Donald Trump quiere doblegar a Harvard. Hacerlo sería, desde luego, dar un golpe encima de la mesa en el marco de su ofensiva contra los centros de enseñanza superior en Estados Unidos. Son instituciones que, dentro de la feroz batalla cultural contra lo woke, los ideólogos del trumpismo consideran una amenaza frontal para sus intereses políticos.
En parte, lo son. En las elecciones presidenciales del pasado mes de noviembre, sin ir más lejos, cerca del 70% del alumnado de Harvard votó a Kamala Harris. En cambio, el 56% de los electores sin titulación universitaria eligió a Trump. La cuestión de fondo es que, lejos de convencer, Trump pretende imponer.
La Casa Blanca pone el foco en las universidades de la Ivy League, la élite educativa que alumbró a ocho expresidentes de Estados Unidos. En la lista figuran los nombres de John Adams, James Madison, Franklin Roosevelt, Barack Obama… y del propio Trump, que durante dos años estudió Economía en la Universidad de Pensilvania.
No importa. El mandatario republicano utilizó en campaña el término “maníacos marxistas” para referirse a los centros de la Ivy League, y Harvard, en la medida en que se mantiene como la institución educativa más prestigiosa del mundo, es la pieza de caza mayor.
Antes que Harvard, no obstante, la dirección de Columbia sufrió el hostigamiento del Gobierno federal bajo la acusación de fomentar las protestas propalestinas en su campus. Y, como en el caso de Columbia, el pretexto del Gobierno federal para intervenir en Harvard no es otro que la creación de “un entorno de aprendizaje hostil para los estudiantes judíos”.
La punta de lanza de Trump contra los centros educativos es el Departamento de Seguridad Nacional que encabeza Kristi Noem. La exgobernadora republicana de Dakota del Sur, adepta a las tesis del movimiento MAGA, revocó el jueves “con efecto inmediato” el programa de estudiantes de intercambio de Harvard.
Los alumnos o investigadores extranjeros debían ser derivados de inmediato a otro centro educativo para mantener su estatus legal en Estados Unidos, según la orden federal. En caso de no hacerlo, corrían el riesgo de ser deportados a sus respectivos países de origen.
La medida que pretende imponer la Administración Trump afecta de lleno a cerca de 7.000 personas, más del 25% de los alumnos de Harvard. La mayoría tiene visas F-1 para estudiantes a tiempo completo o J-1 para estudiantes de intercambio, ambas de carácter temporal.
En el escrito del jueves, Noem acusaba a Harvard de “fomentar la violencia y el antisemitismo”. Hasta aquí, nada nuevo. A la nómina de acusaciones, sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional añadía la presunta coordinación de la cúpula de la universidad “con el Partido Comunista Chino”. Son señalamientos que, como es evidente, no tienen ninguna base sólida.
El rector de Harvard, Alan Garber, condenó a través de un comunicado dirigido a la comunidad universitaria una orden que tachaba de “ilegal e injustificada” por poner en peligro “el futuro de miles de estudiantes y académicos en Harvard”. Por eso, la universidad demandó este viernes a la Administración Trump para tratar de conseguir que la Justicia revocara la orden de forma temporal con el fin de proteger su programa de intercambio.
“Con una sola firma, el Gobierno ha intentado borrar a una cuarta parte del cuerpo estudiantil de Harvard, estudiantes internacionales que contribuyen significativamente a la universidad y a su misión. Sin sus estudiantes internacionales, Harvard no es Harvard”, recoge la demanda, que acusaba a la Casa Blanca de tomar represalias contra el centro “por ejercer sus derechos de la Primera Enmienda para controlar su gobernanza, currículo y la ‘ideología’ de su profesorado y estudiantes”.
Harvard consiguió salvar la primera bola de partido, y en tiempo récord. Menos de 24 horas después de la orden de Noem, la jueza del tribunal de distrito de Massachusetts, Allison Burroughs, suspendió temporalmente la medida.
La magistrada –formada, por cierto, en la misma universidad de la Ivy League que Trump– coincidió con el rector en apreciar “daños inmediatos e irreparables” en caso de que el centro acatara la orden del Gobierno federal.
El daño ya está hecho
Los daños a la institución educativa más prestigiosa del mundo ya están hechos, de todos modos. “Los estadounidenses que dicen ‘los estudiantes extranjeros en Harvard realmente no deberían preocuparse porque esta revocación de visas seguramente será bloqueada’ no entienden nada. No se trata de si Trump deportará o no a los estudiantes extranjeros. Se trata de la incertidumbre inherente que esto genera. ¿Por qué querrías asistir a una institución de educación superior en un país sin continuidad, coherencia ni debido proceso?”, se preguntaba, en este sentido, Brian Lucey, profesor de Finanzas Internacionales y Materias Primas en la Universidad de Stirling, en Escocia.
“La educación superior estadounidense es excelente, pero también lo es la china, la europea, etcétera. Cualquier estudiante internacional que esté considerando ir a Estados Unidos realmente necesita pensarlo dos veces, lo cual, por supuesto, es exactamente lo que ellos quieren”, añadía el docente en su publicación de LinkedIn.
De momento, pese a la paralización de la orden, sigue reinando la incertidumbre en Harvard. Ni siquiera la Casa Real de Bélgica sabe a ciencia cierta si la princesa Isabel, heredera al trono, podrá finalizar el máster de dos años en Políticas Públicas que cursa en la Harvard Kennedy School. La futura reina de Bélgica, de 23 años, comenzó sus estudios el pasado mes de septiembre después de completar su licenciatura en Historia y Política en el Lincoln College de Oxford.
La Casa Real belga mantiene el perfil bajo a expensas de lo que pueda suceder. “La princesa Isabel acaba de completar su primer año. El impacto de la decisión [de la Administración Trump] sólo se aclarará en los próximos días o semanas. Actualmente estamos investigando la situación”, expresó el portavoz de la familia real, Lore Vandoorne, antes del pronunciamiento de la jueza federal de Boston.
El alemán Michael Gritzbach, candidato al máster de Administración Pública en Harvard, traslada a este periódico que, en el medio plazo, “el talento de alto nivel lo pensará dos veces antes de postularse. Estados Unidos combina ahora el coste educativo más alto con un riesgo de visa impredecible”. Gritzbach vaticina, en este sentido, que “países como China, Canadá y la Unión Europea atraerán a ese talento en su lugar”.
Estados Unidos no solo perderá su liderazgo mundial en investigación, dice, sino que además lo hará “en motores clave de innovación, soft power y redes globales”.
El consejo de Gritzbach para los estudiantes europeos es cristalino: “Por el momento, mantener la calma y seguir adelante: la razón está de nuestro lado. A largo plazo: debemos ayudar a hacer de Europa una alternativa, para poder apoyar a quienes no se sientan seguros en Estados Unidos en el futuro”.
Las repercusiones económicas para Harvard son, sin duda, importantes. Aunque, cuando hablamos de Harvard, hablamos de la universidad más rica del mundo. El fondo de dotación de la institución académica alcanza los 50.000 millones de dólares, una cifra que supera el PIB de casi 100 países.
Tiene herramientas de sobra para defenderse, incluidas las legales, como quedó demostrado este viernes. Además, en última instancia, cuatro de los nueve jueces del Tribunal Supremo de Estados Unidos estudiaron en la Facultad de Derecho de Harvard. No obstante, como apunta Gritzbach, el daño principal lo pueden infligir las universidades extranjeras con capacidad de capitalizar la fuga del alumnado de Harvard.
La primera institución educativa en dar el paso fue la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong, que ofreció este viernes a los estudiantes internacionales de Harvard una admisión “incondicional” que, según el centro, aplica tanto para los estudiantes extranjeros actualmente matriculados como para aquellos que tienen ofertas confirmadas de Harvard. El objetivo, dice, es “fomentar un entorno de aprendizaje diverso y de clase mundial”. Algo que Trump no quiere para Harvard.
