El nuevo Decreto Ley de Dependencia (46/2025) va a dejar en un limbo a un total de 10.479 canarios dependientes que se encuentran a la espera de su prestación a través del Programa Individual de Atención (PIA). En este grupo se encuentran las personas que avanzaron en los trámites de reconocimiento de la dependencia antes de que entrara en vigor la nueva normativa. Así, aunque estas personas ya tienen reconocido el grado de dependencia, no podrán beneficiarse del proceso simplificado que establece el nuevo decreto.
Sin embargo, el Gobierno de Canarias es consciente del agravio y va a priorizar estas solicitudes. Así lo ha destacado la directora general de Dependencia, Concepción Ramírez, que indica que «los que ya han recibido la primera visita se guiarán por el decreto antiguo». Como afirma, se trata de un periodo «de tránsito» donde ambos decretos tendrán que convivir. Del total, 4655 personas se encuentran en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y otras 5.824 en la de Las Palmas de Gran Canaria. En este sentido, la directora general recuerda que en esta situación «se encuentran también personas que han solicitado la revisión de la prestación después de haberla recibido». En el caso de la provincia oriental, por ejemplo, un 33% de las solicitudes que se encuentran pendientes de evaluación son para revisar el PIA inicial.
Para poder sacar adelante esta ingente cantidad de solicitudes, la Consejería ya tiene previsto tener a un equipo «resolviendo las solicitudes que llevan más tiempo esperando». Para llevar a cabo esta tarea, Canarias espera contratar más trabajadores sociales para Lanzarote, Gran Canaria y La Palma y ampliar de manera transitoria los servicios que les concede la Fundación Tutelar Canaria para la Acción Social (Fucas) para agilizar estos trámites. «Estamos esperando por el contrato programa de 2024 para contratar a 25 trabajadores sociales en la provincia tinerfeña y otros 12 en la de Las Palmas», adelanta la directora general, que recuerda que hace dos semanas se aprobó la contratación de 30 auxiliares administrativos que esperan que se incorporen cuanto antes.
Buen pronóstico
En todo caso, la directora insiste en que la nueva ley, que ha arrancado en el día de hoy, «va a suponer un antes y un después» para Canarias. En concreto, reducirá los trámites necesarios para reconocer el grado de dependencia y conseguir que los solicitantes empiecen a recibir su prestación Se conseguirá, según adelanta Ramírez, tras reducir a una sola la visita de los trabajadores sociales y actualizar el modelo de solicitud. De hecho, Canarias maneja un buen pronóstico de la puesta en marcha de este modelo «simplificado», hasta el punto de que aspirar a acotar el plazo de los trámites de la Dependencia de los casi dos años actuales (más de 500 días) a seis meses.
«El ciudadano va a obtener los datos sobre la marcha», sentencia Ramírez, que revela que este modelo es el ya utilizado en otras muchas comunidades autónomas. En concreto, en esta visita, que será la primera tras la solicitud de la Dependencia, los trabajadores sociales serán los encargados de darle información sobre su grado de discapacidad y las prestaciones a las que puede acceder. «Ya acudirán con toda la información y podrán orientarle, por ejemplo, sobre la prestación que recibirán dependiendo del tipo de servicio que se les asigne«, indica.
De hecho, este nuevo procedimiento va a beneficiar a 7.657 canarios que se encuentran en espera tras haber hecho la solicitud. La mayor parte de ellos se encuentra en la provincia de Santa Cruz de Tenerife que suma 6.437 solicitantes, frente a los 1.220 de la provincia de Las Palmas de Gran Canaria. «Esto hará que nos cueste un poco más resolver todas las solicitudes de la provincia tinerfeña, mientras que la de Las Palmas será más ágil», destaca la directora general que, por ello, pide tiempo para arrancar la medida y comprobar su idoneidad.
Rechazo a las críticas
De esta manera, la responsable del área vinculada de Bienestar Social ha negado en rotundo que la nueva legislación vaya a cargar de papeleo a los usuarios. «No es así, estas afirmaciones surgen de una falta de conocimiento», insistió Ramírez haciendo alusión al comunicado lanzado por los colegios de Trabajadores Sociales de Canarias. En él, los profesionales ponían de relieve que esta nueva norma esconde «una mayor burocratización y un empobrecimiento de la atención».
Ramírez también ha desmentido que el nuevo modelo de solicitud sea lesivo para el usuario. En concreto, ha defendido que los datos económicos ya son solicitados para tramitar muchas otras prestaciones (como la Renta Canaria de Ciudadanía o el Ingreso Mínimo Vital), que el informe de salud es un modelo normalizado utilizado en la mayor parte del territorio español y que «en ningún caso se obliga a las personas a decidir qué tipo de prestación quieren decidir». Y es que, como resalta, «lo que se pide es que se señale la preferencia, y esto se puede cambiar cuando el trabajador social vaya a domicilio».
La directora no esconde que en el primer día de aplicación de la nueva normativa «se han producido fallos». Sin embargo, argumenta que muchos de ellos ya se solventarán en las próximas horas. Pero para Ramírez, las quejas de este colectivo llegan demasiado pronto: «aún hay que esperar los resultados porque el decreto se acaba de poner en funcionamiento». En este sentido, la directora recordó que la normativa anterior tan solo «ha perjudicado» a los canarios «durante 17 años» al ser «un proceso tan lento».
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