España se ha visto forzada a pagar por primera vez una indemnización millonaria a un inversor internacional por los recortes a las ayudas a las energías renovables aprobados hace más de una década por el Gobierno de Mariano Rajoy. Tras años de resistencia por parte del Ejecutivo español a abonar las compensaciones a las que le habían condenado diferentes cortes de arbitraje internacional, los fondos de inversión especializados en gestionar este tipo de pleitos han conseguido romper el bloqueo y han encontrado la vía de empezar a cobrar (aunque sólo para una parte muy menor de las indemnizaciones de más de 10.000 millones que se llegaron a reclamar en varias decenas de demandas).
El Gobierno da por agotadas todas las vías jurídicas para frenar uno de esos casos pendientes y ha tenido que ejecutar el abono de un laudo internacional en lo que supone un punto de inflexión en la gran batalla legal de la última década por el hachazo a las primas que recibían las plantas renovables. El Ejecutivo ha pagado íntegramente un laudo dictado en 2021 a favor de la compañía japonesa JGC Holdings Corporation, que revendió la gestión del pleito y los derechos de cobro al fondo Blasket Renewable Investment, que controla de hecho la mayoría de los laudos contra España que siguen en marcha. Gobierno y Blasket han pactado el abono de una compensación de 32 millones de euros. La condena original contra España era de 23,5 millones, a los que se han sumado intereses de demora millonarios acumulados durante los años de impago.
La Comisión Europea ha concedido a España una gran escudo para evitar pagar indemnizaciones milmillonarias a las empresas energéticas afectadas por el hachazo a las ayudas a las renovables, pero sólo en el caso de que las compañías sean de alguno de los países de la Unión Europea. Si España paga las indemnizaciones pendientes por demandas de empresas europeas se consideraría una ayuda de estado ilegal, según la nueva doctrina de Bruselas. Pero los pleitos activados por inversores no comunitarios quedan fuera de ese blindaje y ahora que los fondos oportunistas han conseguido romper el cerrojo, España se expone a tener que pagar compensaciones en total por unos 200 millones de euros en cuatro laudos de inversores no europeos.
España se enfrenta a cuatro procedimientos arbitrales iniciados por inversores extracomunitarios, por los que ha sido condenada a pagar en total más de 167 millones de euros, y ascenderán a más de 200 millones con los intereses de demora acumulados. El Ejecutivo ya había conseguido rebajar sustancialmente las cifras que exigían los cuatro grupos, con un montante total reclamado de 586 millones, según las cifras de la Abogacía del Estado a las que ha accedido EL PERIÓDICO.
El Gobierno circunscribe la batalla con inversores de fuera de la Unión Europea sólo a los pleitos con JGC (con 23,5 millones de indemnización reconocida por el laudo arbitral), Euros (106 millones), Itochu (93 millones) y Mitsui (31,5 millones). Fuentes del sector energético incluyen los pleitos de otras varias compañías más en el mismo saco de las extracomunitarias, elevando sustancialmente la cifra potencialmente afectada por la nueva vía para que España pague (hasta el entorno de los 500 millones). Pero el Gobierno sólo reconoce estos cuatro pleitos, porque en otros casos, incluso si el grupo matriz es de fuera de la UE, la compañía acabó presentando la demanda de arbitraje mediante filiales europeas que quedarían afectadas por el escudo avalado por Bruselas para impedir los pagos de las compensaciones.
La ‘bala de plata’ de Bruselas
Bruselas ha decidido eximir a España de abonar las compensaciones pendientes por laudos arbitrales porque se considerarían ayudas de estado ilegales a las empresas beneficiarias si son de alguno de los estados miembros. Pero España no ha encontrado vías legales para seguir evitando el pago de las indemnizaciones en el caso de que las compañías energéticas denunciantes sean de fuera de la UE.
Desde el Ministerio para la Transición Ecológica, comandado por la vicepresidenta Sara Aagesen, se reconoce que, de acuerdo con la doctrina del Tribunal de Justicia de la UE y de la Comisión Europea, los pleitos de inversores no comunitarios no tienen cabida en el derecho de la UE, así que pagar las indemnizaciones no supondría una ayuda de estado ilegal. El Gobierno se compromete a pelear para evitar tener que pagar las tres indemnizaciones pendientes de laudos de inversores de fuera de Europa. “España afronta la defensa frente a estos minoritarios arbitrajes extra-UE con todas las estrategias jurídicas a su alcance, agotando todas las vías de defensa, pero con menos argumentos jurídicos, al no poder invocar el derecho de la UE”, apuntan fuentes ministeriales,
España ya ha conseguido reducir en un 85% el importe demandado por los inversores internacionales. Las empresas energéticas y posteriormente los fondos buitre que recompraron los derechos de cobro llegaron a acumular reclamaciones por un importe de 10.635 millones de euros en un total de 51 pleitos. Pero las condenas de laudos de las cortes arbitrales acumulados contra el Reino de España sólo han reconocido compensaciones por 1.514 millones (más otros 360 millones de intereses de demora).
De esa cantidad, la inmensa mayoría corresponde a pleitos impulsados por inversores europeos y que España tiene permiso (o la obligación) para no abonar para que la Comisión Europa no lo considere una ayuda de estado ilegal. La ‘bala de plata’ concedida por Bruselas permite a España ahorrarse el pago de indemnizaciones por 1.347 millones reconocidas por los tribunales arbitrales a inversores europeos (escalando por encima de los 1.600 millones si se contabilizan también los intereses de demora). España aún tiene cerca de una decena de laudos pendientes de resolución con indemnizaciones reclamadas por 1.291 millones, pero todos los casos corresponden a empresas europeas.
Ofensiva contra la ‘reventa’ de pleitos
Bruselas en efecto ha decidido eximir a España de abonar las compensaciones pendientes por laudos arbitrales a empresas europeas. Pero el Gobierno de Pedro Sánchez pretende movilizarse para blindarse por completo de tener que realizar los pagos en caso ante la posibilidad de que algún tribunal decida forzar el abono de las indemnizaciones.
La gran mayoría de las empresas energéticas que iniciaron los procesos de demanda contra España han revendido sus derechos de cobro de los laudos a fondos buitre. El fondo estadounidense Blasket ha llegado a tomar el control de la gestión de la mayoría de los pleitos contra el recorte de las renovables, según confirman fuentes del sector, apuntando que la firma tiene en sus manos entre un 60% y un 70% de los derechos de cobro de las indemnizaciones.
El Gobierno está diseñando una ofensiva legal contra las compañías europeas de renovables que revendieron los pleitos a fondos buitre para blindarse por completo. En caso de que estos fondos oportunistas consigan que algún tribunal trate de obligar a España a pagar las indemnizaciones a pesar de la decisión de Bruselas, el Ejecutivo abrirá una batalla legal contra las empresas energéticas que trapichearon con los laudos y les reclamará a ellas todas las cantidades para recuperar lo que la Comisión Europea consideraría ayudas ilegales.
El Ejecutivo pretende actuar con total contundencia contra las renovables que revendieron los pleitos si acaba siendo necesario y anticipa que agotará todas las vías legales. Los fondos tenedores de los derechos de cobro de los laudos están intentando su ejecución en países como Estados Unidos, Australia o Reino Unido, e incluso han conseguido embargar activos españoles públicos en estos países como garantía de cobro. Si finalmente consiguen cobrar las indemnizaciones por esta vía, España actuará contra las empresas energéticas exigiéndoles una compensación al Estado español por el mismo importe.
Suscríbete para seguir leyendo
