El Gobierno prevé retomar la celebración del debate sobre el estado de la nación este año. Fuentes de Moncloa avanzan la intención de convocarlo y apuntan para ello al último cuatrimestre. Una decisión que las mismas fuentes desligan de los tiempos para la tramitación de una reforma del reglamento de la Cámara en la que el Ejecutivo propuso, dentro del su plan de regeneración democrática, establecer la obligación de celebrar anualmente este debate. Los populares se adelantaron y promovieron una iniciativa propia en este sentido que el pasado mes de abril contó con los votos a favor tanto de PSOE como de Sumar.
A pesar de que este debate de política general no cuenta con una reglamentación expresa, se celebró interrumpidamente desde 1983, con Felipe González al frente del Gobierno, hasta el año 2015, a excepción de periodos electorales. Con Pedro Sánchez en La Moncloa, solo se ha celebrado uno de estos debate. En julio de 2022.
En el Ejecutivo se respondía a esta animadversión justificando que Sánchez es el presidente que más veces comparece en sede parlamentaria a petición propia. Ahora, el denominado Plan de Acción por la Democracia promovido por el propio Gobierno se aboga por su reglamentación “para dar estabilidad a este mecanismo de transparencia y rendición de cuentas del Gobierno” con carácter anual. La propuesta de los conservadores, por su parte, determina que se deberá convocar «con periodicidad anual, excepto los años que se celebren elecciones generales» y que el Gobierno deberá informar al final del año de las actuaciones realizadas para «dar cumplimiento de las resoluciones» que apruebe la Cámara Baja durante estos debates.
El Ejecutivo busca cumplir también con el reglamento de la Conferencia de Presidentes, que en este caso marca dos reuniones anuales. Sin embargo, estuvo congelada más de dos años y medio, hasta la celebrada el diciembre del pasado año en Santander. En el Gobierno se justificó por la convocatoria de elecciones generales y el posterior ciclo electoral con comicios autonómicos y europeas. Un retraso por el que diferentes gobiernos autonómicos del PP presentaron recursos contenciosos administrativos al Tribunal Supremo.
La siguiente cita del órgano multilateral con las comunidades autónomas se ha convocado para el próximo 6 de junio en Barcelona, para cumplir el carácter semestral del reglamento. El problema de la vivienda y la formación superior y profesional, en un contexto en el que el Ejecutivo ha endurecido la normativa para la creación de centros privados, son las dos cuestiones que desde la Presidencia del Gobierno se dará traslado a las comunidades autónomas. No obstante, y siguiendo el procedimiento, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, convocará una reunión del comité preparatorio el día 28 de mayo, tras la cual se cerrará el orden del día definitivo.
En Moncloa son conscientes de que el PP intentará introducir algún tema en el orden del día, debido a su presión porque la mayoría de los presidentes autonómicos son de la formación que encabeza Alberto Núñez Feijóo. Reglamento en mano, una mayoría de comunidades pueden proponer asuntos para el debate si lo solicitan conjuntamente. El reglamento también permite influir en el orden del día al Senado, que está bajo el control del PP con mayoría absoluta.
Margen para el acuerdo
De celebrase el debate sobre el estado de la nación en el último cuatrimestre del año, se hará afrontando la segunda mitad de la legislatura y con las elecciones de Castilla y León y Andalucía en el horizonte electoral más próximo. Las primeras están previstas para febrero de 2026 y las segundas a mediados del próximo año.
Un contexto menos favorable para los acuerdos, además de que el PP pretende situarse en modo electoral tras su congreso nacional de julio, con la tesis de estar preparados ante un eventual adelanto electoral. Durante el último debate de política general, en la anterior legislatura, el jefe del Ejecutivo aprovechó para realizar varios anuncios en política económica que todavía siguen en marcha, como las bonificaciones al transporte.
En las propuestas de resolución incluso hubo margen para el acuerdo entre PP y PSOE. Ambas formaciones consensuaron entonces un texto para comprometer el incremento del gasto militar, algo que ahora parece imposible tras el choque por llevarse al Congreso el plan de inversiones en defensa.
