podría dilatar la decisión a la espera de que en 2026 convoque el presidente andaluz, Juanma Moreno, y hacer coincidir andaluzas y generales, pero en medio habría en todo caso unos meses de calvario para Sánchez. Habría nuevas revelaciones de los procesos judiciales en marcha y un escenario político insostenible, con imposibilidad para sacar normas adelante en el Congreso.
Dimisión del presidente
No sería nuevo en la democracia española la dimisión del presidente para dar paso a un nuevo jefe del Ejecutivo que asuma el tránsito hacia unas elecciones.
Fue en enero de 1981 cuando Adolfo Suárez dimitió y fue sustituido por Leopoldo Calvo-Sotelo hasta las elecciones generales de octubre de 1982 en las que el PSOE de Felipe González arrasó con mayoría absoluta.
Ahora, esta situación es difícil de imaginar porque, si Sánchez se resiste a convocar elecciones anticipadas, mucho menos va a conceder apartarse de la presidencia del Gobierno. A menos que crezca el escándalo y haya nuevas revelaciones de la trama criminal que, presuntamente, organizaron Santos Cerdán y José Luis Ábalos.
Además, en 1981 Suárez fue forzado a dimitir por su propio partido, UCD, que estaba roto en pedazos tras protagonizar la Transición. En cambio, Sánchez tiene control casi total del partido, aunque han empezado a crecer las posiciones críticas.
En este caso, y sólo como hipótesis, si Sánchez dimitiera tendría que producirse la investidura de otro presidente, que no necesita más requisito que ser español y mayor de edad y lograr el apoyo de la mayoría del Congreso.
En el PSOE no hay ninguna cabeza visible como posible sucesor del líder socialista porque, por ejemplo, el crítico más destacado es Emiliano García Page, pero no cuenta con apoyo de la mayoría del partido.
María Jesús Montero es la número dos del partido y el Gobierno, pero ella misma aseguró hace un año, cuando Sánchez se dio cinco días de reflexión, que si él se iba ella también. Es probable que el preferido por las bases socialistas sea Óscar Puente.
Pero volvemos a la casilla de salida: Sánchez mantiene su idea de seguir adelante y rechaza dimitir.
Cuestión de confianza
El artículo 173 de la Constitución asegura que “el Presidente del Gobierno, previa deliberación en Consejo de Ministros, puede plantear ante el Congreso de los Diputados la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general”.
Si lo hace, necesitará el apoyo de la mayoría simple del Congreso.
Nunca se ha utilizado esta fórmula en el Congreso pero, por ejemplo, si lo hizo en Cataluña Carles Puigdemont. Le sirvió para seguir al frente de la Generalitat reforzado en un momento difícil.
De hecho, Puigdemont ha pedido en varias ocasiones a Sánchez que se someta a una cuestión de confianza, pero el presidente del Gobierno siempre se ha negado por la incertidumbre del resultado.
Es una de las opciones que barajan dirigentes socialistas, pero el líder socialista rechazó expresamente esta opción el pasado jueves en su comparecencia en la sede de Ferraz. Supondría situar a sus socios ante el estrés de tener que apoyarle en una situación tan difícil.
Quizás sea la vía más fácil para Sánchez de cuantas dependen sólo de él.
Moción de censura
La moción de censura la presentan los partidos de la oposición, con la firma de cincuenta diputados. No depende de la decisión del presidente, sino de Alberto Núñez Feijóo en este caso.
Sánchez llegó a la presidencia en julio de 2018 gracias a una moción de censura contra Mariano Rajoy, precisamente, por la corrupción del PP.
El problema es que el líder del PP no cuenta con los votos suficientes para sacarla adelante. Tendría los de Vox, pero necesita los de Junts y PNV para ganarla.
Por el momento, los dos partidos soberanistas han expresado su rechazo porque incluye a Vox, un partido que incluye en su programa la ilegalización de los independentistas.
Por eso, Feijóo no quiere presentarla, pese a la presión de algunos sectores de su partido. En España ha habido ya cuatro mociones de censura fracasadas y en este caso, Feijóo entiende que si la presentara pondría el foco sobre su fracaso más que en la situación de notable deterioro de Sánchez. Entiende que sería un balón de oxígeno para el líder socialista.
