Naval Azul es el nombre que Gijón le ha puesto a ese futuro espacio de El Natahoyo donde muchos gijoneses podrán ir a trabajar a empresas vinculadas a la economía azul y todos los demás podrán ir a dar un paseo mirando el mar o comer en un restaurante y los turistas alojarse en un hotel. Pero para que Naval Azul cobre vida tiene que morir Naval Gijón y aunque hace más de quince años que el astillero cerró sus puertas en pie sigue su edificio y, sobre todo, el conflicto. Nada bueno para Naval Azul.
Los enfrentamientos que alrededor de ese astillero tuvieron lugar en su día en las calles del barrio entre trabajadores y policías –en un lucha sindical que hasta dio para inspirar una película con Javier Bardem de cabeza de cartel– se han retomado ahora en los despachos en un más que inusual enfrentamiento entre el Ayuntamiento de Gijón y la Autoridad Portuaria de la ciudad. Ambas se disputan una franja de suelo de poco más de 3.8000 metros cuadrados. Poco terreno para una pelea con semejantes colosos.
La historia fecha en 2009 el cierre del astillero. ¿Qué ha pasado desde entonces y hasta ahora en la transición de Naval Gijón a Naval Azul y en esa franja sobre la que se batalla? En mayo de 2010 la Autoridad Portuaria solicita la desafectación de la zona correspondiente a la concesión que se había dado al astillero en 1988. Una desafectación del dominio público portuario estatal que el Ministerio de Fomento acabó aprobando en abril de 2014 al entender que ese espacio era innecesario para los fines portuarios. Los terrenos desafectados pasaron al patrimonio de la Autoridad Portuaria.
De izquierda a derecha, Inmaculada Fernández Gancedo, secretaria general del Ayuntamiento; Carmen Moriyón, alcaldesa de Gijón; José Antonio Santano, secretario de Estado de Transportes; Laureano Lourido, entonces presidente del Puerto, y el notario Clemente Vázquez, en la firma de la compraventa de Naval Gijón en el Ayuntamiento. / Marcos León
Subastas desiertas
En 2017 el Puerto saca a subasta sus terrenos de Naval Gijón. La subasta queda desierta. Igual que cuando se volvió a sacar en 2019. Un 2019 que es el año de aprobación en el Pleno del Plan General de Ordenación (PGO), una de cuyas fichas más importantes, y debatidas entre los partidos, es la que lleva el nombre de «Naval Gijón» a desarrollar mediante un plan especial de reforma interior.
La ficha plantea una actuación sobre una superficie bruta de 60.085 metros cuadrados con el objetivo de «transformar el espacio industrial una vez desalojado a otros usos y a otra imagen para convertirlo en el motor del cambio para el barrio de El Natahoyo, incluso, para toda la ciudad ante la inevitable tendencia de extender el centro urbano por la costa y hacia las nuevas estaciones». Un 80% se dedicaría a usos productivos vinculados a la economía azul. Y como usos complementarios en las plantas bajas de los edificios el espacio se abre a la hotelería, hostelería, ocio, comercio… Nada de viviendas.
En el año 2023 se incorpora al Plan de empresa del Puerto la opción de venta de su parte de Naval Gijón –hay otra parte que es propiedad de Pequeños y Medianos Astilleros en Reconversión (Pymar)– y en enero de 2024 la Alcaldesa de Gijón formaliza por escrito su interés en ese ámbito. Ese 30 de enero comienza este último tramo de la historia que acabó enredándose un año después. Si aquel enero el Ayuntamiento avisa de que quiere comprar, en marzo el Puerto le explica las condiciones y el precio. La tasación es de 4.647.877,04 euros. Un dinero que conlleva la compraventa de 35.000 metros cuadrados para esa nueva trama empresarial y la cesión gratuita de 3.848 como paseo público.
A partir de esos datos se sigue una compleja tramitación que en el caso del Ayuntamiento conlleva acuerdos de Alcaldía, de Junta de Gobierno y del Pleno y, en el caso del Puerto, salta del consejo de administración de la Autoridad Portuaria a Puertos del Estado, la Intervención General del Estado y Patrimonio del Estado. El 12 de diciembre, en un gran acto en el Ayuntamiento que tuvo como invitado central al secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, se firma la escritura ante notario y la alcaldesa Carmen Moriyón entrega el cheque al presidente portuario, Laureano Lourido.
La presidenta del Puerto, Nieves Roqueñí, a la derecha, en su reciente reunión con vecinos de la zona oeste para hablar de Naval. / Marcos León
Camino del juzgado
En el momento de esa firma y esa entrega de los millones el expediente de la compra se había completado. Al de la cesión le faltaba un último informe favorable de Patrimonio, que llegó en febrero de 2025, y la aprobación definitiva por el consejo del Puerto. Hay que tener en cuenta que aunque el Ayuntamiento lo resolvió todo en un expediente único, el Puerto lo hizo en dos.
Esa aprobación final no ha llegado. La nueva presidenta –la socialista Nieves Roqueñí llegó en febrero– entiende que es otro el marco normativo que debe definir esa cesión y que, en todo caso, la titularidad debe reservársela el Puerto. Roqueñí ha ofrecido al Ayuntamiento un convenio a firmar fijando las condiciones de ese nuevo marco. El Ayuntamiento, con Moriyón a la cabeza y el apoyo explícito de la Corporación, excepto el PSOE, considera que ya hay un acuerdo firmado y exige cumplirlo. Una exigencia que ya ha notificado al Puerto: o entrega el suelo o se verán en los tribunales.
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