Los cinco referéndums sobre ciudadanía y derechos laborales convocados en Italia han fracasado al no alcanzarse la cuota mínima de participación tras dos días de votaciones.
Las consultas populares fueron ‘boicoteadas‘ por el Gobierno de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que animó a la abstención para que no se alcanzara el quórum.
Meloni acudió a un centro de votación en la noche del pasado domingo, pero no recogió su papeleta, lo que provocó la protesta de la oposición, que critica que se promueva la abstención.
Los dos vicepresidentes del Ejecutivo y líderes de sendos partidos de la coalición gobernante, el ministro de Exteriores, Antonio Tajani, de la conservadora Forza Italia, y el titular de Infraestructuras y Transportes, Matteo Salvini, de la ultraderechista Liga, tampoco votaron.
Activistas y partidos de oposición también denunciaron la falta de debate público sobre las medidas, acusando a la coalición gobernante de centroderecha de intentar disminuir el interés en temas sensibles que impactan directamente a inmigrantes y trabajadores.
Los referéndum fueron impulsados por el diputado Riccardo Magi, del partido progresista +Europa, al que posteriormente se sumaron otros partidos, asociaciones y sindicatos y logró reunir más de 637.000 firmas.
Los cinco referédums
El objetivo del único referendo no laboral es reducir de 10 a 5 años la residencia regular necesaria para solicitar la ciudadanía y una vez obtenida, podría transmitirse a los hijos menores. La reforma afectarñia al menos a 2,3 millones de personas en Italia.
«El referéndum -explicó Magi- representa un impulso para modificar una normativa (sobre la nacionalidad) que data de 1992 y que define como vieja e injusta” y que sigue en pie porque los gobiernos y parlamentos que se han sucedido en los últimos años no han tenido la voluntad política de cambiarla.
La propuesta del referéndum es razonable, sostiene, porque sólo reduce el tiempo requerido para la residencia -de diez a cinco años-, dejando inalterados los demás requisitos: ingresos mínimos, regularidad de estancia, ausencia de antecedentes penales, conocimiento de la lengua italiana.
En las otras consultas, apoyadas por el mayor sindicato del país, CGIL, se pretenden derogar normas laborales, como la de que los contratados después del 7 de marzo de 2015 en empresas de más de 15 trabajadores no deben ser reincorporadas a su puesto de trabajo tras un despido improcedente, incluso si un juez así lo establece.
También se solicita la eliminación del límite de indemnización para los trabajadores despedidos injustificadamente en pequeñas empresas, así como la de otras normas sobre el uso de los contratos de duración determinada.
Mientras que la última pregunta tiene como objetivo aumentar la responsabilidad del empleador en caso de accidentes laborales o enfermedades profesionales.
De los nueve referendos celebrados en Italia entre 1974 y 1995, solo uno no llegó al quórum, mientras que a partir de 1997, de las ocho consultas celebradas, sólo la de 2011, sobre la gestión pública del agua, alcanzó la participación del 54,8% de los ciudadanos con derecho a voto.
