«Se han observado contrataciones en las cuales no se ha llevado a cabo ningún proceso de selección y otras en las que, a pesar de haberse iniciado un supuesto proceso de selección, éste no se ha ajustado a la normativa vigente en el momento de su formalización, presentando varias irregularidades en las diferentes fases». Es la primera conclusión a la que llega el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre las 85 contrataciones realizadas por la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) y denunciadas como irregulares por el Sindicato Andaluz de Funcionarios.
La investigación, a la que ha tenido acceso El Correo de Andalucía, detalla cómo se llevaron a cabo cada una de estas contrataciones, que el SAF denunció que se habían realizado «por una serie de vínculos familiares o de amistad con personas que ocupan cargos relevantes en la propia entidad contratante, en el Partido Socialista Obrero Español o en la Administración de la Junta de Andalucía». Los servicios centrales colocaron a 25 personas. En las provincias, el podio lo coparon tres plazas importantes para el PSOE: Cádiz, Sevilla y Jaén, con 12, 11 y 10 investigados que la UCO señala como contratados de manera irregular. Les siguen Córdoba (9), Almería (6), Huelva (5), Málaga (3) y Granada (2).
Según consta en las conclusiones del informe, a pesar de que había un sistema legal establecido para la contratación por parte de la Faffe, en la mayoría se usó únicamente una base interna de la Fundación denominada SAP R3/H3. «Esta circunstancia habría podido producir un vicio de origen en la selección de potenciales candidatos, en detrimento, precisamente, del requisito de publicidad marcado legalmente».
Lo primero era llevar a término una baremación de los candidatos: «En aquellos casos en los que se hace referencia a esta prueba de baremo, recurrentemente se observa cómo, sin justificación objetiva, se decide llamar a la siguiente prueba, la entrevista personal, a la persona que a la postre resultaría contratada». Es decir, «las personas encargadas de la selección» decidían pasar a «la siguiente prueba» únicamente a la persona elegida. De hecho, se destaca un caso en el que la entrevista personal se realizó antes de que se hiciera la selección de candidatos.
Una vez pasada la prueba de la entrevista personal, se firmaba el contrato. Según la UCO, esto también se hacía de manera irregular, pues no se ha encontrado documentación que acredite que se siguieron los plazos establecidos. Además, los contratos se realizaban con duración determinada, en muchos casos de 6 meses. Luego, el trabajador seguía vinculado a la Faffe a pesar de que no se prorrogara el mismo, «salvo en algunos casos que se procedía a su conversión en indefinido», perpetuándose en el puesto.
En este sentido, destaca la UCO además que las contrataciones podrían suponer más delitos de los analizados. En concreto, se llevaron a término contrataciones en la Faffe como técnico de formación, pero estos «habrían estado desarrollando labores de asesor del entonces Consejero de Empleo«. En concreto, los agentes de la Benemérita cifran un desvío de dinero de 724.036,12 euros para estos menesteres.
Otros trabajadores «habría estado cobrando un suplemento salarial que no estaría recogido en los correspondientes convenios colectivos de la FAFFE». No se ha hallado documentación al respecto. Igualmente, algunas de las personas investigadas habrían logrado promociones profesionales, «con el consiguiente aumento salarial», sin personarse en un proceso de promoción interna, ajustado a la norma, en el seno de la FAFFE.
En este último grupo se encuentra Carmen Ibanco, esposa de Juan Espadas. La parte del informe que se refiere a ella apunta que se benefició no solo de la contratación irregular, sino de un aumento de categoría sin el proceso correspondiente. «A través de la citada promoción, habría percibido un total de 8.683,09 euros» más en los tres años que duró la misma.
En definitiva, el informe señala que la mayoría de las contrataciones se realizaron «sin ajustarse a la normativa vigente en el momento de su formalización, conculcando los principios normativos de igualdad, mérito, capacidad y publicidad que deben regir en la normativa publica, pudiéndose inferir que han sido llevadas a cabo de manera arbitraria».
Los escándalos de la Faffe
Ya hay sentencias que acreditan que en el seno de la Faffe se realizaban contrataciones de manera irregular. La última fue conocida hace poco menos de un mes. En ella fueron condenados Fernando Villén, ex director general de la entidad y también condenado por gastar dinero público en prostíbulos, y Antonio Torres, ex alcalde de Lebrija, que fue enchufado en la Fundación y cobró 359.973,51 euros por las labores que debía realizar, a pesar de que «no acudía a la sede de la Fundación ni desempeñaba trabajo alguno».
Otro informe de la UCO reveló también otro tipo de enchufismo en el seno de la Faffe. Se trata de los ‘Out’: empleados enchufados que cobraban y trabajaban para esta institución pública, pero a los que daban de alta laboral empresas externas a la Fundación a cambio de una comisión.
Asimismo, el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla también investiga la causa por presunta malversación en la contratación de empresas y personal por parte de la directiva de la Faffe. Se investiga a un total de 21 personas entre las que están Fernando Villén, su hermano y la directora financiera de la entidad.
