La consellera de Presidencia del Govern balear, Antònia Maria Estarellas, ha comparecido ante el Parlament para explicar las líneas generales de sus presupuestos tras el acuerdo alcanzado entre PP y Vox que incluye la derogación de la Ley de Memoria Democrática o cambios en la exigencia del catalán en la Administración. «Bajo ningún concepto serán plazas de atención al público, porque tenemos que velar para seguir siendo una comunidad bilingüe», apunta.
Respecto al uso del catalán en la función pública, la consellera asegura que seguirá siendo un requisito básico y niega que se haya eliminado de forma generalizada: «Soy una convencida desde siempre de que, dentro de una comunidad bilingüe, los funcionarios tienen que conocer las dos lenguas. Pero también tengo la responsabilidad de que se puedan prestar los servicios públicos a los ciudadanos».
El acuerdo firmado entre PP y Vox detalla que se va a «garantizar que el catalán no penalice en el acceso a bolsas públicas de trabajo, analizando las categorías, cuerpos, escalas y puestos de trabajo que no tratan con la ciudadanía para la rebaja o exención del nivel lingüístico exigido, y exceptuando aquellas plazas deficitarias o de difícil cobertura, donde la exigencia lingüística pueda dificultar la prestación del servicio a los ciudadanos, de manera que el catalán no suponga un impedimento para acceder a estas plazas».
Estarellas insiste en que en casos de plazas de difícil cobertura, como arquitectos, ingenieros, sanitarios o cocineros, se ha flexibilizado el requisito formal del título de catalán, aunque no su conocimiento mínimo. La solución, afirma, pasa por ofrecer formación a quienes no acrediten la titulación lingüística: «Si necesito un cocinero y es alemán, pues que vaya a cocinar. Siempre priorizaremos a quienes tengan el título de catalán, pero si nos faltan trabajadores, les cogemos y ya les formaremos».
También defiende que no se ha retirado la vehicularidad del catalán en la administración pública y lanza un mensaje directo a la oposición: «Si encontráis una fórmula mágica para encontrar trabajadores, volveré atrás este acuerdo».
Sobre la derogación de la ley de Memoria Democrática, Estarellas insiste en que, pese al cambio legislativo, su compromiso con la recuperación de las personas represaliadas sigue firme: «No he dejado de trabajar con el plan de fosas y la recuperación de personas desaparecidas. He intentado huir del debate y seguir con mi trabajo: recuperar a las personas represaliadas y darles una dignidad».
Críticas de la oposición
La diputada socialista Teresa Suárez denuncia que el pacto entre PP y Vox «pone en riesgo» la pervivencia de la ley de Memoria Democrática ya que el PP «ha utilizado esta norma como moneda de cambio» para obtener el apoyo a unos presupuestos que son «exactamente los mismos» que se presentaron en el mes de noviembre de 2024.
Suárez asegura que, además de ser unos presupuestos antiguos para un contexto “nuevo y más oscuro” que hace unos meses, no tienen en cuenta las nuevas circunstancias de las condiciones políticas actuales, que han sufrido un «cambio radical». Por ello, califica de “vergonzosos” los acuerdos alcanzados con Vox, que se materializarán en forma de enmiendas para «evitar el debate público y ocultar las decisiones más graves detrás de procedimientos técnicos”.
Por su parte, la diputada Maria Ramon de Més per Mallorca denuncia que el acuerdo elimina los derechos lingüísticos de los catalanohablantes en la Administración, quienes «dejarán de tener garantizado el derecho a dirigirse y ser atendidos en catalán». Durante la comparecencia presupuestaria, el partido ecosoberanista ha criticado el ‘bilingüismo en la administración’, así como la eliminación de la ley de memoria. «El bilingüismo equilibrado no existe y siempre se resuelve haciendo que los catalanohablantes tengan sus derechos lingüísticos subordinados a la voluntad del poder y, en este caso, a la voluntad de PP-Vox».
