La administración regional de Valencia ha validado a su departamento legal para plantear una disputa legal contra la redistribución de menores inmigrantes. Estos menores llegan sin acompañante desde las Islas Canarias, por lo que desde Valencia alegan que esto viola sus competencias exclusivas.
El consejo regional acordó este paso el martes, objetando el Real Decreto-Ley 2/2025, aprobado el 18 de marzo, que implementa medidas de emergencia para salvaguardar el bienestar de niños y jóvenes en medio de circunstancias migratorias excepcionales.
Este movimiento «viola» el principio de cooperación
Según informa la agencia EFE, el Gobierno valenciano apela contra este decreto porque cree que transgrede sus competencias exclusivas en la asistencia social y protección de los menores migrantes. Además, también consideran que viola el principio de cooperación y lealtad, y autonomía financiera. La ley contempla la traslación de menores inmigrantes no acompañados de áreas con recursos limitados, como Ceuta o Canarias, a otras regiones autónomas como la Comunidad Valenciana.
El consenso dentro del Gobierno valenciano indica que el decreto viola los códigos legales de asistencia social y protección de estos menores migrantes. De igual forma, el texto subraya que la ley infringe el principio de autonomía financiera y contraviene los principios de cooperación y lealtad constitucional..
Las competencias tienen que ser compartidas
Por otro lado, el Gobierno valenciano argumenta que las políticas migratorias tienen que ser compartidas y no pueden recaer exclusivamente en determinadas comunidades. Es por esto que solicita una revisión y una reformulación equitativa del sistema, que asegure el cumplimiento de los derechos de los menores y el sostenimiento adecuado de los servicios básicos.
Además, se critica enfáticamente la falta de conversaciones o negociaciones previas para la aprobación de esta medida. Los representantes valencianos alegan que el Gobierno central no los consultó ni tomó en cuenta su posición y capacidades antes de decidir el reparto.
Esta falta de colaboración con las autoridades locales enfada al gobierno valenciano como una violación del principio de cooperación y lealtad intergubernamental.
