El gobierno municipal ha descartado ejercer el derecho de tanteo y retracto sobre diez edificios en 2024 y lo que va de 2025. En total, los diez bloques suman unas 450 viviendas. En buena parte de los casos, el criterio empleado para rechazar la compra preferente es el elevado precio de mercado, superior al límite establecido a partir del decreto regulador de las viviendas de protección pública en la Comunitat Valenciana.
El último edificio ofrecido al ayuntamiento es un bloque residencial ubicado en el número 22 de la calle San Jacinto, en el barrio de la Petxina. El edificio pertenece a un fondo de inversión francés con múltiples propiedades en València. Tras años de expulsión silenciosa de los inquilinos, en medio de la tramitación de una nueva licencia para convertirlo en residencia de estudiantes, el proyecto ha acabado en la oficina de Urbanismo, que ha descartado ejercer el derecho de tanteo porque incumple tres criterios de valoración.
El primero y más importante, el precio de adquisición sería de 5.550.000 euros sobre una superficie total de 2.034 metros cuadrados. En ayuntamiento marca un precio máximo de 1.530 euros por metro cuadrado -con un incremento del 20 % en viviendas «extraordinarias»-. Esto es casi la mitad del precio medio de mercado, y una cifra muy inferior a los 2.917 euros/m2 que costarían estas viviendas. Es decir, 262.000 euros por pisos de unos 90 metros. Los otros cinco criterios valorados por la concejalía de Urbanismo son: estar en suelo urbano (cumple), pisos 1 a 6 con ascensor (cumple), antigüedad inferior a 60 años (no cumple), tiene IEE realizado en 2016 (cumple) y viviendas inferiores a 120 metros (no cumple).
El resto de edificios rechazadas por el ejecutivo de PP y Vox también superan el tope de los 1.530 euros por metro cuadrado (1.863 con el incremento del 20%). Dos de ellos están situados en la calle Turia y pertenecen al mismo fondo francés, que en 2021 desahució a 16 familias. El precio para adquirir estas viviendas es de 6.853 euros el metro cuadrado -más de 600.000 euros los pisos de 90 metros cuadrados-, sin duda el más elevado de todos los que han pasado por la concejalía de Urbanismo.
El edificio de la Petxina rechazado por el ayuntamiento / Francisco Calabuig
El resto de bloques descartados tienen tipologías distintas. En avenida de Francia 95 se levanta un edificio de obra nueva con 104 viviendas propiedad de Kronos y Nuveen Real Estate y «adaptada a los nuevos modos de habitar, como el nomadismo digital». Su coste es de 2.526 euros/metro2. En el número 79 de la misma avenida se levanta un edificio de 151 viviendas también Stay by Kronos, con características y precio similar. Y en Juan Verdeguer 6 las promotoras han desarrollado un tercer inmueble con 60 viviendas. En total son más de 300 viviendas construidas para alquilar cuyo precio medio se sitúa entre los 1100 y 1200 euros.
Finalmente, en el listado de edificios rechazos aparecen tres promociones más: un bloque en calle Reina 24 (tiene más de 60 años); una promoción comprada por Primevest Capital Partners, fondo de Países Bajos, ubicada en la Marina de Valencia y compuesta por 90 viviendas repartidas en 2 edificios; y un hotel ubicado en el número 20 de Félix Pizcueta.
El ejercicio de este derecho en la ciudad de València lleva meses siendo objeto de debate por los diferentes grupos municipales. A finales de febrero, los socialistas plantearon una moción solicitando que el ayuntamiento actualice los pecios tope y que estos no puedan estar por debajo del módulo fijado para la VPP, pidieron aplicar un coeficiente que aumente el límite para edificios de más de 50 viviendas, y reclamaron eliminar el tipo de edad de los edificios sobre los que se ejerce el derecho. El concejal de Urbanismo, Juan Giner, respondió con una alternativa donde decía: «Que el Servicio de Vivienda, en base a los parámetros orientativos, valore caso a caso o incluso barrio a barrio, la adquisición de edificios que, con independencia de su antigüedad o tamaño, den la máxima respuesta a la necesidad vecinales».
También Compromís preguntó por el tanteo y retracto y obtuvo una respuesta similar. Al respecto, el valencianista Ferran Puchades lamenta que los criterios de valoración «solo permiten comprar en el extrarradio, reforzando la idea de que la vivienda pública es para los desarrapados. Sin embargo, la realidad es que el problema de la vivienda afecta a grandes capas de la población, también en el centro». Desde la oposición consideran que no ejercer el derecho en determinadas fincas significa perder «oportunidades políticas» y ponerle la alfombra roja a los fondos de inversión, y señalan como los edificios adquiridos por Barcelona en zonas nobles: el último, un bloque de 10 viviendas en la calle València por 4,8 millones.
