El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, considera que el plazo para resolver los recursos con repercusión política y social que se interponen no debería superar el año y eso es lo que está a punto de conseguir con el asunto más polémico y complicado que tiene sobre la mesa: decidir sobre la constitucionalidad de la amnistía, que entró en vigor en junio del año pasado y sobre la que, si nada se tuerce, se habrá dictado la primera sentencia en el pleno de la semana del 24 de junio.
Fuentes del alto tribunal señalan a EL PERIÓDICO que a partir de esa primera sentencia, la que se dictará sobre el recurso interpuesto por el grupo parlamentario popular, en los siguientes plenos se procederá a resolver las cuestiones de inconstitucionalidad elevadas por el Tribunal Supremo, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya y la Audiencia Provincial de Madrid, y se dará respuesta a los recursos de las comunidades gobernadas por el Partido Popular y Castilla-La Mancha.
El objetivo de la mayoría progresista del pleno es terminar el año habiendo resuelto también los recursos de amparo presentados por los condenados por el Supremo a los que no se les ha levantado la pena de inhabilitación que cumplen por su condena por el delito de malversación de caudales y a los procesados en rebeldía por este mismo delito.
Los primeros son el presidente de ERC, Oriol Junqueras, el secretario general de Junts, Jordi Turull, y los ‘exconsellers’ Raül Romeva y Dolors Bassa. El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y el ‘exconseller’ Toni Comín todavía no han podido recurrir en amparo, al necesitar que el Supremo resuelva el incidente de nulidad que presentaron tras confirmarse por la Sala Segunda la negativa del juez Pablo Llarena a entender que la malversación que se les atribuye se encuentra entre las excepciones previstas en la propia ley de amnistía. Solo Lluís Puig, al que ya no representa Gonzalo Boye, ha presentado su recurso de amparo este mismo viernes.
Borrador de sentencia
La propuesta de sentencia del primer recurso que se resolverá, el interpuesto por el grupo parlamentario popular, se llevará al pleno que comienza el día 10 para una primera aproximación. En esa reunión, la ponente, la vicepresidenta del Tribunal Constitucional, Inmaculada Montalbán, explicará a sus compañeros el borrador de sentencia que ha preparado y que previsiblemente les habrá facilitado la semana anterior para que puedan llegar a la reunión con los deberes hechos.
Tras esa primera aproximación, las deliberaciones propiamente dichas, en las que ya darán su opinión sobre la constitucionalidad o no de la amnistía todos los magistrados, se producirá en el pleno del 24 al 26, cuando se dictará la sentencia. Las fuentes consultadas destacan la calidad técnica del recurso del PP, lo que obliga a la corte de garantías a «dictar una mejor resolución», señalan, para dar respuesta a todas las objeciones que plantea. El criterio que establezca esa sentencia servirá de patrón para resolver el resto de recursos presentados, con las salvedades que pueda presentar cada uno de ellos.
Ese pleno será monográfico, como suele hacer el Constitucional con los asuntos de especial relevancia. El último que se celebró de estas características fue el que se pronunció sobre la reforma que se había realizado sobre el Consejo General del Poder Judicial. Entonces se necesitaron dos días.
En esta ocasión se espera que los debates se alarguen de martes a jueves y más teniendo en cuenta los intentos protagonizados por magistrados de sensibilidad conservadora para retrasar el pronunciamiento. Concepción Espejel, César Tolosa y Enrique Arnaldo solicitaron consultar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la afectación de los intereses europeos o que el Constitucional esperara a que la justicia europea se pronunciara en las consultas elevadas por otros tribunales, como el Tribunal de Cuentas, que dejó en suspenso la sentencia que debía dictar sobre el 1-O y la acción exterior del Govern.
A la petición, rechazada mediante un acuerdo por el presidente del Constitucional, se ha sumado ahora el PP. No obstante, pese a esos intentos de paralizar o cuando menos ralentizar las deliberaciones, las fuentes consultadas no creen que terminará siendo necesario llevar el asunto a los plenos de julio.
Dentro de esa estrategia dilatoria las fuentes consultadas sitúan la negativa del magistrado José María Macías a apartarse de las deliberaciones de la amnistía una vez que se estimó la recusación que había presentado en su contra el fiscal general del Estado, lo que obligó al pleno a dictar un nuevo auto para extender su decisión a todos los recursos y cuestiones de inconstitucionalidad planteados. En lo que sí podrá participar, salvo que vuelva a ser recusado esta vez en plazo, es en los recursos de los condenados y procesados en rebeldía.
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