El juicio por la muerte de Maradona ha tenido un nuevo episodio dantesco después de que Patricio Ferrari, uno de los fiscales generales a cargo de la acusación pública, solicitara la suspensión de la vista por la gravedad institucional que implica la investigación abierta sobre la magistrada Julieta Mackintach, acusada de haber realizado presuntas negociaciones con productoras audiovisuales para la grabación de un documental.
Las cuestiones argumentadas por la acusación están vinculadas con la presencia de al menos tres personas que quedaron registradas en una grabación de la Corte Suprema de Justicia de Buenos Aires en la primera audiencia del debate.
Según el diario argentino Clarín, «en las imágenes se observa cómo una de las personas tomó una cámara tipo reflex y comienza a filmar. El acto fue alertado por una mujer policía que custodia la sala. Luego de detener la filmación unos minutos, regresa a tomar registro».
La denuncia del fiscal fue admitida a trámite y el juicio se ha suspendido durante una semana «por acusación de parcialidad». Maximiliano Savarino, presidente del tribunal, comunicó que, por unanimidad, «el debate va a continuar el martes que viene, entendemos que es un plazo razonable».
La denuncia fue presentada por los abogados representantes de las hijas de Maradona, Dalma y Gianinna, además de Verónica Ojeda, madre del hijo pequeño del astro argentino.
En ella se pide investigar la posible existencia de «gestiones, coordinaciones o negociaciones con productoras audiovisuales relacionadas con el juicio oral en curso, sin conocimiento ni consentimiento alguno de las partes intervinientes pudiéndose vulnerar principios esenciales del proceso penal».
La defensa de la acusada
Julieta Mackintach forma parte de un tribunal principal compuesto únicamente por dos jueces titulares: Maximiliano Savarino y Verónica Di Tommaso. La participación de Mackintach en el caso introduce un elemento particular en la estructura del tribunal, y la denuncia sobre su conducta abre un foco de conflicto institucional.
La magistrada entendió «la zozobra de todos, pero estoy convencida de mi imparcialidad y no hay sospechas que puedan comprometer mi honor ni prestigio. Para denunciar a un juez hay que tener motivos serios y fundados porque las instituciones están en juego y la trayectoria también».
Maradona durante uno de sus pasos por el hospital
Tras incidir en la necesidad de la existencia de las pruebas y las razones para fundar la denuncia, la magistrada se mostró contundente con las consecuencias que conllevaría en el esclarecimiento de la muerte de Maradona: «En caso de que haya algo que esté en peligro, quizás sea yo la que me aparte», concluyó.
Uno de los argumentos más sólidos dentro de las partes fue el del abogado Nicolás D’Albora, defensor de Nancy Forlini (psiquiatra de Maradona), quien consideró que «si hay que apartar a la jueza Makintach, este debate se cae y queda nulo porque no hay forma de rescatar la validez de actos procesales, la oralidad. Hay que ser franco con los medios de comunicación, con las víctimas y los propios imputados. No descarto la recusación, pero en estas condiciones no puedo hacerlo», sostuvo el letrado.
La muerte de Maradona
Además de Forlini, el enfermero Ricardo Almirón y Mariano Perroni, coordinador de los enfermeros que atendieron a Maradona durante su internación domiciliaria, son juzgados en este proceso el psicólogo Carlos Díaz, la psiquiatra Agustina Cosachov y el médico de cabecera del ‘Pelusa’, Leopoldo Luque. La enfermera Gisela Madrid también está procesada, pero enfrentará un juicio por jurados, tal y como solicitó.
El tribunal deberá determinar si los siete acusados son culpables de homicidio simple con dolo eventual, un delito que tiene una pena máxima de 25 años de prisión.
