Cuando se cumplen este jueves siete meses de la devastadora DANA de Valencia, que dejó un balance mortal de 228 fallecidos el pasado 29 de octubre, el pueblo valenciano no olvida y, menos aún, perdona. En esta jornada ha tenido lugar la séptima manifestación multitudinaria contra la gestión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, a quien exigen su dimisión porque «no avisó, no previno y no se anticipó».
«No tenemos paz», han señalado representantes de las asociaciones de víctimas antes de arrancar la marcha, que ha comenzado a las 19:00 horas en el Ayuntamiento de Valencia, la cual coincide con la celebración de una huelga general convocada por los sindicatos Intersindical, CNT, CGT y COS siete meses después de la tragedia.
En esta convocatoria, los participantes han reclamado «responsabilidades políticas y penales, transparencia y verdad», recordando así a las casi 230 personas que perdieron la vida en las inundaciones.
Detrás de la convocatoria de esta tarde del jueves están representadas más de 200 entidades cívicas, sociales y sindicales, junto con asociaciones de víctimas de la DANA, los comités locales de emergencia y la reconstrucción y el Acord Social Valencià. La de este jueves se convierte en la séptima movilización después de que se suspendiese la prevista el 28 de abril debido al gran apagón que sufrió España.
La manifestación ha salido pasadas las 19.00 horas de la plaza del Ayuntamiento de Valencia entre aplausos, encabezada por las asociaciones de víctimas, tras una pancarta de ‘Mazón Dimissió’, y entre gritos de ‘el president a Picassent’ y ‘Mazón dimissió’. La marcha ha recorrido las calles de las Barcas, Poeta Querol, La Paz, la plaza de la Reina, Bordadores y Micalet, para acabar en la plaza de la Virgen.
«No avisó, no previno, no se anticipó»
Las asociaciones de víctimas de la DANA han tomado la palabra antes del inicio de la manifestación y, en declaraciones a los medios de comunicación, la presidenta de la Asociación Víctimas Mortales DANA 29-O, Rosa Álvarez, ha acusado a Mazón de estar «de ocupa» en la presidencia de la Generalitat, instándole a que deje un cargo que, a su juicio, «tendría que haber dejado el 30 de octubre».
«Nuestros familiares murieron porque él no avisó, porque él no previno, porque él no se anticipó a lo que todos sabían que venía. Exigimos que deje ese sitio y que lo ocupe otra persona, aunque sea de su mismo partido», ha reclamado en voz de todas las víctimas.
Por su parte, desde la Associació de Víctimes de DANA 29 octubre, Mariló Gradolí, ha reprochado que siete meses después no saben «qué hizo» Mazón aquel fatídico día y le ha acusado de «seguir mintiendo»: «Hay gente que nos levantamos y no hay día bueno después de siete meses, porque no tenemos paz y porque no nos ha llegado todavía la justicia», ha lamentado.
Por su parte, Toñi García, que perdió a su marido y a su hija en la DANA, ha tildado de «indignante e insultante» que Mazón «hable de dinero», en relación a los presupuestos de la Generalitat. «Parece como su flotador, su salvación, pero no es para nada la nuestra», ha aseverado, al tiempo que ha acusado al jefe del Consell de ser «una persona totalmente deshumanizada».
Manifestacions a València, Castelló i Alacant contra el govern de Mazón set mesos després de la dana
Els convocants demanen “responsabilitats polítiques i penals, transparència i veritat” pel que consideren “un acte de completa incompetència”.
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— À Punt NTC (@apuntnoticies) May 29, 2025
Mazón pacta con Vox los «presupuestos de la reconstrucción»
Esta séptima convocatoria contra Mazón se produce pocas horas después de que Les Corts Valencianes dieran luz verde a los presupuestos del PP de la Generalitat, impulsados junto a Vox. Los bautizados como “presupuestos de la reconstrucción” fueron aprobados a última hora del miércoles tras once horas de arduo debate con el foco situado en la gestión de la DANA.
Las cuentas autonómicas obtuvieron un resultado parlamentario de 53 votos a favor y 46 en contra y las cuales se volcaron a la agenda de la extrema derecha, incluyendo así medidas que pasan desde la creación de una oficina antiokupas, la restauración de elementos de “concordia” -en vez de Memoria Democrática- o requerir pruebas médicas a los menores migrantes no acompañados.
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