En el auto en el que da por concluida la instrucción de la causa que ha seguido contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, el juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado se muestra seguro de que él es el responsable del delito de revelación de secretos de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por la que Alberto González Amador, dice, sufrió «un daño reputacional», ya que dieron pie a que se le llamara «delincuente o delincuente confeso«. Estos son los indicios en los que el magistrado basa su decisión de proponer juzgar a García Ortiz y a la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez.
Esta es la afirmación más novedosa que incluye el auto. Con ella el juez Hurtado comienza su relato de hechos sobre cómo se produjo el delito de revelación de secreto investigado, que puede acarrear hasta cuatro años de prisión y cinco de inhabilitación. «A raíz de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno y aprovechando información publicada en el diario ‘El Mundo’, a las 21:29 horas del día 13 de marzo de 2024, titulada ‘La fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que admita dos delitos fiscales'», García Ortiz, «con la finalidad de ganar el relato […] sobre una cuestión de tan escasa relevancia como de quién había surgido la iniciativa para llegar a un acuerdo en un pacto de conformidad penal, entró en una dinámica de un frenético intercambio de comunicaciones entre distintos fiscales […] para preparar una respuesta», explica el auto.
La acusación directa a Presidencia del Gobierno, negada vehementemente por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, responde, según el auto, a las declaraciones prestadas por Pilar Sánchez Acera, que era jefa de gabinete de quien lo era del presidente del Gobierno y ahora es el líder del PSOE madrileño, Óscar López, y por el entonces secretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallès. Las instrucciones que Sánchez Acera dio al entonces líder del PSM, Juan Lobato, cuando le facilitó el correo, antes de que lo publicara más medio que la Cadena SER, con advertencia expresa de que tuviera cuidado con los datos personales, «permiten presumir con más razón, que, de Presidencia del Gobierno, se recibieron instrucciones para hacer un uso político de la información de que pudieran disponer«. La referencia a Vallès es que se pidió a todos apoyar al presidente del Gobierno que en la sesión de control del Congreso reclamó a Alberto Núñez Feijóo que apartara a Díaz Ayuso.
«Paralelamente» a que el correo llegara a Moncloa, el juez recrea «el frenético» intercambio de mensajes que García Ortiz mantuvo con Rodríguez para hacerse con los mensajes que el abogado de González Amador había enviado al fiscal del caso, Julián Salto, para alcanzar una conformidad que evitara el juicio. Una vez que los tiene en su poder, García Ortiz pide que le sean enviados a su correo personal. Entre los mensajes remitidos está el de 2 de febrero de 2024, en el que se admitía la comisión de dos delitos fiscales, y que fue contado por la Cadena Ser en primicia, primero en antena y luego en la web, la noche del 13 de marzo. Según el juez, «todos los indicios apuntan a que se lo proporcionó el investigado Álvaro García Ortiz«.
En opinión del magistrado, Rodríguez «sabía que, de los correos que hacía llegar al fiscal general» con «material tan sensible» por su «repercusión en el ámbito de la privacidad de un ciudadano», se «estaba haciendo un manejo de ellos ajeno a los fines propios del proceso penal para el que fueron creados, en la medida que, desde el primer momento, conocía que pasarían a tener por finalidad elaborar una nota para desmentir una información que estaba circulando por las redes sociales, con lo que, al ser así, cabe presumir, razonablemente, que tal material fuera a tener difusión a través de similares redes sociales, saliendo, con ello, del marco de confidencialidad y reserva para el que fueron concebidos».
El magistrado se muestra muy crítico con la decisión de García Ortiz de borrar su teléfono móvil, sobre todo, porque la relaciona con su queja por la extensión temporal en el que se debía comprobar sus llamadas. «Según iba avanzando la investigación, no ha dejado de sorprender, cuando las diligencias practicadas han evidenciado que el propio Álvaro García Ortiz había borrado toda la información que contenían sus dispositivos, con lo que nada de lo que en ellos pudiera haber existido podría haber sido difundido, a la vez que convertía la medida, en lo que a él afectaba, en una diligencia inocua», señala el auto, que destaca que criticara la «desproporción» del registro acordado por el juez, cuando no había nada que proteger, más allá de crear «un obstáculo en contra de una ágil investigación«. El juez Hurtado también deja constancia de que García Ortiz rechazó contestar a sus preguntas y solo lo hizo con la Abogacía del Estado, que ejerce su defensa.
El auto de transformación de las diligencias en procedimiento abreviado -equivalente al de procesamiento en los sumarios- puede ser recurrido en reforma y en apelación. Las partes disponen, además, de 10 días para solicitar la apertura de juicio oral o el sobreseimiento provisional, así como las pruebas que consideren necesarias, si es que queda alguna.
Se da la circunstancia de que mientras García Ortiz está blindado por el Gobierno que le nombró, ya que se considera que el puesto que detenta le hace estar al margen de la carrera fiscal, el Estatuto Fiscal hace que la situación de Pilar Rodríguez sea mucho más complicada, porque está prevista la suspensión de empleo y sueldo del representante del ministerio público al que se proponga sentar en el banquillo.
