El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a pedir este lunes la dimisión del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, después de que el Tribunal Supremo haya propuesto juzgarlo por un delito de revelación de secretos por filtrar datos tributarios del novio de Isabel Díaz Ayuso.
Desde el Gobierno cierran filas y siguen respaldando a García Ortiz porque consideran que no existen pruebas de la filtración y que «sería injusto que pagara por una denuncia y una acusación que no ha sido demostrada». Además, el propio fiscal no tiene intención de dimitir pese a la decisión judicial.
«Es el momento de que se vaya el fiscal general del Estado y quien le daba las indicaciones», ha exigido Feijóo después de que el juez Ángel Hurtado asegure en el auto que tanto García Ortiz como la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez, filtraron información de Alberto González Amador siguiendo «indicaciones de Presidencia de Gobierno».
De esta manera, el líder del PP también considera que Pedro Sánchez también debe dimitir, aunque no le ha mencionado expresamente.
El Gobierno «confía» en él
Fuentes de Moncloa apoyan al fiscal general y descartan que tenga que dimitir. Lo mismo ha hecho públicamente el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que ha asegurado que el Ejecutivo de Sánchez mantiene la «confianza» en Álvaro García Ortiz.
Torres ha hecho hincapié en que debe respetarse la «presunción de inocencia» del fiscal así como los «pasos» de la Justicia y ha señalado que ha habido casos de personas que han acabado en juicio oral que finalmente han sido «exoneradas», según ha afirmado en una entrevista en Mañaneros La 1 de TVE.
Torres también ha negado que el Gobierno diese estas «órdenes» al fiscal general, como dice el auto del juez Hurtado, y advierte de que cuando se hace una acusación de este tipo deben aportarse pruebas que a su juicio no hay. «Cuando se hace una acusación determinada tiene que haber siempre una parte probatoria indispensable, y no la hay», ha indicado.
En diho auto el magistrado incide no sólo en que la Fiscalía recibió «indicaciones» de Presidencia, sino también en que Álvaro García Ortiz «entró en una dinámica de un frenético intercambio de comunicaciones entre distintos fiscales» para preparar una respuesta y dejar claro que la Fiscalía no había ofrecido pacto alguno.
Para el instructor la finalidad era «ganar el relato a esa información por parte de la Fiscalía, sobre una cuestión de tan escasa relevancia como de quién había surgido la iniciativa para llegar a un acuerdo en un pacto de conformidad penal».
Al ser preguntado sobre si es sostenible que haya un fiscal sentado en el banquillo de los acusados, Torres ha defendido que, por el momento, no existe un fallo sino un proceso de instrucción que culmina ahora «en el que ha habido mucha opinión sobre cómo se ha realizado». Por tanto considera que esta presunción de inocencia «hay que mantenerla hasta el final» y se ha mostrado convencido de que «al final, la verdad relucirá».
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