La Fiscalía Anticorrupción ha pedido a la magistrada que investiga las obras en el antiguo edificio de Bomberos de la plaza Séneca de Alicante que procese a la concejala de Empleo y Fomento de Alicante, Mari Carmen de España (PP), y al técnico que fue gerente de la Agencia de Desarrollo Local (Aldes) cuando se tramitó el proyecto. El Ministerio Público sostiene que ambos pudieron cometer un delito de prevaricación urbanística al tratar de eludir el control de los técnicos para instalar el Centro de Inteligencia del Agua en la edificación de titularidad municipal, a sabiendas de que ese uso administrativo era incompatible con el de equipamiento docente previsto en el Plan General.
El fiscal ha pedido además el sobreseimiento de la causa para el resto, hasta siete investigados, al no ver indicios de que hayan cometido ningún tipo de infracción penal. Entre ellos se encuentran el que fuera concejal de Urbanismo en la anterior corporación, Adrián Santos Pérez, así como técnicos municipales y personal de la empresa que gestiona el ciclo hídrico de la ciudad.
El juzgado investiga las presuntas irregularidades en las obras del Centro de Inteligencia de Agua, un proyecto con un presupuesto cercano al medio millón de euros, vinculado a Alicante Futura y que se encuentra paralizado a expensas del resultado de la investigación. El edificio de la calle Italia, pese a haber acogido las instalaciones de los bomberos, está catalogado en el PGOU de 1987, todavía vigente, como «equipamiento docente», lo que impide acometer una obra que no sea para darle ese uso. Un informe del Departamento de Control de Obras del Ayuntamiento de Alicante consideró «no apto» este espacio para el fin escogido y fue desoído.
Además de ese informe, Aguas de Alicante llegó a pedir licencia para llevar a cabo las obras, pero desistió de ambos después de que se emitiera ese dictamen negativo.
«Existía una voluntad política predeterminada en la concejal De España para instalar el Centro de Inteligencia del Agua en la edificación de titularidad municipal (…) y ello aunque para conseguirlo fuera necesario vulnerar la ley y sin que el técnico que emitió los informes preceptivos reparara, como era su obligación, el comportamiento del responsable político», asegura el fiscal en el escrito presentado ante el juzgado.
Para el Ministerio Público «no se trata de una mera ilegalidad. Desde el propio Ayuntamiento y por los investigados implicados se conocía el carácter ilegal del proyecto al ser incompatible con lo que se pretendía llevar a cabo», asevera, a lo que añade que «pese a ello y a que era posible iniciar los trámites de modificación del PGOU, no se instó por los acusados«.
Al contrario, lo que hicieron fue iniciar el proceso de adscripción de ese suelo a la Aldes y la firma de un convenio de colaboración que, a juicio de la Fiscalía, «no puede ser considerado un título habilitante para comenzar las obras». Ese acuerdo con la promotora se firmó «omitiendo la supervisión de los servicios técnicos municipales y silenciando el estudio de las vertientes urbanísticas del proyecto», argumenta. Con ello, los investigados provocaron que «la Junta de Gobierno Local aprobara unos proyectos cuyas obras llevaban ya ejecutándose por lo menos tres meses«.
Acta de replanteo
El Ministerio Público relata que la empresa adjudicataria comenzó «a ejecutar las obras a mediados o finales del mes de abril del año 2023 sin título habilitante, extremo que es conocido por todas las partes implicadas dado que era público y notorio y de ello queda constancia en el expediente a través de las tres primeras certificaciones de obra». Según el informe del fiscal, el acta de replanteo se firmó el 13 de julio de 2023, tres meses después de que hubieran comenzado esas obras. Luego la promotora comenzó los trabajos «cuando aún no ha sido incorporada como beneficiarla del acuerdo de adscripción de uso» y se adjudican cuando «no existe convenio de colaboración ni se ha aprobado el proyecto».
Tampoco considera la Fiscalía que se hubiera producido ante la Conselleria de Educación el proceso para la desafección de ese suelo docente. Recuerda que la Generalitat no contestó hasta el 3 de agosto de 2023, cuando los proyectos fueron aprobados dos semanas antes, el 18 de julio. Del mismo modo, sobre la presencia de otras dependencias municipales en el mismo inmueble, recuerda el fiscal que se encontraban allí con anterioridad a la aprobación del Plan General.
También rechaza el argumento de que las obras fueran provisionales, como se argumentaba desde las defensas, «el carácter temporal del convenio no exonera de las irregularidades«, al tiempo que por la cuantía (cerca del medio millón) y la naturaleza de los trabajos son «incompatibles» con esa temporalidad.
Sobre la mesa de la magistrada hay ya varios escritos de las defensas solicitando el sobreseimiento de toda la causa. Ahora la jueza debe decidir si continúa las pesquisas con los dos investigados pedida por Anticorrupción o si por el contrario cierra el caso.
En caso de continuar, y de que no se pidan nuevas pruebas, el siguiente paso sería dictar el pase a procedimiento abreviado, lo que equivale al procesamiento, donde el fiscal y la acusación particular ejercida por los socialistas, que también han presentado su escrito, concretarían qué penas solicitan así como la apertura del juicio oral para los dos investigados.
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