Los órganos multilaterales del Gobierno con las comunidades autónomas se han convertido en espacios de disenso y confrontación. Si esta mañana fue la comisión de Juventud e Infancia donde no se alcanzó un acuerdo para establecer los criterios para el reparto territorial de menores migrantes, por la tarde fue la reunión preparatoria de la Conferencia de Presidentes la que se saldó con un nuevo desacuerdo. Las comunidades autónomas y el ministerio de Política Territorial han salido de la reunión, tras más de tres horas de debate, sin lograr consensuar el orden del día de la cumbre con los presidentes autonómicos convocada para el próximo 6 de junio en Barcelona.
Es la primera vez que esto ocurre en una comisión preparatoria. Desde el Ejecutivo esperan que las comunidades vuelvan a lanzar otra propuesta por escrito, sin descartar que se vuelva a convocar otra comisión prepatoria.
La mayoría de comunidades autonómicas presididas por el PP ha chocado con el Gobierno, votando en contra de su propuesta, a pesar de incluir varias de sus reivindicaciones, como abordar la financiación autonómica, la agenda energética o la educación de cero a tres años. Según el ministro de Política Territorial, se aceptaron todas las propuestas a excepción se las consideradas fuera del marco legal o no competentes en este foro, como el control de fronteras o la retira de proyectos de ley, como los previstos a nivel de reformas de la justicia. Desde el Ejecutivo habían acotado el orden del día en un principio al acceso a la vivienda y la formación profesional y universitaria.
Los populares han reclamado también un cambio de formato para aumentar los tiempos de intervención y fomentar el debate evitando un “monólogo” por parte del presidente del Gobierno. Algo que, según sostienen en el Ejecutivo, precisaría de una reforma del reglamento, al estar ya tasado el formato de las intervenciones, además de consensuarse previamente en una propuesta concreta. Erigido en portavoz de sus homólogos del PP, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García, abogó porque haya «acuerdo, diálogo y votaciones» sobre «los auténticos problemas y retos» de las comunidades. Entre ellos, además de la financiación autonómica, agitó la bandera del “caos” ferroviario, el apagón y la ‘okupación’.
Detrás del masivo apagón peninsular, sobre el que un mes después el Gobierno sigue sin poder ofrecer respuestas sobre sus causas, ha emergido el debate sobre las nucleares. La ofensiva de los populares para recuperar el papel de las centrales nucleares y prolongar su vida útil se ha redoblado, situando como un asunto de “interés nacional” la necesidad de mantener un “mix energético equilibrado”.
La oposición liga también el mantenimiento de la energía atómica a una cuestión para mejorar la competitividad empresarial. De ahí que se levantasen de la mesa de negociación sobre el decreto de los aranceles tras no atenderse su demanda para aliviar la fiscalidad de las nucleares. El Gobierno, por su parte, trata de blindar la hoja de ruta sobre las energías renovables, y acusan al PP de situarse en la defensa de los “intereses económicos” de las energéticas en este debate, frente a lo que consideran interés general.
Aunque la problemática habitacional ya se abordó en la anterior Conferencia de Presidentes, celebrada el pasado mes de diciembre en Santander, en el Gobierno subrayan que «la ley de vivienda sigue sin aplicarse por parte de las comunidades presididas por el PP. El otro asunto promovido por Moncloa, relacionado con la formación superior y profesional, se pone sobre la mesa en un contexto en el que el Ejecutivo ha endurecido la normativa para la creación de centros privados.
El reglamento permite que una mayoría de comunidades pueden proponer asuntos para el debate si lo solicitan conjuntamente, como ha sucedido en la reunión preparatoria celebrada este miércoles en la sede del ministerio de Política Territorial. A ello se abonan ahora los populares. «Se tienen que aceptar si hay mayoría», avisaba a la salida del encuentro el consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz. De los contrario, añadía, «habrá que acudir a otras instancias».
El nuevo reglamento también permite influir en el orden del día al Senado, que está bajo el control del PP con mayoría absoluta. En la Cámara alta, además, se aprobó una reforma para que la firma de una mayoría absoluta de senadores baste para incluir asuntos a debate en una Conferencia de Presidentes.
La XXVIII edición de la Conferencia de Presidentes se celebrará en el Palacio de Pedralbes de Barcelona. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ofreció ser el anfitrión y para acoger la cumbre del Gobierno con las comunidades autónomas tras la última cita celebrada el pasado mes de diciembre en Cantabria. Un guiño para poner en valor la “normalización” de las relaciones institucionales entre el Estado y la Generalitat.
El reglamento obliga a celebrar dos reuniones al año. Esta edición tendrá lugar seis meses después de la última cita, que se celebró en diciembre de 2024 en el Palacio de la Magdalena (Santander) tras un parón de convocatorias debido a la concatenación de elecciones generales y el posterior ciclo electoral con comicios autonómicos y europeas. Es este «compromiso» de dos convocatorias anuales, por el que en el Gobierno justifican la decisión. La Conferencia de Presidentes se celebrará así un mes antes del congreso nacional del PP.
