El contrato de gestión integral del agua en Lanzarote y La Graciosa podría estar viviendo sus últimos meses. Un extenso informe de los servicios jurídicos del Cabildo de Lanzarote, concluye que concurren causas suficientes y debidamente acreditadas para iniciar el procedimiento de resolución contractual con la empresa concesionaria, Canal Gestión Lanzarote, participada por Canal de Isabel II.
El informe, al que la adjudicataria del servicio contestó con dos mil páginas de alegaciones y anexos, analiza con detalle los incumplimientos acumulados durante más de una década de gestión y sostiene que se han vulnerado varias de las obligaciones esenciales del contrato, entre ellas, el plan de inversiones comprometidas, la ejecución del plan de explotación del servicio y la obligación de reducir las pérdidas de agua no facturada por debajo del 30 por ciento, un objetivo incumplido de forma reiterada y, en palabras del informe, “gravemente lesivo para el interés público”.
La resolución del contrato, firmado en 2013 por un plazo de 30 años, supondría el punto de inflexión definitivo de una crisis estructural del modelo de gestión del agua en Lanzarote, marcada por fugas masivas, falta de inversiones, cortes recurrentes de suministro y un altísimo coste ambiental y energético.
Un contrato incumplido en sus pilares básicos
El contrato fue adjudicado a Canal de Isabel II Gestión en 2013 tras un procedimiento negociado con publicidad. Desde entonces, la gestión del ciclo integral del agua en Lanzarote ha estado en manos de la sociedad instrumental Canal Gestión Lanzarote S.A.U. El contrato contemplaba obligaciones estrictas y detalladas: ejecutar un ambicioso plan de inversiones valorado en más de 54 millones de euros en los primeros cinco años, reducir las pérdidas de agua hasta un máximo del 30% y modernizar los sistemas de lectura de contadores, detección de fugas y telegestión.
Sin embargo, los servicios jurídicos del Cabildo documentan que una parte relevante de las inversiones no se ha ejecutado, otra parte ha sido modificada sin autorización del órgano de contratación y muchas de las actuaciones realizadas no corresponden con las previstas en el plan aprobado. Peor aún: el informe denuncia que la concesionaria “infló el valor” de algunas inversiones, ejecutó otras no previstas y ha incumplido sistemáticamente los plazos establecidos.
Canal Gestión contestó al informe jurídico del Cabildo de Lanzarote con dos mil páginas de alegaciones y anexos
Según los datos del propio Cabildo y de la empresa auditora Trama Canarias S.L., de los 54,4 millones de euros comprometidos, solo se han ejecutado inversiones por valor de 32,6 millones que puedan considerarse conformes a lo ofertado. A eso se suma un elemento clave: el balance hídrico actualizado refleja que las pérdidas de agua no solo no se han reducido, sino que han aumentado, alcanzando en 2023 el 54,83% del total producido. Es decir, más de la mitad del agua sigue perdiéndose en una red obsoleta que nadie ha renovado al ritmo pactado.
De incumplimiento esencial a posible resolución contractual
El informe recuerda que el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y el contrato califican expresamente como “obligaciones esenciales” tanto el cumplimiento del plan de inversiones como el cumplimiento del plan de explotación del servicio. Y añade que la jurisprudencia del Tribunal Supremo y diversos Consejos Consultivos avalan que el incumplimiento de este tipo de obligaciones puede dar lugar a la resolución del contrato de forma automática, sin necesidad de valorar otras causas adicionales.
Entre las infracciones documentadas se incluyen no haber ejecutado en plazo las inversiones acordadas (solo el 60% se ha realizado según estimaciones técnicas); además de la modificación unilateral del plan de inversiones sin autorización; el incumplimiento del objetivo de reducción de pérdidas del 30% fijado por contrato y de las obligaciones de suministro de información al Consorcio de Aguas; así como el impago de una parte del canon vinculado a las ayudas de Estado y deducciones fiscales (más de 830.000 euros según estimaciones preliminares); y la ausencia de colaboración con los auditores públicos del Cabildo durante años.
El informe jurídico va más allá y sostiene que “cualquiera de estas causas, por sí sola, bastaría para justificar legalmente la resolución del contrato”.
Una gestión bajo sospecha: opacidad, desvío de inversiones y falta de control
Uno de los aspectos más relevantes del informe es la denuncia expresa de la opacidad con la que ha operado Canal Gestión Lanzarote. La Intervención General del Cabildo y del Consorcio Insular de Aguas ha constatado en reiteradas ocasiones la falta de documentación, la ausencia de respuesta a requerimientos y la imposibilidad de cotejar adecuadamente las inversiones realizadas con las que fueron ofertadas.
En el periodo auditado (que va de 2013 a 2023), se han detectado múltiples expedientes con desviaciones, obras no ejecutadas, inversiones excluidas por no cumplir el objeto del contrato, y actuaciones cuya justificación económica no se corresponde con el presupuesto presentado en la oferta original. Además, algunas de las partidas clave para reducir las fugas –como la renovación de contadores o la instalación de sistemas de telegestión– han sido infraejecutadas. De los 7,3 millones previstos en renovación de contadores, por ejemplo, solo se ha invertido una tercera parte.
El drama del agua en Lanzarote: una red que pierde más de lo que entrega
El contexto técnico y ecológico de este conflicto contractual es demoledor. En Lanzarote, más del 65% del agua producida se pierde antes de llegar al grifo, según datos del propio Cabildo. Lanzarote no dispone de recursos hídricos naturales suficientes. La mayor parte del agua potable procede de las plantas desaladoras repartidas por la isla –Lanzarote III, Lanzarote IV, Lanzarote V, IDAM Inalsa IV, IDAM Janubio y Lanzarote III rehabilitación-, lo que implica un proceso extremadamente costoso tanto desde el punto de vista energético, como el económico y ambiental. La producción de agua desalada genera toneladas de salmuera que se vierten al mar, afecta a la biodiversidad costera y consume grandes cantidades de electricidad, muchas veces de origen fósil.
En este escenario, perder más de la mitad del agua producida no es solo una anomalía técnica: es un escándalo ecológico y financiero. El informe jurídico recoge los datos de Trama Canarias e ITC, que certifican pérdidas de agua que superan el 50% cada año desde 2019. En lugar de reducirse al 30% como se exigía en los acuerdos contractuales entre el Cabildo y Canal Gestión Lanzarote, las fugas aumentaron muy por encima de lo previsto.
Un modelo que no funciona: costes públicos, beneficios privados
El caso de Lanzarote es además paradigmático de un modelo extendido en muchas zonas de Canarias: la gestión indirecta del agua en manos de grandes concesionarias, generalmente participadas por empresas públicas estatales o multinacionales, en un régimen de concesión a largo plazo. Este modelo, diseñado para obtener eficiencia y transferir parte del riesgo al sector privado, ha terminado generando –según denuncian sus críticos– situaciones de ineficiencia, falta de transparencia y lucro privado con respaldo público.
El informe jurídico revela que Canal Gestión no ha abonado al Consorcio el denominado “Canon C”, un porcentaje que debe aplicarse sobre las ayudas de Estado y las bonificaciones fiscales obtenidas por la concesionaria. Según los cálculos preliminares, se han dejado de ingresar al menos 833.000 euros entre 2013 y 2022. Además, la empresa no ha colaborado con la Intervención para acreditar estas cifras.
La guerra empresarial en la sombra
Mientras se debate la viabilidad del contrato con Canal Gestión, se mantiene en marcha un proceso judicial impulsado por una empresa competidora que solicitó la ejecución forzosa de una sentencia previa que declaraba nulo el contrato original. El movimiento se interpretó por algunos sectores como una maniobra para bloquear el proceso y facilitar una eventual adjudicación futura a otras compañías interesadas en hacerse con el servicio.
El riesgo de que el conflicto acabe en una guerra empresarial por el control del ciclo del agua es evidente. Por eso, el informe jurídico subraya la necesidad de actuar con “rigurosidad jurídica y defensa del interés público”, y propone al Cabildo iniciar el procedimiento de resolución conforme a derecho.
El reto de reconstruir el sistema
El posible final del contrato con Canal Gestión Lanzarote plantea un nuevo desafío: garantizar la continuidad del servicio y emprender la necesaria modernización del sistema hídrico insular.
La alternativa a una empresa que ha incumplido de forma reiterada implica un cambio de la concesión, pero sobre todo una trasformación profunda en el actual enfoque y mecanismos de control público para evitar que situaciones como las planteadas puedan llegar a repetirse.
El informe de los servicios jurídicos concluye con una recomendación firme: iniciar formalmente el procedimiento de resolución contractual por incumplimiento, y articular medidas que garanticen la transición, el control del servicio y la reparación del daño causado al interés general. A la espera de que el Cabildo se pronuncie oficialmente sobre las alegaciones presentadas por la concesionaria, y eleve esa respuesta al Consejo Consultivo de Canarias, que ha de avalar la suspensión del contrato, Lanzarote –una isla en emergencia hídrica- sigue perdiendo agua, dinero y un tiempo precioso.
