El Tribunal Supremo de EEUU ha decidido permitir al Gobierno de Donald Trump la retirada de la residencia temporal de más de 532.000 migrantes residentes en el país. La decisión permitirá en la práctica retirar el estatus de protección temporal concedido por la anterior Administración a ciudadanos procedentes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití.
La Corte Suprema, en una opinión sumaria de 7 a 2, suspendió una decisión del tribunal de primera instancia que había impedido que el Departamento de Seguridad Nacional pusiera fin a los «programas de libertad condicional» que otorgan a los inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela un estatus legal temporal mientras continúa el litigio.
La decisión allana el camino para que la administración deporte a unos 532.000 migrantes y sigue a la orden judicial del 19 de mayo que permite al DHS poner fin a las protecciones legales de 350.000 venezolanos bajo un programa diferente.
El tribunal no ofreció ninguna explicación a esta decisión. Los jueces Ketanji Brown Jackson y Sonia Sotomayor discreparon, argumentando que el tribunal «subestima las devastadoras consecuencias de permitir que el Gobierno trastoque precipitadamente la vida y el sustento de casi medio millón de extranjeros mientras sus demandas legales están pendientes».
El último conflicto afecta a personas que ingresaron al país durante la presidencia de Joe Biden tras conseguir un patrocinador estadounidense y obtener la aprobación del Gobierno. El Gobierno de Biden amplió el uso de la libertad condicional —una herramienta diseñada para admitir temporalmente a personas por razones humanitarias o de interés público— mediante el establecimiento de procesos especiales dirigidos a esos cuatro países.
Aproximadamente 532.000 migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela ingresaron a Estados Unidos bajo los programas de Biden, generalmente por un período de dos años. No está claro cuántos permanecen en el país bajo ese estatus. Al impedir que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, revocara los programas, la jueza federal de distrito Indira Talwani, en Boston, afirmó que la ley federal de inmigración parece exigir que la libertad condicional se revoque caso por caso, no categóricamente.
El procurador general de Estados Unidos, D. John Sauer, principal abogado de la Administración Trump ante la Corte Suprema, declaró a los jueces que tomar decisiones individualizadas sería una «empresa colosal».
