La factura es millonaria. El resultado, precario. Los 11,7 millones de euros que cada mes reciben las entidades sociales mediante contratos públicos de emergencia para atender a menores migrantes no acompañados no bastan para garantizar una acogida digna. El sistema se ha consolidado como un servicio con escasa transparencia y débil fiscalización, en el que persisten graves deficiencias en la atención y el bienestar de los niños, con denuncias constantes por precariedad, sobreocupación y falta de personal cualificado. Sin el respaldo del Estado ni de otras comunidades autónomas, el esfuerzo económico del Gobierno canario resulta insuficiente: la presión migratoria no cesa, el número de niños tutelados crece y el sistema se resquebraja.
En el Archipiélago están operativos actualmente 85 centros, con un total de 5.600 plazas. De ellas, 4.133 están gestionadas por catorce entidades sociales y fueron habilitadas de forma extraordinaria para responder a la emergencia humanitaria. A estas se suman otras 400 plazas del sistema ordinario de protección y 787 bajo la gestión directa de los cabildos insulares.
En el marco de la emergencia, el Gobierno regional paga 90 euros diarios por cada menor. Pero, ¿qué cubre exactamente esa cantidad? Con ese monto, las entidades deben asumir la manutención de los niños, la ropa, los traslados, la formación no incluida en el sistema educativo público, el alquiler de los inmuebles –muchas veces inflado– y los salarios del personal que los atiende las 24 horas del día, los 365 días del año.
Puede parecer que 90 euros diarios por niño es una cifra elevada. Sin embargo, la Consejería de Bienestar Social sostiene que se trata de uno de los importes más bajos del país –el Gobierno central asigna 145 euros diarios a las comunidades autónomas que acogen menores derivados desde Canarias–. Actualmente, trabajan para licitar parte de las plazas habilitadas por la vía de emergencia y, para ello, han actualizado sus cálculos: estiman que el coste por plaza se sitúa en 117 euros diarios. Según la directora general de Infancia, Sandra Rodríguez, este aumento se justifica en la exigencia de que las entidades adjudicatarias gestionen centros más pequeños y con menos plazas, con el objetivo de ofrecer una atención más individualizada a los menores. No obstante, la normativa ya contempla que los centros de acogida no deberían superar las 20 plazas, una cifra que se pulveriza en algunos recursos que concentran hasta a 300 menores.
El volumen de recursos públicos movilizado da cuenta de la magnitud del sistema. Según los cálculos realizados a partir de los datos facilitados por la Consejería de Bienestar Social, el gasto anual en la atención a menores migrantes supera los 140 millones de euros, lo que representa aproximadamente el 1,1 % del presupuesto total de la comunidad autónoma. De ese importe, el 69,8 % se concentra en solo tres entidades: la Asociación Quorum Social 77, que gestiona 62,3 millones al año; la Asociación Coliseo, con 29,3 millones; y la Fundación Samu, con 13,6 millones.
Las acusaciones sobre el trasfondo económico del sistema de acogida planean desde hace tiempo sobre el sector, aunque casi nadie se atreve a verbalizarlas. Fuentes cercanas a las entidades sociales apuntan sin rodeos a que la atención a la infancia migrante se ha convertido, en la práctica, «en un negocio» para algunas organizaciones. Una afirmación que pocos formulan abiertamente, conscientes de las implicaciones económicas que conlleva, pero que, según coinciden diversas voces del sector, es un secreto a voces.
Compra de inmuebles
Las mismas fuentes señalan que las asociaciones que más plazas gestionan están invirtiendo parte de sus beneficios en la compra de inmuebles, como chalets, para abrir nuevos centros y aumentar su capacidad de acogida. Las entidades sociales no pueden repartir beneficios entre sus miembros, ya que su finalidad no es lucrativa. Todo superávit o beneficio económico que obtengan debe destinarse exclusivamente a sus fines sociales.
Estas fuentes, con conocimiento directo de la situación en varios centros de menores, lamentan que esos beneficios no se destinen a mejorar la atención directa a los niños. Reclaman, por ejemplo, que se invierta en contratar más personal para reducir las ratios y permitir un acompañamiento más cercano e individualizado. Además, critican que no haya una apuesta clara por mejorar las condiciones laborales de los trabajadores ni por ampliar la formación de los profesionales que están al frente de los centros.
La Administración defiende la concentración de plazas en determinadas entidades por su capacidad de respuesta. Rodríguez sostiene que Quorum Social 77 y Coliseo asumieron el mayor volumen porque, cuando repuntó la crisis migratoria en el verano de 2023, se contactó con todas las organizaciones acreditadas para valorar hasta qué punto podían dar una respuesta inmediata. Según explica, fueron estas dos las que reaccionaron con mayor celeridad, ya que en la legislatura anterior habían cerrado centros tras la caída de las llegadas y lograron reactivar los recursos con rapidez. «A medida que iban abriendo centros, íbamos llenándolos. Hubo momentos en los que se abría un recurso y se llenaba en una noche», recuerda.
Mirar para otro lado
La Consejería de Bienestar Social asegura que está trabajando para poner orden en un sistema que nació como respuesta a una emergencia. Según explica Rodríguez, se ha implementado un protocolo de atención de calidad y cuentan con una herramienta propia de control de vulnerabilidad, desarrollada por la comunidad autónoma, que permite detectar con antelación situaciones de riesgo y actuar de forma preventiva. En paralelo, se ha exigido a todas las entidades una relación detallada del personal contratado. Los últimos datos recopilados por la Dirección General de Infancia revelan que el 58 % del personal son técnicos educativos, un 18 % trabajadores sociales, un 3 % psicólogos y un 9 % personal auxiliar.
Las inspecciones se han intensificado en los últimos meses. Rodríguez asegura que en enero, los trabajadores sociales del área visitaron todos los centros del Archipiélago para evaluar su estado y revisar, expediente por expediente, la situación de cada menor. Estas revisiones han derivado en el cierre de varios centros en islas como Gran Canaria y Lanzarote, donde se detectaron irregularidades. En algunos casos, los expedientes se han remitido directamente a la Fiscalía. «Recibimos correos anónimos con denuncias y hacemos requerimientos a las entidades que incluso han terminado en despidos de personal», añade la responsable del área.
Canarias lleva meses alertando y proponiendo soluciones para aliviar el colapso del sistema de acogida, pero las respuestas no llegan o se atascan por motivos políticos. El avance más significativo ha sido la reforma de la ley de extranjería, que hace obligatorio el reparto de menores por todo el territorio nacional. Sin embargo, el bloqueo de varias comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular ha congelado el inicio de los traslados. A ello se suma el incumplimiento del Gobierno central, que todavía no ha acogido a más de un millar de menores solicitantes de asilo que, por orden del Tribunal Supremo, deben ser integrados en la red estatal de protección internacional. El alto tribunal ya ha lanzado un ultimátum al Ejecutivo y le ha advertido de posibles multas si persiste en el desacato.
En este contexto, la calidad de la atención sigue lejos de los estándares deseables. «Los centros están sobreocupados y no se puede hacer con los niños el trabajo que queremos. Hemos advertido, por activa y por pasiva, que Canarias está desbordada y estamos solos con este tema. No nos es posible garantizar el interés superior del menor», reconoce Rodríguez. La impotencia se hace aún más palpable ante episodios como el vuelco de un cayuco en el muelle de La Restinga, donde fallecieron tres niñas y cuatro mujeres. Ese mismo día, la directora general participaba en la reunión preparatoria de la Conferencia Sectorial de Adolescencia e Infancia. «Pedí la palabra para contar lo que estaba ocurriendo en El Hierro. A pesar de la tragedia, los representantes de las comunidades siguieron mirando hacia otro lado. Fue descorazonador», lamenta Rodríguez.
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