Una mujer y su hija han sido desahuciadas en Las Palmas de Gran Canaria tras ocho años de lucha judicial que ha llegado al Tribunal Constitucional. Un funcionario de Hacienda la citó para informarle de que la casa había sido embargada a la propietaria por una deuda de 115.000 euros. Desde entonces, Pérez ha vivido un auténtico caos de indefensión administrativa, que ha terminado con el alzamiento de su desalojo el pasado 15 de mayo. La Agencia Tributaria no respetó su derecho preferente para comprar la casa en la subasta y, por lo tanto, la inquilina se ha visto obligada a endeudarse, con dos procedimientos judiciales abiertos, enfrentándose a las puertas cerradas de la administración pública y constantes obstáculos en los tribunales.
Aroa Pérez alquiló un piso de la calle Luigi Pirandelo, en El Batán, para vivir cerca de sus padres, que le ayudaban con el cuidado de su hija, ya que es madre soltera. Cuando le comunicaron el embargo de la vivienda por la deuda que arrastraba la propietaria, el empleado del fisco le informó que podía pagar la mitad -57.500 euros- para comprar la casa. Pérez también tenía la opción de continuar alquilada, pero pagando la renta a la administración pública. «En estos casos tú no puedes pedir una hipoteca, porque no tienes papeles ni escrituras que presentar a un banco. Tienes que tener el dinero y yo no lo tenía», explica Pérez.
Derecho prioritario
Le informaron de que la vivienda sería subastada y, según Pérez, le prometieron que tendría derecho prioritario para igualar la oferta. Sin embargo, un año después no pudo ejercer su derecho, ya que la propiedad fue vendida sin previo aviso. «En Hacienda me dijo el funcionario que siempre trató conmigo que ellos no habían aceptado la oferta desde ahí, sino que fue desde la central», explica Pérez. La única opción que le ofrecieron fue recurrir a los tribunales.
Aroa Pérez, señala el portal de la vivienda de la que ha sido desahuciada. / Andrés Cruz
Y así lo hizo, alegó por su derecho de retracto, es decir, la posibilidad de adquirir la vivienda en las mismas condiciones que fue vendida si el inquilino no fue notificado. Sin embargo, a partir de ahí encuentra dificultades en todos los procesos que intentó iniciar. En primera instancia, el juez alegó que la demanda está fuera de plazo, por lo que reclama y le dan la razón de que, efectivamente está dentro del plazo. Aun así, el juzgado consideró mal ejercido el derecho de tanteo y retracto. «En ningún momento ni la justicia ni Hacienda me han dicho lo que tengo que hacer para ejercer este derecho», lamenta Pérez. En este sentido, Pérez depositó 36.000 euros en los juzgados para igualar la oferta de la subasta y demostrar su solvencia. Sin embargo, para poder reunir ese dinero tuvo que pedir un préstamo y endeudarse.
Endeudada y sin casa
Tras esta sentencia, elevó su demanda al Tribunal Supremo, que no la admitió a trámite, por lo que la ha presentado en el Tribunal Constitucional. Mientras tanto, la nueva propietaria de la vivienda la demandó por los alquileres no pagados desde la compra del inmueble. «Ella [la nueva propietaria] nunca me ha dado un número de cuenta ni me ha dicho que le empiece a pagar los alquileres», asegura Pérez. En un primer juicio el juez entiende que hasta que no se aclare de quién es la vivienda no se puede juzgar si tiene que pagar el alquiler o no. Sin embargo, la propietaria recurrió y, en una segunda sentencia, consideran que Pérez debe depositar 21.000 euros en los juzgados porque al haber pujado se convierte en la propietaria provisional.
Ante la imposibilidad de Pérez de pagar esa cantidad, los tribunales enviaron un lanzamiento de desahucio. «Por ley si tú tienes un dinero consignado en los juzgados no se puede volver a consignar otra cantidad, pero el juez no ha leído eso y lo ha pasado por alto», reclama Pérez.
Pérez paga 500 euros todos los meses del crédito de los 36.000 euros que consignó. Por ello, no le alcanza para pagar un alquiler, aunque tiene un contrato de trabajo fijo. Ante esta situación no le ha quedado de otra que mudarse al sofá de casa de su padre junto a su hija, que a pesar de ser mayor de edad, sigue siendo dependiente de ella.
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