La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dado este lunes un paso más contra la okupación en la región, anunciando nuevas medidas para la protección de los propietarios de viviendas okupadas.
Así las cosas, la líder regional ha explicado que a las actuales ayudas económicas y fiscales, la región ofrecerá asesoramiento judicial gratuito, asistencia especializada y atención psicológica para las víctimas de ‘okupación’ en la región.
Ese asesoramiento jurídico gratuito por parte de los abogados de los colegios de Madrid y de Alcalá de Henares se podrá recibir de manera inmediata y gratuita. Una medida que se suma además a ofrecer atención psicológica gratuita por parte de la Red de Oficinas de Asistencia a Víctimas del Delito de la Comunidad de Madrid, donde se pondrá especial atención a personas de mayor vulnerabilidad.
Ayuso ha asegurado que, por ejemplo, esta ayuda psicológica es especialmente relevante por el tipo de perfil que sufre estas okupaciones. En su mayoría, personas con una edad avanzada «que se compraron una casa para poder tener un colchón y unos ahorros» o mujeres solas.
«La mayoría de las víctimas son pequeños propietarios. Nos venden que los que tienen dos o tres viviendas son ricos y no merecen los mismos derechos, pero no es así. Casi la mitad de los propietarios de esa segunda vivienda son mayores de 65 años que, con la renta del alquiler, pueden completar sus pensiones o afrontar con mayor desahogo su jubilación», ha argumentado Ayuso.
Así las cosas y frente a la «gran estafa» de la ley de Vivienda de Pedro Sánchez «que empobrece a personas con renta media que se ven despojados de su casa», Ayuso ha asegurado que la región seguirá «defendiendo a los propietarios».
Según datos de la Comunidad, se estima que en la región hay ahora mismo más de 9.000 casas ‘okupadas’. «Y aunque la Comunidad de Madrid carece de las competencias suficientes para solucionar definitivamente esta lacra, no vamos a ponernos de perfil».
Estas medidas se suman a otras como el 112 Okupación, un teléfono de atención gratuita e inmediata puesto en marcha para parar okupaciones o las ayudas directas a los propietarios.
Entre esas partidas económicas, Ayuso ha informado de que hasta la fecha la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras ha abonado más de dos millones de euros en ayudas para arrendadores afectados por situaciones de impago o bien por ser víctimas de ‘okupación’ de sus viviendas.
Dos años de la Ley de Vivienda
Durante la firma con los decanos de los colegios de abogados y procuradores de un protocolo de actuación frente a la okupación ilegal de las viviendas, Ayuso ha realizado una valoración de la Ley de Vivienda de Pedro Sánchez, que lleva dos años en vigor.
Así, ha asegurado que desde entonces España «ha perdido 120.000 alquileres» y «arrendar una casa cuesta hoy un 26% más que antes de la norma». «Porque, cuando se llevan a políticas bolivarianas sin ley, son lo mismo siempre: apagones, escasez, mercado negro, huida de empresas, infiernos fiscales», ha asegurado.
La presidenta de la Comunidad de Madrid también ha avisado de que con este tipo de normas se «normaliza el crimen y se criminaliza la vida normal».
