Es lógica la desilusión con la que afrontan nuestros hermanos venezolanos las elecciones regionales (24 gobernadores), a la Asamblea Nacional (285 diputados), y a los consejos legislativos (260 legisladores) que se celebran hoy en la República Bolivariana. El 28 de julio de 2024 pusieron todo su empeño en acudir a las urnas y mostrarle al mundo el ansia de cambio y trasformación que demandaban para Venezuela. Aquellas elecciones presidenciales se las arrebataron injustamente; un robo del que todavía hoy no se han recuperado. Este 25 de mayo se enfrentan a un gran dilema: votar, y quizá caer así en la trampa del nuevo fraude electoral que prepara, según los líderes de la oposición, Nicolás Maduro; o quedarse en sus casas y expresar así su desacuerdo con una convocatoria que vuelve a mostrar señales de ilegalidad. Es decir, deben decidir si ejercer el derecho que les otorga la Constitución, o boicotear unos comicios viciados desde el inicio. La propia fecha ha generado polémica, pues estas elecciones estaban previstas para diciembre, mes en el que remata el periodo de gestión de los cargos que hoy se pretenden renovar. Semeja que la cornucopia del poder venezolano tiene prisa por blanquear el pucherazo de las presidenciales, con unas nuevas elecciones ‘fake’ que pasen página, aunque sea a costa de la desesperación de un pueblo que ve cómo el tiempo pasa y su voluntad sigue sin respetarse ni política ni judicialmente.
María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, desde la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), animan a la abstención. Dejar las urnas vacías parece ser la única forma de demostrar el desconsuelo de la sociedad venezolana y la frustración de la oposición. Pero tampoco aquí lo ha sabido hacer bien la oposición, pues una parte de la supuesta “unidad democrática” (Primero Justicia) ha decidido acudir a votar bajo el liderazgo del ex candidato presidencial Henrique Capriles. La expectación mediática es máxima; pero el entusiasmo social es mínimo debido a la frustración que supone conocer de antemano el éxito que se arrogarán los cabecillas de la revolución bolivariana. Partidos hurtados a sus líderes por el Tribunal Supremo de Justicia, sistema de votación atípico, modelos de control y verificación alterados, líderes políticos financiados de forma convenenciera, calendario discrecional, trabas en el control del voto, cierre de fronteras, arrestos, y un gran despliegue militar y policial (400.000 efectivos), auguran lo peor.
Sin embargo, y pese a que los sondeos previos a la cita mostraban un deseo de la ciudadanía de no acudir a las urnas (entre el 70% y el 90% de los encuestados), quienes se enfrentaron a María Corina en 2023 y perdieron las primarias, han decidido dar un paso adelante y asumir unos comicios condenados al fracaso y al fraude; una actitud y una decisión que sólo conseguirán aportar legitimidad a un nuevo engaño perpetrado por un régimen dictatorial que ha forzado ya el exilio de más de nueve millones de venezolanos según el Observatorio de la Diáspora para Venezuela (ocho millones según la ONU). La crisis económica, la inseguridad ciudadana y política, y la escasez de suministros, servicios y productos básicos, hace pensar que otros tres millones tratarán de abandonar el país en los próximos meses hacia Colombia, Perú, Guyana, Portugal, Italia y España (que ha acogido en los últimos tiempos a unos 600.000 venezolanos). Estados Unidos ya no es una opción desde la llegada de Trump, y hasta en España las exigencias han aumentado recientemente. Una pena ver tal sufrimiento en un país hermano con tantos recursos.
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